• “La ciudadanía tiene que saber que lo que yo estoy enfrentando no es un tema de daño al erario público”, asegura.
  • Es un linchamiento público de justicia selectiva, pues en la parte jurídica me asiste la razón.
  • El cabildo capitalino no supo defender el principio de autonomía del municipio.

Zacatecas, Zac.– A diferencia de las acusaciones que se difundieron públicamente desde la Secretaría de la Función Pública en su contra, la exsecretaria del Ayuntamiento de Zacatecas, Gabriela Rodríguez Rodríguez, explica que lo que buscan en el gobierno estatal es confundir a la opinión pública.

En entrevista radiofónica con el periodista Francisco Esparza Acevedo, la también extitular de la Función Pública en la administración de Alejandro Tello Cristerna afirmó que en la falta que se le imputa no existe daño al erario público, ni se clasifica esta como “grave”.

Por ende, se desmarca de las otras faltas que presuntamente nacen por la ausencia de cobro de créditos sociales, así como supuestas irregularidades en fideicomisos. “Nada tienen que ver con el caso que a mí se me está imputando”, afirma.

En lo suyo, particulariza, hay un señalamiento “de carácter prodecimental”, que no se relaciona por falta de acción en temas económicos, como los que se mencionan.

Esta falta de apego a procedimiento, dice, además carece de sustento pues la acusación principal es que no resolvió carpetas administrativas que prescribieron “pero no prescribieron durante mi gestión”.

Rodríguez Rodríguez puntualiza haber recibido la Secretaría de la Función Pública el 15 de septiembre del 2020, y entregó la misma el 11 de septiembre del 2021.

“Esas carpetas a mí no me prescribieron. Ya estaban prescritas”, responde.

La extitular de la SFP menciona que una vez inicia su gestión en esa secretaría buscó focalizar el trabajo en las carpetas de investigación que permanecían abiertas, y no son estas las que fueron señaladas por la secretaria y subsecretarios, Humbelina Elizabeth López Loera, V´íctor Hugo Hernández Reyes y Ángel Manuel Muñoz Muro.

“En todo caso, las personas que sí fueron responsables de este tema no están señaladas dentro de las carpetas de investigación y, por el contrario, hoy ocupan puestos dentro del gobierno estatal” de David Monreal Ávila, advierte.

Es un linchamiento mediático que impulsan agendas particulares.

A juicio de la exsecretaria del Ayuntamiento, lo que se genera desde al Función Pública es un linchamiento mediático y un atropello evidente, los cuales tendrán la respuesta jurídica adecuada.

Asimismo lamenta que algunos jóvenes a cargo de la secretaría repliquen modelos añejos de persecución política. Y advierte que no permitirá ningún tipo de linchamiento político cuando las instituciones han avanzado a nuevos modelos de respeto a los derechos humanos y garantías individuales.

“Jurídicamente, yo tengo razón”, insiste.

En ese sentido, anticipa que estos procedimientos puedan extenderse si no se enfrenta ante tribunales y autoridades imparciales.

“Si nuestros tribunales no son independientes el camino se hace mucho más largo. Y tiene uno que buscar, como gobernado o como ciudadano, llegar hasta las últimas instancias para buscar imparcialidad”, explica.

Función Pública en abuso de poder.

Con respecto a la remoción como Secretaria del Ayuntamiento capitalino, Gabriela Rodríguez dice que la Función Pública impuso una medida desproporcionada e ilegal para otorgar una medida cautelar que la suspendiera de sus labores.

Niega que, como acusa Humbelina López, en sus funciones dentro del municipio ella representara un riesgo para el servicio público, para los funcionarios de la SFP, y un riesgo para el procedimiento.

Lo anterior debido a que como secretaria de gobierno en el municipio carece de mando policial, “y aunque lo tuviera es completamente absurdo” este tipo de razonamientos.

E informa que el cabildo capitalino, el pasado mes de octubre aprobó una reforma al reglamento orgánico para que la Secretaría de Gobierno municipal dejara de ostentar el bando policial y se creara, en consecuencia, una Secretaría de Seguridad Pública a cargo del alcalde.

“Y el cabildo, aunque la medida es desproporcionada e ilegal, porque no está debidamente justificada, el cabildo admite las cautelares bajo la amenaza que de no actuar en consecuencia, como lo ordena la Función Pública, ellos también serían sujetos de responsabilidad”, aclara.

En su criterio, si el ayuntamiento no fue capaz de defender un principio esencial que es la autonomía del municipio, las instituciones pueden caer en complacencia, pues la Función Pública no es patrona del cabildo capitalino.

Hay violencia de género detrás de este linchamiento.

Finalmente, Rodríguez Rodríguez no descarta que la decisión de la Función Pública y del Ayuntamiento de Zacatecas sea por disputas entre varones, por ello asegura que, en el caso de las mujeres, “parece que estos espacios de la función pública no son para nosotras”.

“Aquí parece, todo apunta, a que son agendas personales imponiéndose sobre agendas institucionales… y el gobernador [David Monreal] no puede permitir que las agendas personales se impongan sobre la gobernabilidad”, responde.

Sustenta la acusación por violencia política de género debido a que ella es la primera mujer Secretaria de Gobierno en el cabildo capitalino, aunque la resolución no explique abiertamente “la queremos quitar porque es mujer”.

En su gestión, menciona, no existen faltas administrativas municipales o hechos irregulares, e insiste que el tema jurídico le tiene sin cuidado porque en el fondo le asiste la razón.▗

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