El último reporte oficial presentado por la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas, al respecto del homicidio de Ada Karina Juárez Jacobo, madre buscadora, habla de todo menos de un estado presuntamente “pacificado”. Elementos sobran, únicamente en ese caso, para entender lo efímero del eslogan “Año de la Paz y el Bienestar”.
En menos de 48 horas la Policía de Investigación aseguró un chaleco balístico, grilletes para muñecas, telefonía celular, un arma de fuego corta, otra arma de tipo fusil (ambas de uso exclusivo de las fuerzas armadas), cargadores, cartuchos, narcóticos, dos automóviles y varias prendas de vestir que usó Ada Karina cuando fue secuestrada.
La Policía de Investigación también estableció la denominación y ubicación de distintos establecimientos comerciales relacionados con trata de personas (prostitución) y venta de droga, en los municipios de Trancoso y Guadalupe. Todos estos datos versan sobre una cadena de delitos ahí cometidos.
La Fiscalía tendría que presentar, de igual forma, elementos de las investigaciones de Goretty Guadalupe Juárez Jacobo (la hija de Ada Karina que permanece desaparecida), y de José Rodolfo Cárdenas Olvera, el joven originario de la comunidad de El Bordo, encontrado sin vida en Villa de Ramos, San Luis Potosí.
Y de paso mejorar la “coordinación” entre los integrantes de la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad, pues el exabrupto con la Fiscalía General de San Luis Potosí, como confirmó Cristian Paul Camacho Osnaya a este columnista, más bien partió de un problema de comunicación entre autoridades.
Sin embargo, lo que parece no encontrar mucha lógica en este rompecabezas que forman los últimos tres delitos de alto impacto en la opinión pública es: ¿dónde quedaron las presuntas tareas de inteligencia para la “disuasión” del delito y la contención del crimen organizado en la dichosa Mesa Estatal de Paz?
Porque lo que descubrió la Fiscalía de Zacatecas, en dos días, apunta a una red de trata de personas, operada por una célula criminal, en el “Año de la Paz y el Bienestar”. Una red donde confluyen otros delitos del fuero federal como el trasiego y la venta de narcóticos, así como el uso ilegal de armas exclusivas de las fuerzas armadas.
Ahí donde podrían localizarse otros tantos casos de desapariciones forzadas, en medio de la crisis por el incremento de cifras (personas con identidad e historia) y víctimas de este delito en Zacatecas. ¿En qué consisten entonces las “tareas de inteligencia” que presume constantemente Arturo Medina Mayoral?
¿Qué lugar ocupa el monólogo de “pacificación”, en todo este “malestar social”, que expone Rodrigo Reyes Mugüerza durante cada evento oficial en el que le otorgan el micrófono? Porque basta una sola ficha de búsqueda para exponer la penetración y el control del crimen organizado en los 58 municipios del estado.
Es ahí donde la reducción oficial del conteo de homicidios dolosos se queda estancado, sin permear en la percepción pública. Para la nueva gobernanza el crimen organizado ya se mata menos en Zacatecas, aunque operen en el nivel de impunidad que permite el incremento de desapariciones forzadas.
Es el gran absurdo en el que girará el discurso del cuarto informe de David Monreal Ávila. “Atacar las causas” del delito, pero tener de vecino al crimen organizado en cualquier domicilio en el que operan libremente esta fábrica de desapariciones en la que se convirtió su sexenio.
Desde la “sustracción” ilegal de placas de automóviles hasta la instalación y funcionamiento de “megalaboratorios” de drogas sintéticas, el mercado de las asociaciones delictivas (de corte transnacional) en Zacatecas está por encima de cualquier narrativa oficial, ya no digamos de la supuesta “pacificación”.
Por eso, en vez de aliviar la percepción pública, lo que provocan los discursos de David Monreal y de Rodrigo Reyes son mayores resistencias. Como consecuencia, más desaprobación en los sondeos de evaluación gubernamental. Tal como lo intentaron aquella trágica madrugada del 6 de enero del 2022, en Plaza de Armas.
¿O cómo piensan explicarle a Claudia Sheinbaum Pardo en su siguiente gira en la entidad, que Zacatecas es uno de los estados del norte donde menos aprobación registra también la presidenta? Aquel “modelo de seguridad” que presumieron a nivel nacional ha dejado de dar sus “bondades” … esas que parece que nunca tuvo.
#Casualidades: La Asociación de Centros de Esparcimiento Social del Estado de Zacatecas finalmente rompió el silencio sobre el monopolio administrativo y empresarial en que se convirtió la Feria Nacional de Zacatecas.
Víctor Humberto de la Torre Delgado (Director General del SEDIF) y Yaseth Hernández Huerta (Coordinadora del Comité Organizador de la FENAZA) operan, junto con la empresa COPAR Music (de Julión Álvarez) la imposición de precios y espacios para la feria.
En un comunicado difundido el viernes expresaron que “la organización de la Feria les está exigiendo que la compra de cerveza y alcohol de alta graduación para ofertar en sus negocios se haga exclusivamente con un proveedor determinado de manera unilateral a precios que resultan alarmantes por estar muy por encima del precio de mercado” en proporción 4 a 1 sobre el costo promedio.
No sólo llama la atención que, de nueva cuenta, David Monreal haya elegido asociarse con el cantante Julión Álvarez. A este artista, el Departamento de Estado de EEUU le canceló la visa de trabajo, por segunda ocasión, el pasado 23 de mayo.
Las sospechas que pesan alrededor del cantante, una vez se dio a conocer la decisión del gobierno norteamericano, volvieron al terreno del “lavado de dinero” para el crimen organizado. Y la FENAZA, administrativamente, hoy se opera preferentemente con pagos en efectivo.
Desde la renta de espacios hasta la compra de bebidas alcohólicas, Humberto de la Torre y Yaseth Hernández toman decisiones de acuerdo a las necesidades financieras y operativas de la empresa de Julión Álvarez. Por si este sexenio necesitaba más elementos qué otorgarle al Departamento de Estado del gobierno de Donald J. Trump.