El departamento de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración vive momentos críticos. Desde que se dio a conocer en distintos medios de comunicación la millonaria liquidación de la extitular de la dependencia, Verónica Yvette Hernández López de Lara, el acoso laboral arreció contra la plantilla laboral.
A como dé lugar y contra quien sea, el grupo que arribó al despacho de la SAD con Maricarmen Salinas Flores lleva la encomienda de dar con los responsables de filtrar la información que Rodrigo Reyes Mugüerza quiso hacer pasar por “falsa”, a través de uno de sus acostumbrados videos en redes sociales.
Sin presentar pruebas de la presunta “falsificación” de datos oficiales, y sin darle la voz a Verónica Yvette (encargada de la nómina estatal durante tres años y medio), Rodrigo y Maricarmen se escudaron en un argumento tan falaz como la estrategia de contención que los obligaron a desplegar sin sustento y sin credibilidad.
Que, presuntamente, la información sobre las percepciones de la exsecretaria se trata de “datos personales” que se podrían consultar con ciertas excepciones, insistieron durante el pasado miércoles. Un verdadero “fake news” para atajar inútilmente dos hojas que contenían el desglose de más de 1.8 millones de pesos de liquidación.
Dos hojas que derrumbaron la narrativa insensata de una administración aferrada a ofender y humillar al magisterio, a los jubilados, a los burócratas, al sector salud, a los institutos autónomos, al Poder Judicial, y a todos cuantos soliciten recursos públicos en un sexenio que acapara el dinero para la gavilla de cómplices de Puebla del Palmar.
No sólo la información de las percepciones de Verónica Yvette por 1 millón 831 mil 643 pesos es absolutamente verídica (a tal grado que la profunda tensión en los pasillos de la SAD se ha tornado casi palpable), además representa una burla para más de 300 burócratas que hoy buscan apegarse a los programas de retiro voluntario.
Los últimos de los cuales ingresaron a un paquete de 26 solicitantes, a los que se les previno que por un promedio de 30 años de servicios la Secretaría de Administración se encontraba en condiciones de ofrecerles menos de 500 mil pesos por retiro voluntario firmado. Esa cantidad se reducía conforme al tiempo laborado.
Qué podría pensar el grueso de burócratas que vivieron en carne propia una ola de despidos injustificados, la cual encabezó Hernández López de Lara durante toda su estancia en el gabinete de la nueva gobernanza, al ver la enorme arbitrariedad de los millones que se embolsó su verdugo administrativo.
Qué podrían pensar los jubilados del ISSSTEZAC por las constantes negativas de pago de distintas prestaciones, pese a un raudal de amparos ganados en el Poder Judicial Federal. Qué sensación les dejaron esos datos al magisterio estatal a quienes se les niegan prestaciones (que en su mayoría inventó Ricardo Monreal Ávila).
Verónica Yvette tampoco debiera olvidar que formó parte activa de las decenas de “denuncias penales” que inició Ángel Manuel Muñoz Muro contra exfuncionarios del gobierno estatal, y que concluyeron en el ridículo mayúsculo del ahora “coordinador jurídico”. Ella participó en la integración de los informes de presunta responsabilidad administrativa. ¿Y nunca le advirtieron que se llenó de enemigos en todos los frentes?
Ese mismo hartazgo y descontento que se vive en Ciudad Administrativa, el cual ha acumulado tres años y medio de tratos humillantes, despectivos e indignos, es el mejor caldo de cultivo para que dos hojas oficiales con los datos de liquidación de la exsecretaria cayeran como bomba (no de gasolina ni de gas) en la opinión pública.
David Monreal Ávila no termina de asimilar que se ha dedicado a sembrar tormentas a diestra y siniestra, y que, como resultado, le tocará cosechar tempestades una y otra vez antes de que concluya su “gobierno” (así le dicen) y en años posteriores. Cada vez le queda menos vida a su conocido cinismo, mientras crece el tiempo de las traiciones.
Es tan sencillo de ver que no hay necesidad de falsificar la verdad inventando aquello de que la filtración de los datos reales de la liquidación de Verónica Yvette “sólo busca desinformar”. ¿O Rodrigo va a volver a amenazar a cientos de funcionarios en el auditorio del COZCyT? ¿Para eso les quitaron los celulares en aquella reunión?
Es tan sencillo de demostrar que Ruth Angélica Contreras Rodríguez únicamente necesita exhibir las transferencias bancarias realizadas a las cuentas de nómina de su excolega de gabinete. Claro, si es que Carlos Zúñiga Rivera le otorga el visto bueno “a nombre de David”. Aunque el exchofer no tenga ni la menor idea del tema, ni de finanzas públicas, es a quien ahora hay que consultarle ciertas decisiones de la SEFIN “por órdenes de arriba”.
A pulso la nueva gobernanza ha pavimentado su camino de obstáculos y sectores políticos resentidos y excluidos. Y si no lo creen que le pregunten a los posibles aspirantes a suceder a David en 2027, algunos de los cuales ya han tenido reuniones con secretarios de gabinete dispuestos a -literalmente- comprar inmunidad sexenal.
Pensaron en la nueva gobernanza que estos tiempos no llegarían, o que arribarían más tarde de lo deseado, cuando la realidad es que el hilo está por romperse. Por supuesto, la única que ríe a la distancia es aquella que dice Ricardo que no quiere de ninguna manera en la candidatura de Morena: su excuñada. Pero, ¿en realidad está haciendo algo para impedirlo?
#Casualidades: ¿Por qué iniciar una huelga en el seno universitario, y posteriormente una candidatura a la rectoría, cuando alguien tiene conocimiento de una probable orden de aprehensión en su contra?
Esa es la pregunta que a estas alturas debería de responder Jenny González Arenas, quien inició el juicio de amparo 1420/2024 en contra de la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas, por la medida cautelar que podría haberla puesto bajo custodia en cualquier momento.
Para ser más precisos, el 17 de febrero de 2025, el juez primero de distrito Rodolfo García Camacho (hoy en campaña), y su secretaria proyectista, Rocío Elena Benítez Bermúdez, llevaron a cabo la audiencia constitucional.
“No son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables antes precisadas [Juez de Control y FGJZ] toda vez que así lo indicaron al momento de rendir sus informes justificados. Máxime que la quejosa no desvirtuó tal negativa” fueron sus argumentos.
De tal manera que, en aquella fecha, el juez federal acordó el sobreseimiento del amparo 1420/2024 porque la medida cautelar no tenía el carácter de “futuro” e “inminente”, al menos en ese momento procesal.
Se trata de una denuncia en contra de González Arenas por la compra irregular de un edificio, realizada con fondos del SPAUAZ a través de un esquema de flujo de recursos que ahora es auscultado en la Dirección General de Policía de Investigación de la FGJZ.
Sin consultar a la base del sindicato, como ella misma lo expresó en distintas entrevistas en los medios oficiales de la nueva gobernanza (de los que hoy se queja), la compra de una bodega que hacía las veces de una tienda del ISSSTE fue la causa de que hoy mantenga un expediente legal abierto.
¿Qué dijo al respecto en su campaña y durante la huelga, la candidata que voltea al pasado para no mirar la crisis del presente? Esa en la que Jenny González se encuentra inmersa, y estaríamos por asistir a una elección que sirva de escudo de ¿una orden de aprehensión por cumplimentarse?