Es un hecho que la nueva gobernanza ha dado por perdida la batalla de las suspensiones temporales y definitivas, iniciadas en distintos amparos que se han promovido en contra de la construcción del viaducto elevado en Zacatecas. Al menos así lo han manifestafo ante la jueza segunda de distrito María Vizcaya Zamudio.
Las autoridades obligadas a rendir informes justificados cayeron en omisión, según se relata en la suspensión definitiva del amparo 927/2025, y son al menos once distintas. De estas, ocho prefirieron no entregar los datos que les fueron requeridos en diversos oficios del Poder Judicial Federal.
Entre algunas de ellas se encuentran la Jefatura de la Oficina del Gobernador que mangonea a su antojo (y a todo el gabinete) Carlos Alberto Zúñiga Rivera. Protección Civil del Estado, la Secretaría de Agua y Medio Ambiente, la Procuraduría estatal de Protección al Medio Ambiente, y la PROFEPA.
Mientras que otras dependencias como la Secretaría de Economía, la SEDUVOT y Obras Públicas al negar el acto que se reclamó (la suspensión definitiva) en sus informes justificados, asegura la juez María Vizcaya, entregaron las pruebas documentales que más bien advertían la necesidad de parar las obras.
Resalta en el acuerdo de la jueza segunda de distrito, como se advirtió en esta columna semanas atrás, que las empresas del consorcio HYCSA serían citadas finalmente como terceras interesadas a la audiencia incidental, la cual fue fechada el próximo 30 de mayo, a las nueve horas.
De mayor importancia resulta el argumento de la jueza de distrito, en cuanto a que el contrato plurianual firmado entre el gabinete de David Monreal Ávila (nunca con su rúbrica) y los empresarios Alejandro Calzada Prats y Luis Enrique Camarena Muñoz, contenía errores esenciales en su diseño original.
El de mayor trascendencia es el que asegura que tanto en el apartado de “Gestoría de Licencias y Permisos”, así como en el de la elaboración del proyecto ejecutivo, es más bien el “gobierno” estatal el responsable de obtener cualquier permiso de las autoridades federales, estatales o municipales.
Para ello se recarga en el artículo 8° de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados para el Estado de Zacatecas. Un argumento que deja al desnudo la impericia de José Luis de la Peña Alonso, como titular de Obras Públicas, al diseñar un contrato que ni siquiera tiene coherencia con el marco legal que rige sus funciones.
De tal manera que, trascendido el debate sin sentido sobre qué colectivo ciudadano obtuvo primero una “suspensión definitiva” (la cual todos iban a obtener), como lo vivimos los días previos al periodo de asueto de Semana Santa, es el contenido de lo que advierten los amparos los que deberían de regir la opinión pública en Zacatecas.
Resalta en el caso de los promovidos por el despacho del abogado Jorge Rada Luévano que la SEDUVOT de Luz Eugenia Pérez Haro omitió, en todo momento, solicitar, tramitar y conceder el debido Estudio de Impacto Vial al Hospital del ISSSTE, la Guardia Nacional, Escuela Secundaria Técnica No. 1, y la Unidad Académica de Derecho (UAZ).
Que la Secretaría de Economía de Jorge Miranda Castro omitió la realización del debido Estudio de Impacto Económico, y la vigilancia correspondiente para que la obra contara con autorizaciones, estudios y dictámenes necesarios “establecidos en las leyes estatales, así como municipales” para la construcción del referido proyecto.
De la Jefatura de la Oficina del Gobernador, nada más y nada menos que “la orden y elaboración del denominado ‘Proyecto Integral Viaducto Elevado Zacatecas, sobre el boulevard Adolfo López Mateos y la Calzada Héroes de Chapultepec”. Por ende, aunque David Monreal no firme el contrato, sí incurre en omisión administrativa.
Empero, si bien algunas dependencias de la nueva gobernanza entregaron documentales de prueba, “ninguna de ellas representa permiso o autorizaciones relativas a la construcción del viaducto elevado”. Como el hecho de que Obras Públicas presentara planos de obra y coordenadas de proyecto a manera de “autorización” del proyecto.
O nada de ello ha entendido a cabalidad el coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, o Rodrigo Reyes Mugüerza ya no le sirve de alfil para conocer el estatus real en el que se encuentra (hundido) el “gobierno” de su hermano. El exasesor de Ricardo Monreal Ávila se encuentra en la encrucijada política del momento.
Mientras recibe recursos desde la Ciudad de México para “promover” su aspiración al gobierno estatal, intenta al mismo tiempo quedar bien con su jefe administrativo, David Monreal, evadiendo la realidad de la crisis en que se encuentran. Aquello augura un desenlace poco favorable al querer “quedar bien” en uno y otro lugar.
En una situación muy parecida se encuentra Susana Barragán Espinosa. Al tiempo que un grupo la promueve como rival de Verónica Díaz Robles (la favorita de David), otra ala “davidista” ya requirió a las huestes de José Saldívar que trabajen y pongan a disposición sus estructuras para afianzar la candidatura de la de Villanueva al municipio de Guadalupe.
#Casualidades: Finalmente iniciaron las campañas para la renovación de la rectoría al interior de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Tendrán una duración breve; apenas dos semanas y media de proselitismo electoral.
En ese corto lapso, el contraste de propuestas será una pincelada en el calendario que tienen encima Ángel Román Gutiérrez y Jenny González Arenas. Sin embargo, el primer manotazo vino del exsecretario General de la Universidad.
Román Gutiérrez comenzó deslindándose de intereses partidistas y políticos que pudieran ensuciar su proyecto. La respuesta de Jenny González llegó en el mismo sentido, horas después de que su rival diera el banderazo.
Así será la contienda. Además de imponer propuestas llamativas (y que vayan al fondo de la problemática de la máxima casa de estudios), después de una lucha sindical recién concluida, ganará atractivo quien ofrezca una nueva narrativa, más allá de la conocida.
Lo mismo quien se acerque más a la comunidad universitaria, antes que encerrarse en las divisiones de grupo que se vieron al interior del Sindicato del Personal Docente, en meses previos. Esas grietas salieron caras al iniciar y luego concluir la huelga.
Quien logre presentarse más como cabeza de la comunidad universitaria, y no de los intereses de algunos colectivos en su interior. Y quien se sitúe más cerca del segmento estudiantil, al que dirigirá por los próximos cuatro años. Eso, Ángel Román lo tiene muy claro.