Más y más inconsistencias.

La Auditoría Superior de la Federación no ha ido al fondo de las irregularidades que encontró en los informes de desempeño y cumplimiento al programa Crédito Ganadero a la Palabra. Y parece que no pretende ir más allá de algunos huecos que evidenció en sus evaluaciones, los cuales dejan en el peor de los lugares al ex coordinador de Ganadería.

Para recapitular, recordemos que los Agentes Técnicos son los intermediarios que utilizó David Monreal Ávila en la estructura del programa, con la finalidad de que fueran ellos quienes realizaran la compra y distribución de semovientes en al menos 13 estados de la república en los que se desarrolló el proyecto piloto de repoblamiento de hatos ganaderos.

Unos de estos, como ya lo saben los lectores, es Industrias A y G S.A. de C.V., encargado de la operación en Zacatecas de una parte del programa. El administrador único de la empresa es Víctor Hugo Calderón Vázquez, de quien nunca han negado parentesco familiar ni Cuauhtémoc Calderón Galván ni Nemesio Vázquez García, ex funcionario de SADER en el estado.

Tampoco ha negado ese pequeño detalle el titular del programa que, a la fecha, no ha dado una sola declaración frente a medios de comunicación más que aquel traspié en una entrevista con Francisco Gabriel Reynoso Torres. En ese diálogo no abordó la relación consanguínea entre Víctor y Cuauhtémoc, y se contradijo en que SADER no entregaba ganado de cría (lechero).

Pues bien, de acuerdo con la examinación de cómo la Coordinación de Ganadería integró el presupuesto ministrado, ejercido y comprobado por los Agentes Técnicos, resulta que antes del 27 de marzo del 2020, Industrias A y G todavía tenía en su poder 1 millón 525 mil pesos del presupuesto del año anterior. De ese total, entre marzo y octubre del año pasado, la empresa reintegró 1 millón 398 mil pesos al gobierno federal.

En efecto, según la Cédula Preliminar de Resultados de la auditoría de desempeño 275-DE, existían más de 103 millones sin rastro de su utilización. De ninguna manera el equipo de David Monreal y su lobby de “súper abogados” (como los llamaron en Triple Erre) lograron esclarecer el destino de 20 millones 592 mil 800 pesos del primer total observado.

Ese dinero únicamente pasó de estar en manos de ocho Agentes Técnicos (que en ese entonces no debían de tener recursos públicos porque sus convenios vencieron el 31 de enero del 2019), a las cuentas de la Tesorería de la Federación (TESOFE). ¿Qué hacían esos 20 millones 592 mil pesos todavía en los registros de ocho agentes, cuando el dinero debieron gastarlo antes de concluir el ejercicio fiscal 2019?

Del otro restante, que suman 82 millones 826 mil pesos, ¿por qué fue hasta la Reunión de Presentación de Resultados Finales, en diciembre del 2020 (un año después de concluido el programa), que los Agentes Técnicos y el Coordinador de Ganadería entregaron documentación que debían de tener en posesión y archivado a más tardar en enero del 2019?

Y cómo fue que en un par de semanas el equipo de David Monreal presentó informes y expedientes por 82 millones de pesos, que inicialmente la Auditoría no había encontrado en los registros de la propia Coordinación Nacional de Ganadería. Cuestionamientos que deberán de dilucidar en las comisiones de Justicia y Ganadería de la Cámara de Diputados, quienes darán luz verde a las posibles sanciones.

A le fecha, todavía hay seis Agentes Técnicos que no comprobaron el uso de recursos por un total de 27 millones 538 mil pesos. En esa suma, Industrias A y G ahora tiene extraviados 129 mil 800 pesos. Además de que la ASF confirma que hay funcionarios de SADER que serán sancionados administrativamente por haber convenido 50 millones para una empresa que no cumplía diversos requisitos.

David Monreal no logró acreditar ni garantizar la capacidad técnico-operativa, humana, material, y el reconocimiento y experiencia de Industrias A y G para operar esa cantidad de dinero, que al final se redujo a 28 millones por la incapacidad de fresnillense. Y tampoco se demostró que el dinero otorgado a Víctor Hugo Calderón se administró en cuentas que conocía la TESOFE.

Luego, las bases de datos de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) entregados por Industrias AYG, S.A. de C.V., para comprobar los recursos ministrados, careció de supervisión, por lo que no incluyeron el requisito de folio fiscal, lo que limitó la posibilidad de validarlas ante el Sistema de Administración Tributaria. Entonces ¿qué tipo de facturas entregaron?

Ahora bien, de que la ASF encontró probables daños o perjuicios, o ambos, a la Hacienda Pública Federal, es un hecho que se sustenta en dos Pliegos de Observaciones por un valor de 5 millones de pesos, debido a la entrega de apoyos en especie duplicados. Aquí lo dijimos: inscribieron a productores en Unidades Pecuarias (parcelas) de las que no eran dueños.

En ningún momento la Auditoría particularizó los informes del Crédito Ganadero, y jamás existió un “boletín oficial” para “exonerar” a David Monreal Ávila. En boca de Mario Luis Molina Contreras este espacio supo desde noviembre que existía un supuesto “comunicado” en espera de ser difundido, con la finalidad de lavarle la cara al excoordinador. Empero, al publicarlo lograron todo lo contrario.

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#Casualidades: El Acta de Hechos de Vacunación de la comunidad González Ortega Bañón no corresponde del todo con la realidad. Obedece más a un conflicto interno (de esos que nunca faltan) en los “equipos” antagónicos del D21.

Dos asistentes a esa circunscripción el día de los hechos (16 de febrero) refieren a Agenda Política elementos que permiten ver el panorama desde otra perspectiva. La visita de “habitantes ajenos al área de responsabilidad” inició desde muy temprano.

Quienes ahí se concentraron, aseguran que al menos una veintena de personas ya había arribado a Bañón desde las siete de la mañana, pues ellos eran el “segundo turno”. Y se apersonaron no sólo adultos mayores, explican. También hubo infiltrados de edades menores a las requeridas.

Hay molestia porque se manejó una lista de 33 nombres, cuando en realidad la cifra supera los 50, muchos de los cuales fueron borrados. El común denominador de quienes no aparecen en los registros guardan relación “muy cercana” con tres nombres: Verónica del Carmen Díaz Robles, David Monreal Ávila, y la anti comisionada del INAI, Norma Julieta del Río Venegas.

¿Quién manipuló la lista, y por qué “rasuraron” los nombres de personas “muy allegadas” a los tres funcionarios? ¿Sabían de antemano que en la lista de los 33 existían familiares de funcionarios de la administración estatal?

¿Por qué Alberto Aguirre, un colaborador de El Economista de vieja amistad con la anti comisionada (y que asiste a sus cumpleaños), difundió una supuesta amistad entre Cristina Rodríguez de Tello, Edna López Hernández y Verónica Díaz? Poco a poco el camino se ilumina.

Nota: Esta columna retomará su publicación habitual a partir del próximo viernes 5 de marzo.

Twitter: @GabrielConV