Reapareció finalmente David Monreal Ávila después de una gira por la Ciudad de México, no muy saturada en gestiones que digamos. Habiendo encargado el “gobierno” (así le dicen) a Rodrigo Reyes Mugüerza en aquella reunión de gabinete del pasado 3 de marzo, le vinieron días de introspección (es un supuesto) y descanso en la capital del país.
La novedad es que calificó una serie de amparos que otorgaron suspensión provisional a las obras del viaducto elevado, que por sí mismas no cuentan con ningún tipo de permiso (tal cual se explicó en una entrega anterior), como una muestra de la “mezquindad” y la “maldad” de quienes “se anteponen (¿?) al desarrollo y el bienestar”.
Tal vez se refería a que se “contraponen” intereses. Aunque, para David el uso aleatorio de las palabras (aquello de los “ejes tractores”, es otro ejemplo) resulta un asunto tan disperso, que va en sintonía con su sexenio. Una defensa “argumentativa” (por llamarlo de alguna forma) que en nada tiene que ver con la realidad de la multimillonaria obra.
En estos momentos, el viaducto elevado debería encontrarse totalmente suspendido. Sin embargo, como a la nueva gobernanza no le vienen conque “la ley es la ley”, todavía este miércoles la Secretaría de Obras Públicas difundió un video publicitario con un mensaje de absoluto desacato a la orden de un juez federal.
Con la indiferencia y exención de responsabilidades que distingue a esta administración, José Luis de la Peña Alonso presumió que, aún y cuando carecen de cualquier visto bueno de las autoridades municipal y federal, el negocio ya apalabrado con Alejandro Calzada Prats y Pedro Haces Barba no hace caso a nimiedades legales.
Algún acomedido imaginó que sería buena idea promover la obra que acababan de poner en evidencia dos jueces federales. Por un lado, el segundo de distrito recibió informes justificados de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, con los que se certifica la ausencia de permisos de cualquier índole.
Mientras que el tercero de distrito de plano resolvió la suspensión provisional porque -a la fecha- no existen dictámenes, estudios, permisos, ni un proyecto ejecutivo sobre el destino de 3 mil 654 millones de pesos. Lo que implica que la empresa HYCSA/CATEM se encuentra en absoluta ilegalidad.
Si Calzada Prats estaba más preocupado por convencer a la sociedad zacatecana de que en la licitación del viaducto elevado “no hubo moches” de por medio, lo que viene para la empresa de Tabasco es un viacrucis jurídico que no es que haya descartado el consorcio que encubre la inversión millonaria de distintos políticos.
No obstante, como todo parecía marchar con el brazo impositivo de la nueva gobernanza, minimizaron el contexto local. Nunca estuvo en sus planes la detención de la obra por más de dos semanas, en manos del magisterio, con lo cual perdieron millones de pesos de inversión.
Y resulta difícil imaginar que un empresario como Alejandro Calzada haya otorgado visto bueno a ciertas “estrategias” de la Secretaría General de Gobierno, como llevar a un diminuto contingente de taxistas aliados del monrealismo, a “convencer” al magisterio de que paralizar los trabajos del segundo piso “atentaba contra la modernidad”.
También es cierto que en el debate público ha desaparecido otro elemento de trascendencia en esta coyuntura, como lo es la pausa en los trabajos del PLATABUS. No por una sentencia legal, sino porque el proyecto no inyectará más dinero sin antes haber concretado su razón de ser inicial: el segundo piso.
Como se difundió en este portal de investigación periodística, otra de las recurrentes mentiras que mencionó David Monreal fue la que hacía creer que el PLATABUS cubría una inversión cercana a los mil millones de pesos, cuando en realidad los contratos para la edificación de este ni siquiera rebasan los 300 millones en total.
Además, Luz Eugenia Pérez Haro, titular de SEDUVOT, dejó constancia de que era el ayuntamiento de Zacatecas la autoridad que tendría que otorgar los permisos de una obra estatal (incrustada en el proyecto MOBI), para mantener los trabajos que hoy se han reducido a su mínima expresión (sin detenerse), porque no son prioritarios.
Pero, para el estilo de “gobierno” que quiso imponer Rodrigo Reyes en los primeros días de su mandato por ausencia de David, lo importante se fijó en una reunión para amedrentar a cerca de 300 funcionarios de todas las dependencias a quienes pondrá en evaluación (si continúan o no en la nómina) en caso de que no interactúan en redes sociales para defender a su “gobernador”, ni difundir “sus logros”.
¿Para eso quiere los recursos que le llegan de la Ciudad de México con tal de levantar su “aspiración” electoral? Que disfrute sus dos años de mandatario “suplente”, porque su futuro político, así, no augura ni soporta grandes cambios.
#Casualidades: Al corte de esta columna, la tendencia electoral dentro del plebiscito del SPAUAZ mostraba los ánimos de la planilla docente por concluir la huelga en la Universidad Autónoma de Zacatecas.
Aunque en las últimas mesas de negociación el todavía rector se negaba a transigir con el sindicato que lidera Jenny González Arenas, fue el secretario general de la universidad, Ángel Román Gutiérrez, quien llenó ese vacío de poder.
El saldo del primer mes de huelga es que se identifican dos grupos con reconocimiento oficial, tanto en la parte administrativa como en la sindical. Jenny y Ángel mostraron que la universidad se encuentra viva, pese a las diferencias entre el patrón y las y los trabajadores.
Los acuerdos que se esperaban fluyeron de manera más activa en las últimas semanas, y tocaba a la parte docente buscar una ruta de conciliación sin que las distintas demandas del sindicato terminaran por romper su consenso.
Mientras que del lado administrativo, Ángel Román remó a contracorriente pues pocas veces contó con el visto bueno de Rubén Ibarra Reyes, quien se encuentra totalmente desentendido de su rectoría y en espera de la fuerte debacle que se le avecina.
Sin duda en la próxima elección universitaria para el cambio de rectoría y del consejo, Ibarra Reyes será un cero a la izquierda y un costal político excesivamente pesado para quien intente cargarlo. De tal magnitud que el mismo Román Gutiérrez prefirió en ocasiones prescindir de su visto bueno para alcanzar acuerdos con el SPAUAZ.