De acuerdo con las declaraciones del abogado Darío Gamón Rodríguez, posteriores a la audiencia de vinculación a proceso de su cliente Rubén Ibarra Reyes, en realidad nunca hubo una “reclasificación” del delito por el que fue sentenciado el (¿todavía?) rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas.
Lo que el juez Alfredo Sánchez Domínguez determinó fue un auto de no vinculación en el presunto delito de violación equiparada agravada, y un auto de vinculación en el delito de abuso sexual a una menor de edad. Esto es, los elementos que presentó el ministerio público, en el primer caso, no fueron ni determinantes ni contundentes.
La Fiscalía General de Justicia del Estado entonces solicitó al juez de la causa penal un procedimiento abreviado, con la posibilidad de alcanzar la suspensión condicional de la condena en contra del acusado. O sea, la misma representación de la familia de la menor de edad accedió a renunciar la continuación del juicio.
De haber proseguido, se tendrían que desahogar más datos de prueba con los que no se contaron desde noviembre del 2024 (y a la fecha), cuando fue impuesta la denuncia por parte de los padres de la víctima. Como resultado, y al ser primo delincuente, Ibarra Reyes obtuvo sus primeros beneficios legales.
Uno de ellos consiste en el descuento de la pena en una tercera parte (de 6 a 4 años), con el que obtuvo la ahora conocida libertad condicional, como se prevé en los delitos de “menor gravedad”. A ella se suma la reparación integral del daño a la víctima, y el pago de una multa ante el tribunal de enjuiciamiento.
En eso consistió la audiencia de más de 20 horas que inició el jueves 15 de mayo, y que concluyó en las primeras horas del viernes 16 de mayo. Empero, en el debate público se perdió de vista el hecho de que el juez Alfredo Sánchez dictara el auto de no vinculación por violación equiparada agravada.
Ello implicaba que Rubén Ibarra únicamente podría continuar el juicio por el delito de abuso sexual, pues la Fiscal Especializada en Delitos Contra las Mujeres por Razones de Género no logró sustentar la solicitud de una pena superior a los 20 años de prisión con los datos de prueba recabados en los últimos seis meses de investigación.
Vista de esa manera la audiencia inicial, cabría preguntarse: ¿por qué judicializaron esa carpeta de investigación si carecía todavía de pruebas contundentes en el primer delito? ¿Y por qué la FGJZ se aventuró a una orden de aprehensión en la fecha del inicio de las votaciones para elegir la nueva rectoría de la Universidad?
Justo porque el ministerio público no cubrió el requisito de contundencia de la prueba (que no generaran la menor duda), luego se abrió la oportunidad de un acuerdo de “reparación” entre el agresor y la familia de la víctima, con la consecuente orden de libertad condicional de la que hoy es sujeto Rubén Ibarra Reyes.
¿Por qué acelerar entonces el proceso de judicialización y no dar más tiempo a la investigación (que en sí ya sumaba un semestre)? ¿Qué hechos narrados por la familia de la víctima, y por la menor de edad, pudieron atestiguarse únicamente en la presencia y/o con el consentimiento de otro adulto? ¿Hubo coautoría y/o corresponsabilidad?
Resultan trascendentales esta últimas dos interrogantes en el debate público porque también se pone en duda la idoneidad de que Perla Trejo Ortiz (pareja de Rubén y tía de la menor de edad) asuma el cargo de Secretaria General. Sin embargo, el sigilo de buena parte de la carpeta de investigación nos impedirá conocer aquellas respuestas.
De lo que queda plena certaza, porque el juez sí determinó la vinculación a proceso por el delito de abuso sexual, es que la menor vivía en un contexto familiar poco propicio para su seguridad e integridad. No importa cuántos datos de prueba solicitara el (¿todavía?) rector, el ministerio público (ahí sí) lo demostró con contundencia.
Por ende, Rubén Ibarra se ha convertido en un delincuente confeso, aunque intente imponer la narrativa de que aquello lo hizo por la “tranquilidad de su familia”. Un delincuente confeso que todavía permanece en el cargo de la rectoría, si en su defensa argumenta en contra de la (irrisoria) sesión del Consejo Universitario de este lunes.
Con lujo de detalle hoy sabemos que, en vez de votar en contra del orden del día propuesto por Juan Armando Flores de la Torre, buena parte de consejeros y consejeras abrieron la puerta para que Rubén continuara al frente de la UAZ, sin aterrizar en las disposiciones de la ley orgánica para el caso de la destitución.
¿No era más fácil modificar el orden del día e instituir de inmediato el procedimiento de destitución? De ninguna manera ello representaba volver a juzgar a Ibarra Reyes (como se asumió erróneamente), sino únicamente darle formalidad a lo establecido en los estatutos, de tal manera que Rubén se hiciera de menos elementos en caso de impugnar la votación. Pero, los ánimos y los prejuicios superaron (otra vez) a su propia normativa interna.
#Casualidades: Mientras las y los universitarios terminan de poner en ridículo a la institución que tanto dicen salvaguardar, en la nueva gobernanza festejan tremendos días de vacaciones que les ha regalado el conflicto interno de la UAZ.
Nadie voltea al moribundo sexenio de David Monreal Ávila, pues la universidad se ha convertido en un distractor (en veces de pena ajena) de largo alcance. La discusión pública lleva más de dos semanas concentradas en un solo tema.
En el foco público se ha perdido, por ejemplo, la instrucción oficial que hoy tiene el gabinete de la nueva gobernanza para apuntalar a Rodrigo Reyes Mugüerza como el candidato oficial y sucesor de David Monreal.
Todo el apoyo para Rodrigo. Desde servidores públicos hasta proveedores, la indicación es una sola y va consensuada por los de Puebla de Palmar. Excepto tal vez por Saúl Monreal, que aún insiste -ingenuamente- en que “no hay nada definido”.
Tal vez no le han avisado que David recientemente dio luz verde para que, a como dé lugar, Rodrigo crezca en las encuestas. Probablemente sea momento de que lo saquen a municipios, porque en las zonas urbanas el desprestigio lo rebasa.
Por cierto, voces muy bien enteradas al interior del gabinete confirmaron a este espacio que, 48 horas antes de la sentencia en contra de Rubén Ibarra, fue el propio Rodrigo quien se sentó con Darío Gamón para tratar de ayudar al (¿todavía?) rector de la UAZ. Un tema en el que siempre se sintió la mano de la nueva gobernanza… para bien y para mal.