David Monreal Ávila sabía de antemano que el Ayuntamiento de Zacatecas tomaría una ruta distinta en cuanto al destino de las aportaciones municipales al ISSSTEZAC. Al inicio de la administración de Miguel Ángel Varela Pinedo la advertencia a José Ignacio Sánchez González se realizó desde muy temprano.
El director del Instituto tuvo conocimiento de que el gobierno capitalino declinaba firmar el convenio de retención de participaciones que enteraba directamente la nueva gobernanza a las arcas de “Nachito” Sánchez, a manera de resguardo de las aportaciones de las y los trabajadores para el sistema estatal de pensiones.
Por ley, en cada nueva administración municipal (debido a la autonomía misma del órgano de gobierno), el ejecutivo estatal está obligado a convenir -o no- la retención de esas participaciones. A través del Secretario de Gobierno, Erick Fabián Muñoz Román, el ISSSTEZAC supo de la negativa en el ayuntamiento de Zacatecas.
Desde el mes de octubre del 2024 se volvió inoperante el argumento de la presunta “defraudación fiscal”, denuncia que interpuso el director de un instituto de pensiones en la antesala de una quiebra técnica. No obstante, la estrategia mediática que le exigió David Monreal a “Nachito” únicamente servía como distractor.
Las desincorporaciones individuales iniciaron no precisamente con la nueva administración en la capital, sino que datan del 2020. Y quien ingenió dicha estrategia hoy se encuentra prófugo de la justicia, no precisamente por “defraudación fiscal”, sino por presunto homicidio.
El oficio 334/UJL/2020 corrobora dicha solicitud y lleva la firma de José Alejandro Zapata Castañeda, entonces tesorero de la administración municipal de Julio César Chávez Padilla. “Al ser una prestación convencional, de libre voluntad para los trabajadores, sí es válida y procedente su solicitud”, explicó el funcionario.
Empero, como organismo autónomo, el primero en plasmar una cláusula sobre desincorporaciones individuales a dicho sistema de pensiones fue Francisco José Murillo Ruiseco, en el convenio firmado en 2018 cuando la extinta Procuraduría pasa a conformar lo que hoy conocemos como Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas.
La Junta Ejecutiva del ISSSTEZAC nunca objetó dicha cláusula, que más adelante abriría la puerta para que Julio César Chávez Padilla buscara desincorporar a sus policías, pues la autonomía del municipio resultaba igual de inobjetable que la de la recién naciente Fiscalía de Justicia. Y de todo ello tuvo conocimiento el otrora Coordinador General de Ganadería.
Nunca objetaron dicha situación durante el quinquenio de Alejandro Tello Cristerna, como tampoco en el sexenio de David Monreal Ávila. Éste último guardó silencio sobre lo que ya realizaba su edil consentido en Guadalupe, y que afectaba directamente al ISSSTEZAC. El rasero político entonces quedó marcado para lo que vendría después.
Aunque Marisela Dimas Reveles aseguró a este espacio que las y los trabajadores de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas no han sido desincorporados del mismo régimen de pensiones, la información en los pasillos del Instituto, así como en el ayuntamiento capitalino, habla de lo contrario. Así quedó plasmado en la sesión de este jueves.
Es un buen momento entonces para que “Nachito” Sánchez, más allá de la escenificación mediática que le ordenó David Monreal realizar en la Fiscalía al denunciar presunta “evasión fiscal”, mejor dedique una conferencia de prensa para hablar de esta situación y la de otros 600 trabajadores de la FGJEZ que hace tiempo abandonaron al ISSSTEZAC.
¿Cuántas desincorporaciones hay, por ejemplo, al día de hoy en Guadalupe, otros municipios y organismos autónomos? Porque el tema de fondo no es “evadir al fisco”. La crisis de fondo que asoma, trata de cómo distintos entes públicos -al desincorporar a sus trabajadores- llevarían a una quiebra técnica del Instituto incluso este mismo año.
“Nacho” Sánchez debería explicar cómo la negativa del ayuntamiento capitalino para firmar el convenio de retención de participaciones para cuotas del ISSSTEZAC, y la consecuente merma en sus ingresos, le obligaron a detener el pago de prestaciones y aguinaldos a pensionados y jubilados del Instituto el pasado mes de diciembre.
Todo se trata de una avalancha que inevitablemente golpeará a la nueva gobernanza, pues tendrán que decidirse entre utilizar miles de millones de pesos para construir el viaducto elevado o rescatar al instituto de pensiones. Ese, y no otro, es el tema que más les preocupa tanto a Ignacio Sánchez como a David Monreal en estos momentos.
La pugna recién inicia, pues Varela Pinedo también ha advertido que el siguiente paso que dará el ayuntamiento será el de la municipalización del departamento de tránsito y vialidad. Por ende, la capital del estado será un territorio en donde los tentáculos de la Policía de Seguridad Vial no podrán intervenir. Ni sorpresas, ni sorprendidos… ¡y lo que falta!
#Casualidades: La nueva comisionada presidenta del IZAI inicia labores con una advertencia a los entes públicos, ya que este jueves concluyó el plazo para que las unidades de transparencia comiencen a cargar información del último trimestre.
En el tiempo de vida que aún le queda al Instituto de Transparencia en Zacatecas, Nubia Barrios Escamilla y Fabiola Torres Rodríguez mantendrán labores con normalidad, y vigilarán que los sujetos obligados no excedan los plazos legales.
A través de un comunicado oficial mencionaron que a partir de este viernes “cualquier ciudadano que considere que no se encuentra algún dato de octubre, noviembre y diciembre [del 2024] podrá denunciar” por omisión en sus registros electrónicos.
Una advertencia que deberían escuchar en la administración de Javier Torres Rodríguez, pues si la opinión pública conoció de los conflictos de interés en compras a proveedores relacionados con funcionarios, no fue por sus portales de transparencia.
Toda la información que dio a conocer el diputado Martín Álvarez Casio, al corte de esta columna, no se encontraba dada de alta en la Plataforma Nacional de Transparencia, ni en las páginas del gobierno municipal.
Aunque al inicio de su administración Javier Torres se comprometió con las y el comisionado del pleno del IZAI para llevar favorablemente los registros de transparencia, bastaron un par de semanas para demostrar todo lo contrario. Para entonces su campaña había terminado y ya era autoridad municipal, señal de que su palabra no tenía valor alguno.