Que David Monreal Ávila enfrente un procedimiento de desafuero en el Poder Legislativo del Estado, es un hecho factible que, en buena medida, depende de la congruencia que muestre el magistrado Jesús Bautista Capetillo, cónyuge de la diputada con licencia, Soralla Bañuelos de la Torre.
Es él quien inició el juicio de amparo, contenido en el expediente 370/2024, con la finalidad de impugnar el procedimiento para la designación de una vacante en el Tribunal de Justicia Laboral Burocrática, y con el que logró la suspensión provisional de un nombramiento que debía desahogar la LXIV Legislatura, a más tardar el 29 de febrero.
Es él quien presentó una garantía líquida de 200 mil pesos, como le fue requerida por el juez primero de distrito, para seguir el juicio de amparo hasta ahora vigente. Y de acuerdo con una notificación del Poder Judicial Federal a la Legislatura, el pasado 20 de marzo se acreditó el pago requerido.
Bautista Capetillo y la Legislatura tienen en sus manos pruebas documentales oficiales que acreditan dos posibles delitos cometidos por el que insisten en llamar “gobernador”: una, el desacato a una medida cautelar de suspensión provisional, y dos, la falsedad de declaraciones frente a otro poder del estado.
Suena bastante disparatado, pero en el oficio RODG/19/2024, la única firma plasmada es la de Monreal Ávila. Cauteloso como suele serlo para evitarse problemas, Ángel Manuel Muñoz Muro evadió integrar su antefirma para saltar cualquier responsabilidad legal en todo este entramado.
Empero, es el coordinador general jurídico, casualmente, quien llevó a David a presentar un documento que lo pone en la antesala de un procedimiento de desafuero, si es que Jesús Bautista renuncia a negociar con la nueva gobernanza. De prestarse, confirmaría las sospechas de corrupción que tanto le achacan en este “gobierno”.
En el oficio mencionado, Ángel Muñoz falseó los hechos del juicio de amparo, mismos que se desvirtúan con los autos del expediente. Empero, no fue él quien asumió responsabilidad por declarar ficticiamente que la suspensión provisional quedaba sin efectos, sino que empujó por delante al que desconoce el barco que dice “capitanear”.
Y es desde la coordinación jurídica donde intentaron imponer a como diera lugar a Norma Esparza Castro en un asiento del pleno del Tribunal Burocrático, incluso al costo de entregar la cabeza de David. A ese extremo ha llegado Muñoz Muro con tal de demostrar un mínimo de poder frente a tantos yerros personales, desbordado en confianza por el manto de “impunidad” que usa diariamente.
El tema apenas ha tocado la luz pública, y ya comienzan los primeros posicionamientos. Así los veremos en unos cuantos días, cuando la Comisión Jurisdiccional reanude sus trabajos y sea el diputado Enrique Laviada Cirerol quien recuerde el desaseo absoluto del procedimiento.
Tiene en el escritorio la misiva turnada a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, el pasado 27 de febrero, con la que se deslinda del dictamen que pudiera procesar la Junta de Coordinación Política al haber desconocido la labor de la Comisión Jurisdiccional, que filtró a los primeros candidatos idóneos.
Empero, no existía en el imaginario de Laviada Cirerol, y francamente en el imaginario de ningún otro diputado, la posibilidad de que el coordinador jurídico además de operar sin votos y lanzar oficios bastante absurdos (firmados por una minoría de diputados) con los que desconocían la convocatoria, ahora convenciera a David de caer en desacato.
No sólo es un delito de orden federal, a ello hay que agregar Monreal Ávila “designó” a Norma Esparza fuera del periodo legal para enviar a la Legislatura la terna final del nombramiento. Una “monumental pendejada”, como bien lo advirtieron quienes recibieron sendas pruebas en la oficialía de partes del Congreso.
El oficio con el que innecesariamente le abre la puerta al procedimiento de desafuero lo rubrica un 20 de marzo del 2024, una veintena de días después de fenecido el plazo que establece la constitución local. Y con el pretexto de algo absolutamente falso: que el juez federal negó el amparo por falta de garantía del quejoso.
Tal vez sea que Ángel Muñoz esté más entretenido en convencer a Oswaldo Caldera Murillo de liberar uno de los automóviles oficiales de la Coordinación Jurídica, que fue siniestrado por un funcionario que manejaba en estado de ebriedad. Aunque, se antoja de “monumental pendejada” que el ángel de la muerte despachara, así sin más, a su propio patrón.
#Casualidades: Es tanto el peso negativo y la percepción del Cachorro Monreal en Fresnillo, que en la coalición Morena-PVEM mejor borraron cualquier rastro de él. Como en caso de la planilla municipal que hoy está en campaña.
Ahí, por ejemplo, no quieren saber absolutamente nada de Saúl. Por eso mejor “acompañan” a Benelly Hernández Rudas, familiares e incondicionales de políticos allegados a la nueva gobernanza (menos cercanos al “gobierno” municipal).
Como Gloria Gabriela Morales Huerta, cónyuge del exdiputado Héctor Adrián Menchaca Medrano. Y la otrora responsable de las finanzas del partido guinda en Zacatecas, Gladys Celene Campos Villanueva, también auxiliar legislativa del exdiputado Omar Carrera Pérez.
Lo mismo para José de Jesús Correa Cortés, quien colaboró localmente con David en el desastroso programa del Crédito Ganadero a la Palabra. Por su “buen desempeño”, luego Verónica Díaz Robles lo nombró coordinador distrital federal de Morena.
A partir de entonces recibió 30 mil pesos mensuales en la nómina del partido para ayudar a la estrategia de los del Bienestar, Mientras que su esposa, Perla Ventura, fue contratada en la dirección del INEA, región Fresnillo.
O sea que, si Fresnillo se pierde, en buena medida será por el voto de castigo que acumuló Saúl en estos cinco años de “gobierno”. Si lo retienen, será gracias a Verónica Díaz, y a una candidata a presidenta que no se apellida Monreal y deberá obedecer a un cabildo que mayoritariamente manipula la delegada. Vaya momento para ser el Cachorro…