El lunes 12 de mayo, cerca de las 11 de la mañana, concluyó la campaña extendida de Jenny González Arenas a la rectoría de la universidad. Un solo dato puso fin a la narrativa de la Secretaria General del SPAUAZ: desde el 23 de abril su defensa jurídica pudo acceder a la carpeta de investigación en su contra, y se negó a hacerlo.
Fue el día en que la indiciada nombró como representante legal a Federico Carlos Soto Acosta, académico de la Unidad de Derecho, agremiado sindical y simpatizante de la candidatura de su clienta. Por alguna razón en particular que sólo Jenny y Federico conocen, el abogado no solicitó copia del expediente por presunta administración fraudulenta.
Para esas fechas, González Arenas ya había tramitado dos amparos ante el Poder Judicial de la Federación. Uno el 11 de noviembre del 2024 por una presunta orden de aprehensión en su contra que le fue sobreseído, debido a que dicha orden “y/o comparecencia no puede considerarse ni como probable, ni como inminente”.
Así lo dimos a conocer en una entrega anterior, a razón del amparo 1420/2024. Luego, el 3 de abril del 2025, nuevamente la entonces Secretaria General del SPAUAZ ingresa otro amparo, el 790/2025, ahora para evitar “la expedición del oficio marcado con el número 215 de fecha 27 de marzo de 2025”.
Uno más, que no de la autoría de González Arenas, llegó por parte de Antonio Guzmán Fernández, de su mismo equipo. Es el 1412/2024, del 22 de noviembre del 2024, contra actos del Juez Primero de Control y Enjuiciamiento, Justicia Integral Para Adolescentes adscrito al Centro de Justicia Penal de Puente Grande, Jalisco.
Dicho amparo igualmente fue sobreseído bajo el mismo argumento que el 1420/2024 de Jenny González: “la orden de aprehensión y/o comparecencia no puede considerarse ni como probable, ni como inminente”. En ambos casos, queda claro, buscó atacarse presuntas órdenes de detención.
Sin embargo, de ninguno de estos tres amparos ha existido la voluntad de “transparencia” de sus promoventes que amerita el clima de judicialización de la elección universitaria, para conocer qué actos fueron los que iniciaron las medidas solicitadas ante el Poder Judicial de la Federación.
Lo que resulta irrefutable es que la defensa mediática de una denuncia fue el camino que optó la presunta responsable, hasta que la juez de control y enjuiciamiento abrió los datos que hasta ahora Jenny había mantenido en sigilo. Una ruta que pretendía caminar en paralelo a la narrativa de su candidatura.
Así informó el pasado jueves 8 de mayo, al cierre de su campaña, que tenía noticias “de que intentan activar el aparato institucional desde la Fiscalía para perjudicar esta campaña”. Calificó entonces que su planilla era “víctima de una amenaza institucional”. ¿Exactamente a qué noticias se refería?
Luego reconoció que el sábado 10 de mayo el ministerio público había acudido a su domicilio con la finalidad de hacer entrega de una notificación, probablemente la misma a la que llamó “amenaza institucional”. Esa notificación que dijo desconocer cuál era su contenido, al llegar a la audiencia inicial el día de ayer.
Pues bien, esta serie de actos y declaraciones no eran más que parte de una estrategia para dilatar el proceso legal en su contra (como se señaló en la audiencia), lo que motivó a la juez a declarar el diferimiento únicamente dos horas, ya que en todo momento (desde el 23 de abril) pudieron imponerse de la carpeta y no lo hicieron.
A decir de la estrategia para desviar la atención de la judicialización de dicha carpeta de investigación, en redes sociales inició una intensa campaña para promover el acceso a los archivos de la presunta administración fraudulenta en la compra de un edificio al ISSSTE que sirviera como sede de distintas actividades del SPAUAZ.
En esa narrativa se aseguró que no existió irregularidad alguna en la transacción que en total suma los 46 millones de pesos (obligando al endeudamiento de las cuentas del sindicato). Con todas las pruebas que respaldaba su presunción de inocencia, Federico le recomendó apegarse a las 144 horas para reiniciar la audiencia.
Lo que produjo otra paradoja en la narrativa de la candidata. No sólo la decisión de mantener en sigilo el procedimiento legal del que tuvo conocimiento aquel 23 de abril, sino que las pruebas que tenían para aminorar la acusación en su contra no eran del todo robustas, de lo contrario el plazo de 72 horas hubiera sido suficiente.
Ahora la audiencia de González Arenas deberá reiniciar el próximo sábado a las 10 horas, y en el inter intentar navegar las tensiones de la elección universitaria que se han llevado al extremo. A menos que esta elección sirva como una especie de laboratorio de lo que pueda ocurrir en 2027, de pronóstico reservado los resultados de este miércoles.
Por el momento, queda en manos de la presidencia del Consejo Universitario sesionar para poner en claro las condiciones en que se realizará la votación en urnas, y dar paso a la destitución de Rubén Ibarra Reyes como rector. Asimismo, ratificar al encargado del despacho de la rectoría y secretaría, esperando que el clima no se enrarezca todavía más.
#Casualidades: Qué mejor momento para que desaparezca de la agenda pública la millonaria liquidación de la exsecretaria de Administración, Verónica Yvette Hernández López de Lara. Ni mandado a hacer.
No es que una monumental crisis universitaria sea el escenario elegido para tal fin, pero vaya que les sirvió a los de la nueva gobernanza. La respuesta, sin embargo, es la misma: optar porque el tema desaparezca pues no hay cómo disolverlo, y además es necesario encubrir la cacería de funcionarios que continúa en la Secretaría de Administración.
De acuerdo con el cálculo de pago de liquidación que realizó el abogado Juan Esquivel, del despacho Studio Legale, en el mejor de los escenarios, Ruth Angélica Contreras Rodríguez debió disponer menos de 600 mil pesos para su excolega de gabinete, lo mismo que para Rodrigo Castañeda Miranda.
Eso en el caso del despido injustificado, que primero tendría que haber recorrido una ruta legal que considerara los supuestos por los cuales Verónica Yvette hubiera sido despedida, así como las actas administrativas que sustentaran dicha decisión.
Otra posibilidad sería el despido injustificado no al cien por ciento, con proporcionales, que reduce esa misma cantidad a 371 mil pesos. Y una más, su renuncia (que es el más probable) con proporcionales, apenas alcanzaba 65 mil pesos.
Dicha polémica llegó hasta la dirigencia estatal de Morena, donde aprovecharon para lucir su obsesiva e incoherente doctrina. Que la liquidación era falsa porque la información provenía de este columnista.
Rubén Flores Márquez de plano se lanzó al ruedo (después de leer algunos mensajes que llegaron a su celular) para lanzar adjetivos, sin tomar en cuenta que la millonaria liquidación ya había sido publicada anteriormente en otros medios.
Una vez saciadas sus ganas de desacreditar (con los rostros incómodos de Mariano Casas y Roxana Muñoz), pidió que, aún y con información falsa, Ernesto González Romo investigue esa liquidación. O sea, golpear al gabinete de su patrón por debajo del agua, aderezando su doctrina guinda con adjetivos silvestres. Vaya, vaya…