Los subsidios del programa Construyendo Bienestar, en su edición 2025, ya no sólo son un problema administrativo en cuanto al filtro de funcionarios privilegiados que alcanzaron dichos apoyos gubernamentales porque, inicialmente, la convocatoria no fue difundida ni publicitada como lo requerían sus lineamientos de operación.
La Dirección de Responsabilidades de Situación Patrimonial, de la Secretaría de la Función Pública (como órgano de supervisión y vigilancia de acuerdo con las reglas de operación publicadas el 16 de septiembre del 2023), tiene una enorme carga de trabajo, pues deberá revisar -expediente por expediente- un gran cúmulo de inconsistencias que tendría que sancionar Ernesto González Romo.
Lo mismo para el nuevo titular de Transparencia para el Pueblo de Zacatecas, Miguel Ángel Ovalle Flores, encargado de verificar el desempeño de las y los funcionarios titulares de las unidades de transparencia del gobierno estatal, pues caer en omisión, cuando se es juez y parte, no sólo es grave, también resulta sumamente bochornoso.
El primer caso, por orden de importancia, es el de la secretaria de Educación y próxima senadora suplente, Gabriela Evangelina Pinedo Morales. Su declaración patrimonial no concuerda con el subsidio de 624 mil pesos que indica el informe trimestral de Montos Pagados por Ayudas y Subsidios del Estado de Zacatecas.
El documento sobre la Modificación Patrimonial que Gabriela dio de alta en el Sistema de Declaración de Situación Patrimonial y de Interés, fechado el 17 de mayo de 2026, es el primer indicio de cómo se traspasaron los lineamientos de operación en la entrega de subsidios que debió vigilar la Función Pública.
No sólo porque la funcionaria que ya ocupó dos secretarías en este sexenio, declara ser propietaria de tres terrenos y dos casas con valor total promedio por 3 millones de pesos. Teóricamente, la última adquisición la realizó de contado el 20 de junio del 2024, cuando transfirió 1 millón 200 mil pesos para hacerse del bien inmueble.
Sin embargo, en el último trimestre del 2025, según los datos públicos de la SEDUVOT, Pinedo Morales recibió un “apoyo” por 624 mil pesos con los que pudo haber liquidado de contado su tercera vivienda, o los incluyó en un crédito hipotecario para el enganche de esta, como lo mandataban los lineamientos desde el 2023.
Empero, Gabriela Pinedo incurre en una falta administrativa que la Dirección de Responsabilidades de Situación Patrimonial deberá de considerar grave o no grave, pues una integrante del gabinete de la nueva gobernanza “casualmente” ocultó la adquisición de otro bien inmueble que realizó antes de diciembre del 2025.
Y lo hizo con un subsidio que en realidad nunca debió de recibir, si es que se hubieran respetado las reglas de operación del programa. En el mismo caso se encuentran Roberto Alejandro de León Hernández, de la Jefatura de Oficina del Gobernador, y el conductor de radio y televisión de SIZART, Irvin Omar Macías Jaramillo.
La declaración de Roberto (el campeón de los Gastos Oficiales de Comisión, según la PNT) informa que el funcionario, al 7 de mayo del 2026, no cuenta con ningún bien inmueble, ni crédito hipotecario (no manifestó adeudos o pasivos). Mientras que el funcionario de SIZART ni siquiera registra esos datos en su declaración. Tampoco los reserva. Ambos recibieron subsidios por 624 mil pesos.
Miguel Ovalle debería verificar detenidamente el caso de Jaime Arturo Buenrostro Calderón, titular de la Unidad de Transparencia del Instituto Zacatecano de Cultura. La declaración de modificación patrimonial del hijo de Ruth Calderón Babún es tan inconsistente, que ni siquiera parece que conozca su propio marco normativo.
El documento de Jaime Arturo fue registrado en el SIDESPI el 1 de mayo del 2026. Carrera trunca en Administración Pública, alcanza el grado de Jefe de Unidad, aunque en el ejercicio del cargo deje mucho qué desear. Como el hecho de que los 230 mil 880 pesos que recibió de subsidio para vivienda no existan en su patrimonio.
Según su criterio, él no cuenta con ningún adeudo ni pasivo al momento de declarar sus propiedades. No obstante, SEDUVOT le transfirió ese “apoyo” a un posible crédito hipotecario (a menos que haya pagado la vivienda de contado) antes de diciembre del 2025. ¿Esos son los estándares en Transparencia para el Pueblo de Zacatecas?
Kevin Kolscani Guerra Ríos declaró el 6 de mayo del 2026, como director del Instituto Superior Tecnológico de Loreto, ingresos anuales por el orden de los 800 mil pesos. A su criterio, él no tiene bienes muebles o inmuebles (probablemente se desplace en un vehículo oficial), ni deudas ni pasivos. En 2025 recibió un subsidio de vivienda por 268 mil 880 pesos.
Quienes sí registraron la adquisición de inmuebles el año pasado fueron Carlos Alberto Zúñiga Rivera, Víctor Humberto de la Torre Delgado y Nieves Medellín Medellín. La declaración del Jefe de Oficina del Gobernador contiene un dato de suma relevancia, además de sus ingresos anuales por 1 millón 500 mil pesos.
Los créditos hipotecarios, de acuerdo con el documento que Zúñiga subió al SIDESPI el 29 de mayo del 2026, los contrataron ni más ni menos que con el Grupo Constructor Plata. ¡Tremendo negocio redondo, no sólo para unos cuantos sino para la empresa que edificó sobre los lotes del gobierno del estado en Villas Universidad!
A excepción del caso de Víctor Humberto de la Torre que, en su declaración de modificación patrimonial del 31 de mayo del 2026, afirma haber pagado de contado 1 millón 180 mil pesos ligados a una escritura pública sobre la propiedad de una casa, adquirida el 30 de mayo del 2025. Sus ingresos anuales suman los 800 mil pesos.
Mientras que su pareja, Nieves Medellín Medellín confirmó el 27 de mayo del 2026, haber adquirido un crédito por 1 millón 531 mil pesos para la compra de una casa de 120 metros de superficie. La adquisición fue el 25 de julio del 2025, que no registra como adeudos o pasivos, a comparación de sus cuatro vehículos registrados en activos. Sus ingresos anuales se acercan a los 670 mil pesos.
Esta es tan sólo una breve lista de lo que podrían encontrar Ernesto González Romo y Miguel Ovalle Flores si cruzan datos de las y los beneficiarios enlistados en los subsidios de vivienda del programa Construyendo Bienestar. Hay faltas administrativas que casi rompen récord, tanto en el programa como en las declaraciones patrimoniales de quienes recibieron apoyos de manera totalmente discrecional.♞
Nota: esta columna retomará su publicación habitual a partir del próximo 18 de agosto. Cualquier otra información se difundirá en las redes oficiales de Agenda Política y Gabriel Contreras Velázquez.