Foto: Por segunda ocasión la FGR imputará delitos a Pedro de León, en el caso de la Estafa Maestra.
> Un contrato por 77.8 mdp para la UAEM, no reflejó en su totalidad los servicios adquiridos.
Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) pidió a un juez federal citar a una audiencia a Simón Pedro de León Mojarro, ex coordinador de Delegaciones de la SEDESOL, para imputarle la presunta contratación de encuestas “fantasma” que ocasionaron un daño al erario por 77.8 millones de pesos.
De acuerdo con informes judiciales, la Subprocuraduría de Delitos Federales pidió fijar una fecha para la audiencia inicial donde será imputado por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades. El juez ya giró el citatorio al zacatecano, para que coparezca en la segunda quincena de este mes.
Al ex funcionario le imputan un ilícito que no amerita prisión preventiva oficiosa, pero se castiga con 6 meses a 12 años de prisión, y 100 a 300 días de multa, así como la destitución por el periodo de la penalidad. De León Mojarro es hasta ahora uno de los pocos implicados en la “Estafa Maestra” que la FGR imputó ante la justicia y no logró procesar penalmente.
El 3 de abril, un juez federal de la Ciudad de México determinó no vincularlo a proceso por una presunta contratación indebida de 124 millones 100 mil pesos para la Universidad Intercultural del Estado de México.
Libró la imputación porque el juez Fernando Payá Ayala resolvió que el convenio anterior no estaba sujeto a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El fallo no fue apelado entonces por la FGR.
Pero ahora la Fiscalía pretende imputar de nueva cuenta al exfuncionario, ahora por el caso de un convenio signado el pasado 1 de septiembre de 2014, suscrito entre SEDESOL y la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), y que tenía como objetivo levantar un censo para beneficiarios de los programas sociales.
Por el contrato, el 8 de diciembre de este año la SEDESOL pagó 77 millones 847 mil pesos a la UAEM, requriéndole también los servicios de verificación de información y datos personales de los beneficiarios en Chiapas, Chihuahua, Hidalgo, Jalisco, Estado de México y Veracruz.
La imputación de la Fiscalía, que tiene como base una denuncia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), asegura que no se practicaron la mayoría de las encuestas encargadas.
Señala además, que de los 6 millones 700 mil 164 beneficiarios que debían ser entrevistados, sólo se levantaron 1 millón 48 mil 575 encuestas, apenas el 15.6 por ciento del total.
Otro presunto ilícito es que la Universidad subcontrató más del 49 por ciento permitido por la ley en ese ámbito, pues el 28 de noviembre de 2014 adjudicó a Grupo Industrial y Servicios Yafed, la contratación del supuesto censo.
Con información del diario REFORMA.