De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, no existe contradicción en que el viaducto elevado se construya sobre un tramo de carretera federal (la número 45), ya que entre las autoridades facultadas para liberar dictámenes y opiniones en sentido positivo de la obra, se encuentra reconocida oficialmente la del municipio de Zacatecas.
Aquella ociosa deliberación que un día inició en redes sociales la nueva gobernanza sobre quién debía otorgar permisos, hoy es una realidad indiscutible, de acuerdo con la dependencia federal. Esto porque el pasado 11 de febrero, la SEMARNAT giró oficios para solicitar la opinión técnica del ayuntamiento capitalino, y de la Dirección General de Vida Silvestre de la misma Secretaría.
Se trataba de integrar en su Manifestación de Impacto Ambiental (modalidad Regional) y en el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, con respecto a la construcción del viaducto elevado, a las autoridades gubernamentales partícipes en la autorización de la pretendida obra.
El 10 de marzo pues, la SEMARNAT informa que recibió del ayuntamiento que gobierna Miguel Ángel Varela Pinedo, una opinión técnica (en sentido negativo) y que fue incluida en la resolución de la autoridad federal. De los razonamientos expuestos, la Secretaría de Medio Ambiente obligó a la nueva gobernanza a no desentenderse de otras autoridades.
En cita textual, explica “la presente resolución no exime a la promovente [Secretaría de Obras Públicas] de realizar los trámites que determinen las autoridades locales en el ámbito de su competencia y dentro de su jurisdicción, quienes determinarán las diversas autorizaciones, permisos, licencias, entre otros”.
Todos y cada uno requeridos para la realización de las obras y actividades del proyecto del segundo piso, según la SEMARNAT. Empero, los resolutivos tercero y cuarto, instruidos en el oficio SRA/DGIRA/DG-01589-25 de la Subsecretaría de Regulación Ambiental, vuelven a tumbar los cimientos del segundo piso.
Al igual que el informe justificado que entregó la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes a los jueces federales que revisan los amparos contra la construcción del viaducto elevado, otra dependencia federal afirmó que José Luis De la Peña Alonso realizó trabajos de obra fuera de la legalidad.
Esto es, las únicas autorizaciones que obtuvo la Secretaría de Obras Públicas se concedieron posteriores a la fecha del inicio de las perforaciones del bulevar, y ni siquiera respaldaban las actividades que ya realizaba la nueva gobernanza, las cuales pudieron haber generado daños irreparables a la Ciudad Patrimonio de la Humanidad.
En efecto, hasta este 21 de marzo la SEMARNAT facultó a De la Peña Alonso, únicamente en cuanto a su aspecto “ambiental”, relacionado con las labores previas de la obra como el retiro de postes de alumbrado, retiro de vegetación existente en el polígono de obra, y el desmantelamiento y demolición de otras estructuras.
Ello “sin perjuicio de lo que determinen las autoridades federales y/o locales… La presente resolución no es vinculante con otros instrumentos normativos, por lo cual se deja a salvo los derechos de las autoridades federales, estatales y municipales, respecto de los permisos y autorizaciones de sus competencias”. Un verdadero dardo envenenado al corazón del afamado negocio multimillonario.
Además, debido a que las autoridades federales no tenían conocimiento del inicio de las labores de la obra del viaducto elevado, la Secretaría de Medio Ambiente también obligó a la nueva gobernanza para que a partir de la fecha primero notifique a dicha dependencia de la realización de cualquier actividad, antes de iniciar los trabajos. Cosa que no ocurría.
Es aquí donde empieza el problema y el silencio de todo el gabinete de David Monreal Ávila, en especial de los titulares de la General de Gobierno (que sigue de gira artística por la Ciudad de México mientras que en su despacho parecen estar de vacaciones), Obras Públicas, y Agua y Medio Ambiente. Aunque hayan obtenido dicho “permiso”, el segundo piso permanece en suspensión provisional.
Con el ingreso de otro grupo de amparos, los cuales en próximos días recibirán distintas suspensiones de los jueces federales, el segundo piso permanecerá “clausurado”. Y es que, aún en el caso de que no se logre la suspensión definitiva del proyecto, la nueva gobernanza, sí o sí, deberá luego contar con los permisos de la administración de Miguel Varela, según la propia SEMARNAT.
Lo que nos lleva al punto de origen y la mentira que David Monreal se esmeró en sostener una y otra vez (ya que había entregado el negocio del viaducto elevado a Alejandro Calzada Prats): su gabinete nunca contó con ninguna autorización para afectar la principal vialidad capitalina, en diciembre del 2024.
Este es uno de los puntos medulares que dieron cauce a los amparos en manos del colectivo Ciudadanía Participativa, así como el de las y los otros promoventes. Vestir la “socialización” del proyecto del segundo piso (que a la fecha nadie conoce) con el nombre de MOBI, sólo servía de maquillaje en un cascarón profundamente hueco y quebradizo.
#Casualidades: Todo está listo para que el próximo martes Ángel Román Gutiérrez pida licencia como Secretario General de la UAZ. Concluido su papel al interior de la huelga en la benemérita institución, era cuestión de días para que así sucediera.
Al día siguiente, el miércoles 9 de abril, Román Gutiérrez registrará su candidatura a la rectoría impulsado por el grupo que respaldó la toma de decisiones y la plataforma de consensos que mostró frente al Sindicato del Personal Académico.
Es la primera aspiración que quedará definida, y la más visible hasta el momento, en los prolegómenos del cambio de rectoría. Mientras que en el SPAUAZ siguen en una especie de impasse en la elección del o la candidata que abandere su proyecto.
Ángel Román deberá de presentar de inmediato su programa proselitista, y prepararse para la discusión pública en torno al cambio de órganos de gobierno de la UAZ, donde ya aparecen acusaciones de presuntos desvíos de recursos.
Fuera de estos elementos, en la universidad no asoma una lucha electoral ríspida, pues ni siquiera al inicio de la huelga el imaginario público pasó de la rumorología a los datos duros y las pruebas que sostuvieran algunas sospechas.
Será una confrontación de intereses entre los grupos universitarios, que hasta el momento no han dado visos de contrincantes listos para darle la lucha a Román Gutiérrez, en especial en un sindicato donde parece que las divisiones siguen permeando al interior..