Eran pocos los escenarios que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación podía ensayar en el conflicto interno de Morena. Indefectiblemente, y como se advirtió en este espacio el pasado 28 de enero, fue el incumplimiento de la sentencia SUP-JDC-1573/2019 lo que terminó por descabezar a Yeidckol Polevnsky Gurwitz.
Al haber transcurrido más de los noventa días que se fijaron como plazo para concluir con las etapas del proceso interno de renovación de la dirigencia, la autoridad electoral jurisdiccional encontró el argumento de mayor solidez que permitiera el relevo.
El Comité Ejecutivo Nacional del partido fue notificado desde el 31 de octubre del 2019 al respecto de la resolución. A partir de la fecha, corrieron 119 días sin que la secretaria en funciones de presidenta se decidiera por convocar nuevamente a elecciones.
No es del todo cierto que al 31 de enero del 2020, Morena contara con un instrumento registral depurado y actualizado de su padrón electoral, que le permitiera continuar con la actualización de sus órganos de gobierno. Primer criterio en contradicción de las y los magistrados de la Sala Superior.
Dentro del SUP-JDC-1573/2019, la autoridad jurisdiccional adujo: “con la finalidad de contar con un padrón confiable, el partido político debe considerar, para efecto de la participación en el proceso interno, a toda la ciudadanía que haya solicitado su afiliación hasta el veinte de agosto de dos mil diecinueve y que haya cumplido con los requisitos estatutarios”.
Opuesto a ello, el 18 de febrero la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE informó que el padrón de Morena no sólo no había tomado en cuenta a los nuevos afiliados como lo determinó el Tribunal, sino que su listado se redujo en un 12% al pasar de 317 mil 595 militantes empadronados a únicamente 278 mil 332.
El segundo criterio en contradicción lo ofreció la misma Sala Superior al validar la convocatoria al VI Congreso Extraordinario de Morena, misma que el 22 de enero había desechado aludiendo que la sesión del Consejo Nacional “ampliado” no contó con el quórum requerido del 50% más uno de sus integrantes.
En aquella ocasión sólo se presentaron 137 de los 141 consejeros requeridos por el estatuto, situación que hace unos días rectificó el Tribunal tomando como buenos otros votos: mil 310 de los 2 mil 494 congresistas que ni siquiera debieron estar en un Congreso Extraordinario que ya había sido anulado. ¡Así de incoherente fueron las posturas en la Sala Superior!
De tal forma que, incluso cuando las y los magistrados dieran como buena una “presidencia interina” no prevista en los estatutos de Morena, fue en su sesión privada de este miércoles donde definieron el futuro real del partido.
En ella empujaron la salida de Yeidckol Polevnsky, y sin reforma alguna a la normativa del Movimiento de Regeneración Nacional (cuando fue una condición que el Tribunal impuso en octubre del 2019) determinaron que “el método de elección por encuesta no trasgrede el principio de auto determinación y autoorganización”. Tercera contradicción.
Minutos más tarde, ahora sí en sesión pública, únicamente se formalizó el interinato de Alfonso Ramírez Cuellar para que en un plazo de cuatro meses convoque a una elección interna que, se perfila, finalmente dará paso a los sondeos como método de renovación de las dirigencias estatales y nacional.
Con una cierta dosis de ironía, el boletín de prensa que circuló esa tarde el departamento de Comunicación Social de la Sala Superior remata: las y los magistrados “consideraron que las disputas políticas internas no pueden estar por encima de los derechos de la militancia y de la observancia del principio democrático al interior de los partidos políticos”.
Evidentemente, la ley claudicó ante la política. Entre grupos en disputa lanzaron acusaciones de invertir una buena cantidad de horas de cabildeo en los pasillos del Tribunal Electoral, lo que secundó la hipótesis de que el armado de la nueva dirigencia (que sólo es cosmética pues el poder real pertenece al presidente) provino de los jaloneos entre Palacio Nacional, el Senado de la República y el CEN de Morena.
El mensaje presidencial es muy claro, y también lo advertimos aquí el pasado 11 de febrero. Andrés Manuel López Obrador únicamente prestará su estructura clientelar de voto a los perfiles que mayores preferencias muestren en las mediciones, por encima de los conflictos internos de Morena, y con un David Monreal Ávila que en careos ya no resulta tan atractivo.
Quién diría que en septiembre del 2016 el tabasqueño acusaba al TEPJF de orquestar la derrota de María Soledad Luévano Cantú en la capital zacatecana, en una negociación entre Miguel Ángel Osorio Chong y Roberto Gil Zuarth para impulsar a Reyes Rodríguez Mondragón (quien diseñó el proyecto que dio el triunfo al PRI) como magistrado de la Sala Superior. “¿Justicia electoral podrida?” preguntaba entonces Ricardo Monreal Ávila.
#Casualidades: La respuesta fue mesurada, institucional, y a la vez firme. El diputado José María González Nava reviró a la senadora Soledad Luévano las graves acusaciones que dejó correr en un artículo publicado en el diario Excélsior este 20 de febrero.
Su posicionamiento fue claro e ineludible. Las bancadas oficiales finalmente despertaron del aletargo en que se encontraban, y exhortaron a la legisladora a presentar todas las pruebas del supuesto “narcogobierno” al que hizo referencia en el texto.
“Coincidimos en que se trata de hechos muy serios que sin duda deben de ser investigados y sobre todo sancionados, por lo que de la información privilegiada con que cuenta la senadora” se aporten todos los elementos al Grupo de Coordinación Local.
Dentro de la discusión legislativa, el diputado Héctor Adrián Menchaca Medrano ofrció un dato relevante. A Zacatecas, la Guardia Nacional únicamente destinó 29 vehículos de patrullaje, aun y cuando cargan con la obligación estudiar, planificar y ejecutar los métodos y técnicas de combate a la delincuencia.
Junto con Omar Carrera Pérez, los de Morena se aventuraron al suponer que hay indicios de que los delitos que reclamaron, todos, son del fueron común. En primer lugar debieron de pedir los resultados de sus investigaciones a la FGR y a la FGJZ, y luego, con los datos en mano “reclamar” a las autoridades estatales y/o federales.
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