Supongamos que en Zacatecas la reducción del homicidio doloso ha caído en un 98%, como lo presumió -un tanto petulante- Rodrigo Reyes Mugüerza, durante su comparecencia por la glosa del cuarto informe, el pasado miércoles, con todo y que las evidencias dictaban lo contrario.
Dos semanas antes, seis cuerpos dispersos por la carretera que conecta con el municipio de Pinos, a los cuales se les dio trato de “bolsas de basura”, contradecía la cifra oficial. Ayer otro más, en la localidad Trinidad Norte del mismo municipio, y distintos bloqueos en Tabasco, Calera, Fresnillo, Villanueva, Sombrerete, Río Grande y Cuauhtémoc. Pero, tratemos de apegarnos al guión de la nueva gobernanza en esta presunción.
El titular de la Secretaría General de Gobierno lo mismo reconoció que, actualmente, dos grandes problemas impactan en las percepciones de inseguridad: los delitos de extorsión, así como la desaparición forzada de personas. No atinó a explicar por qué crecen unos índices mientras otros -teóricamente- descienden drásticamente.
De una u otra forma, lo que prevalece es la impunidad. Ya sea porque un grupo delictivo tomó el control hegemónico de las actividades ilícitas, lo que permitiría entender la reducción de homicidios a la par que sus brazos operativos abarcaban otros mercados, como la trata de personas (relacionada con desaparición) y las extorsiones.
O bien, como es de amplio conocimiento público, porque las cifras de desapariciones amortiguan esa “baja” (sic) en el conteo de muertes. Días antes, Reyes Mugüerza insistió en que los asesinatos estaban relacionados únicamente con las bandas del crimen organizado. Por ende, si hay menos decesos, entonces hay menos confrontaciones.
Si hay menos confrontaciones, volvemos a la hipótesis inicial, es porque un solo grupo delictivo ha adquirido más poder en este sexenio en el que nació “la reducción histórica” de homicidios dolosos, gracias a David Monreal Ávila. Esa es la premisa que, sin decirlo abiertamente, propone la nueva gobernanza en su discurso. Y probablemente ni siquiera se han dado cuenta.
Ya sea porque se empoderó a un solo cártel, o porque todo se resume en la decisión oficial de ocultar las cifras reales de muertes en las de desapariciones forzadas, los fenómenos delictivos seguirán impactando en la percepción pública porque, por una u otra hipótesis, lo que persiste es el clima generalizado de inseguridad.
Vaya, ni siquiera necesitamos hablar de homicidios dolosos, desapariciones forzadas y extorsión. El Patronato de la FENAZA le da un contrato para venta y abastecimiento de bebidas alcohólicas a una empresa (familiar) del cantante Julión Álvarez, cuya visa de trabajo fue cancelada por el Departamento de Estado de EEUU el pasado mes de marzo, por presunto lavado de dinero.
Apenas concluye la feria, y para “desgracia” de esa percepción que quieren atacar con discursos llenos de lagunas, César Álvarez Villalpando, padre del mismo cantante, es detenido en Campeche por portación ilegal de armas de fuego, mientras abordaba una camioneta con reporte de robo en aquel estado.
¿Tiene que ver con la reducción de homicidios dolosos en un 98%, en cuatro años? No, de ninguna manera. ¿Impacta en la opinión pública y la percepción de inseguridad? Por supuesto que sí. Podrán mostrarse triunfalistas pues hay -presuntamente- menos muertes… ¿y las decisiones administrativas como en el caso de la FENAZA?
¿Qué discurso se sobrepone a un elemento que genera más percepción que una cifra sin credibilidad? Ninguno, porque ni Rodrigo Reyes ni David Monreal alcanzan a explicar qué pasa cuando disminuyes las cifras de homicidios al mismo tiempo que incrementas los casos de desapariciones y de extorsión (cobro de piso).
Por ende, lo que veremos durante la comparecencia del titular de Seguridad Pública será otro compendio de cifras, sin contenido, porque la estrategia de contención y disuasión es tan deficiente que sólo se enfoca en los porcentajes de homicidios (presuponiendo que gracias a las FRIZ, Metropol y Estatal hay menos muertes).
Más allá de los protocolos de los que ha hablado con anterioridad Arturo Medina Mayoral, no hay claridad en qué tipo de información de inteligencia podría haber prevenido tanto los cobros de piso en distintos municipios, como la crisis de desapariciones forzadas en todo el estado.
Pareciera que en la Mesa Estatal de Construcción de Paz sólo existe la Policía de Investigación de la FGJEZ, una vez que las contingencias desbordan en redes sociales. Así desarmaron una red de trata de personas en Trancoso, Guadalupe y Fresnillo, después de la muerte de la madre buscadora Ada Karina Juárez Jacobo.
Arturo Medina también nos debe una explicación del por qué los estatales y las FRIZ se convirtieron en los únicos cuerpos de seguridad de toda la FENAZA. ¿Había nuevamente amenaza de atentado (tanque de gas)? ¿Qué “información de inteligencia” tenían de esa feria? Al final, lo único que lograron fueron sendos videos de represión a un grupo de empresarios.
#Casualidades: En silencio, pero con bastante efectividad, este jueves la diputada Julia Olguín Serna impuso a María Elena González Medrano como secretaria de Gobierno del ayuntamiento de Juchipila.
Se perfila para acomodar otras tres carteras en las áreas del DIF Municipal, Desarrollo Social y Dirección de la Mujer, en acuerdo un sellado con el alcalde José María Castro Félix, de extracción petista, y luego bautizado en La Secta, cuando saltó a Morena.
Sin embargo, la ruptura con Rocío Moreno Sánchez, Lyndiana Bugarín Cortes y Verónica Díaz Robles ha sido de tal magnitud, que en el ayuntamiento ya comenzaron a depurar todo lo que tenga indicios de “La Secta del Bienestar”.
Félix Sánchez decidió abrirle las puertas a la ojiverde afromexicana, con tal de sacudirse los lastres que le imponía el grupo de la senadora, que no le permitían gobernar sin su consentimiento y coparticipación.
Julia Olguín, con el visto bueno de sus superiores (David y Ricardo), ha logrado restarle un bastión a los del Bienestar. Aunque puede que sea el único, porque parece que la diputada no tendría todavía tanta influencia en la región de Los Cañones.
Julia se suma a estrategia en tierra que inició Saúl Monreal Ávila desde las asambleas de promoción de Morena, en las que han recibido a servidores de la nación hartos del trato que les ofrece Verónica Díaz, dispuestos también a presentar pruebas de los hilos de corrupción en los programas sociales.