Tragedia y sangre es lo único que buscaban exponer algunos medios de comunicación sobre la situación de inseguridad en Zacatecas, a decir de David Monreal Ávila y su propuesta de “detonación de tanque de gas”, el pasado 22 de septiembre a un costado del estadio Francisco Villa.
Tragedia y sangre, sin embargo, es lo que le han dado los grupos de la delincuencia organizada a su ‘gobierno’. Los ataques armados que conocimos los últimos días incluyeron un componente adicional: el uso de artefactos explosivos de los cárteles del narcotráfico que, a diferencia del fiscal Cristian Camacho Osnaya, la nueva gobernanza se esmera en negar.
No hay realidad más necia que la que insiste en aparecer, pese al discurso oficial y la propaganda institucional del “Año de la Paz”. A estas alturas queda más que claro que la disputa entre grupos armados encontró terreno fértil en distintos municipios del estado, sean o no gobernados por su partido.
Mientras la vocería de la Mesa Estatal de Construcción de Paz se limita a confirmar los operativos que realizan las distintas corporaciones policiacas después de ocurridos diversos asesinatos, las tareas de contención y disuasión no están ahí para limitar la percepción de violencia e inseguridad que priva en el estado.
Tampoco existe correlación, ni en el discurso ni en sus políticas públicas, entre la reducción de homicidios dolosos y la constante incursión de los grupos armados en comunidades y municipios. Esto es, existe una presunta disminución del índice de decesos violentos, pero no una efectiva reducción en la tasa de incidencia delictiva.
Es ahí donde ingresa una variable particular en el fenómeno delictivo en Zacatecas: el incremento de personas reportadas como desaparecidas. De acuerdo con el colectivo ciudadano Red Lupa, en Zacatecas se registra una tendencia alcista sobre la cifra del total de personas desaparecidas y no localizadas desde 2018.
La gráfica presenta una curvatura mucho más pronunciada entre 2020 y 2023, cuando los totales de desaparecidos oscilaban entre las 2 mil 897 víctimas de este delito, hasta las 3 mil 800 personas que tenían reporte de “no localizable” con corte al mes de mayo de este mismo año.
De acuerdo con estas cifras, el caso de mayor alerta se encuentran en Fresnillo, que un año (entre 2023 y 2024) pasó de 694 hasta 862 desapariciones. Eran los tiempos del ‘gobierno’ de Saúl Monreal Ávila, cuando se desentendía de la administración que encabezó durante 6 años para buscar otra candidatura en Morena.
En menor medida, dentro del mismo intervalo anual, colaboraron los municipios de Zacatecas (379 desapariciones), Guadalupe (381 desapariciones), Jerez (203 desapariciones) y Río Grande (195 desapariciones). Empero, para la nueva gobernanza esa imagen no forma un todo, sino partes aisladas del fenómeno delictivo.
Y, por el contrario, para Arturo Medina Mayoral, titular de la Secretaría de Seguridad Pública, el pulso sobre la reducción de homicidios se mide más bien por la cantidad de enfrentamientos que han mantenido sus policías con los grupos de la delincuencia organizada y las bajas que tuvieron las corporaciones en estos “choques”.
Lo que significa que la estrategia “abrazos y no balazos” nunca fue la más indicada, al menos para el caso de Zacatecas, si de lo que se trataba era reducir la actividad y la penetración de los grupos de la delincuencia organizada. La creación del Grupo de Operaciones Rurales, el pasado mes de febrero, fortalece esta misma hipótesis.
Todos estos puntos de desconexión, y la poca articulación entre los mismos indicadores, es lo que tiene hoy a David Monreal en una nueva espiral de violencia que refleja el más reciente empoderamiento de la delincuencia organizada en el estado, donde operan sin el menor inconveniente.
Lo que no puede minimizar, es el hecho de que los cárteles del narcotráfico sí cuentan con capacidad de fuego a través de artefactos explosivos. De nada sirve a estas alturas mantener el debate sobre el “tanque de gas” y la detonación de “granadas” de manufactura artesanal. La delincuencia se disputa el territorio, no la narrativa (pues esa ya la tenían ganada hace tiempo).
#Casualidades: Qué necesitaba Francisco José Murillo Ruiseco para obtener las sentencias condenatorias provenientes de los episodios más emblemáticos que protagonizaron distintas células criminales, los últimos tres años en Zacatecas.
Los casos que parecían incluso “archivados”, en los últimos días han dado un margen de mayor legitimidad al trabajo de investigación y procuración de justicia, con Cristian Paul Camacho Osnaya al frente de la Fiscalía General del Estado.
Ya suman, por el momento, cerca de mil 400 años de prisión para Perla “N” y Juan “N” quienes participaron en el traslado de una camioneta con reporte de robo, que apilaba una decena de cuerpos, a la plancha de la Plaza de Armas, en enero del 2020.
Otros 80 años de prisión y multa de 1 millón de pesos a cuatro sujetos para Luis “N”, Eduardo “N” y René “N”, por secuestro agravado, secuestro agravado en grado de tentativa y asociación delictuosa, hecho cometido en perjuicio de seis víctimas.
Se trata de las y los jóvenes del municipio de Nieves que fueron desaparecidos después de asistir a un bar de la zona de tolerancia de la capital zacatecana, en febrero del 2020. Hecho en el que también se localizaron dispositivos explosivos en un domicilio de la colonia Valle Verde, donde encontraron el cuerpo de una de las jóvenes secuestradas.
Murillo Ruiseco ahora le debe una explicación a la sociedad zacatecana del por qué un juez federal otorgó amparo a Julio César “N” por el presunto homicidio del abogado Raúl Calderón Samaniego, debido a que la Fiscalía, bajo su mando, solicitó una orden de aprensión contra el ex edil, sin antes la Legislatura procesara su desafuero.
Parece que “los chilangos”, pese a las inercias internas de la Fiscalía, han obtenido mucho más resultados en un menor tiempo, lo mismo que obtuvieron recientemente insumos para optimizar la localización de personas fallecidas, cuyos cuerpos se encuentran alojadas en la Dirección de Servicios Periciales.