Contrario a lo que manejó ayer El Sol de Zacatecas en la columna de su editor, Gerardo de Ávila González, el empresariado local no está nada contento con la cancelación del viaducto elevado. No por la obra en sí misma, sino porque nada de aquel presupuesto por mil 500 millones de pesos se repartirá entre constructores del estado.
El Fideicomiso que respalda la asignación opaca de miles de millones de pesos no irá a obras de infraestructura básica, sino que, como acordaron Rodrigo Reyes Mugüerza, José Luis de la Peña Alonso y Alejandro Calzada Prats (dueño de Calzada Construcciones) los de HYCSA ahora se encargarán de remodelar una carretera.
Es la misma carretera que, como Agenda Política investigó desde 2022, ha recibido cientos de millones para empresas constructoras relacionadas con el diputado federal Ricardo Monreal Ávila. Se trata de la (segunda) remodelación de la autopista al vecino estado de Aguascalientes, en la que estaba metido el Grupo Constructor Plata.
El acuerdo de partes tiene como condicionante del constructor Calzada Prats obtener este beneficio a cambio de no denunciar al “gobierno” (así le dicen) de David Monreal Ávila por la próxima cancelación y rescisión contractual a HYCSA, en lo que tiene que ver con el “robo del siglo” en la capital zacatecana.
En efecto, tal cual lo anunció el editor de El Sol de Zacatecas (curioso que la nueva gobernanza lo haya difundido en ese diario), restan semanas para que la nueva gobernanza presente públicamente el desistimiento de la obra y el inicio del trazo de una “nueva” autopista de cuatro carriles a Aguascalientes.
Esto implica que ahora sí exista supervisión inmediata y constante de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en el proyecto próximo a estrenarse, como garantía de que la obra tendrá un plazo de ejecución que supere los dos años restantes de “administración” de un muy desgastado David Monreal.
Voces al interior del gabinete, durante la última visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a Zacatecas mencionaron que, a manera de “sugerencia”, la de Palacio Nacional le recomendó a David desistirse de una obra que lo único que atraía era el descontento público generalizado contra la marca de Morena.
El titular de la nueva gobernanza, con todo y que había presumido algunas imágenes de su reunión en la Secretaría de Gobernación con Rosa Icela Rodríguez para revisar algunos proyectos de infraestructura estatales y rescatar su capricho, nunca logró convencerla de que lo que había hecho su gabinete no era un desaseo absoluto e ilegal en el viaducto elevado.
Con la ola de amparos, suspensiones provisionales y definitivas en contra de la obra, David sólo atinaba a descalificar a los jueces federales, a la oposición, a los colectivos sociales y a cuanto “enemigo del progreso” se le cruzaba en el camino. La culpa nunca fue de la ineptitud de su equipo de trabajo (y la suya propia); eso ni pensarlo.
La realidad de la obra cayó poco a poco con la ayuda de su “coordinador jurídico”, Ángel Manuel Muñoz Muro, que no ha aportado más que conflictos en este sexenio. Ni qué decir del rosario de mentiras que tenía que pronunciar una y otra vez José Luis de la Peña para tratar de maquillar el cascarón de un negocio ilícito.
Empero, el hecho de que Alejandro Calzada ahora haya negociado un “proceso de paz” en la cancelación del viaducto elevado a cambio de construir una autopista, no libra de otros problemas a este moribundo sexenio. Uno de ellos tiene que ver con las sanciones administrativas que deberían iniciar contra el gabinete de David.
Lo mismo que la fiscalización del opaco fideicomiso, y la obligada indemnización a la administración de Miguel Ángel Varela Pinedo, a través de la rectificación de la vialidad Boulevard Adolfo López Mateos, que fue afectada de gravedad por las barrenadoras de Calzada Prats. Algo que David piensa minimizar ingratamente.
Por cierto, ¿qué hubiera sido del segundo piso si Jorge Miranda Castro finalmente hubiera alcanzado el triunfo electoral con la ayuda del Tribunal de Justicia Electoral de Zacatecas? Sí, ese mismo “secretario” de Economía que detuvo la obra en diciembre del 2024 (en su gasolinera La Villita), a cambio de un puesto en gobierno.
Es falso además que el dinero del fideicomiso del segundo piso tenderá a “multiplicarse”, pues la Cámara de la Industria Mexicana de la Construcción (CMIC), en su capítulo Zacatecas, ya fue advertida de la negociación que existió entre Rodrigo Reyes y Alejandro Calzada para trasladar el dinero a la prometida autopista.
Otra de las condiciones de este acuerdo es que Calzada Prats desaparezca de la escena pública, por lo que una tercera empresa (que igual manejará HYCSA detrás de telones) será la que obtenga la “licitación” entregada el pasado martes al empresario tabasqueño, cuyas oficinas se encuentran en la opulenta colonia Polanco, de la Ciudad de México.
#Casualidades: Todo parece indicar que para el Consejo Universitario, el Tribunal contencioso de la UAZ no existe. Envueltos en su “soberanía” por encima de la normativa de la institución, le van regalando más elementos a su enemigo público.
Los magistrados que componen aquel tribunal deberían de poner sus barbas a remojar desde estos momentos, pues el artículo 25 de su reglamento establece que no podrá considerarse reservada la información de un litigio que es del dominio público.
Es el caso del “proceso normativo” (porque legal no es) que actualmente realiza el Consejo para terminar de destituir a Rubén Ibarra Reyes, y promover su rescisión contractual, con la consecuente limitación a no recibir indemnización de despido.
El reglamento del Tribunal Universitario prevé asimismo en su artículo 4 la supletoriedad del “Código de Procedimientos Civiles del Estado de Zacatecas” (en materia laboral), en contraposición a la sentencia por abuso sexual.
Ninguno de estos elementos se encuentra hoy en el debate público, y lo único que escuchamos de las partes involucradas siguen siendo expresiones radicales, sin mucha idea de qué es lo que sigue para la “vida académica” de Ibarra Reyes.
Lo único que debiera tener en claro el Consejo es que no existe acta de destitución del supuesto ex rector, porque no hubo un procedimiento apegado a la Ley Orgánica. Y sin acta, no hay manera de llegar al Tribunal Universitario para iniciar toda rescisión laboral contra el mayor desfalcador de la UAZ.