Aunque en el gabinete de la nueva gobernanza corría la incertidumbre sobre su futuro electoral, este fin de semana se alinearon las astros a su favor. Después del tremendo dislate del diputado Santos Antonio González Huerta, las cosas regresaron a la normalidad legislativa que -hasta hoy- los tendría en un dilema.
El pasado viernes se realizó una primera lectura de la iniciativa que modificaría el plazo constitucional en disputa, pues Santos como presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales dejó pasar un dictamen que cambió el periodo a un año para que las y los titulares de dependencias renuncien a sus encomiendas administrativas si buscan alguna diputación.
Ese dictamen fue publicado en el Periódico Oficial Órgano de Gobierno del Estado el 11 de enero del 2025, y contenía las nuevas disposiciones para la elección de jueces y magistrados del Poder Judicial en Zacatecas. Ahí nació el Órgano de Administración que hace unas semanas rectificó la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Si tenía dedicatoria o no la modificación, definitivamente se puso en dicha reforma aprovechando el río revuelto del debate constitucional, por consentimiento u omisión del diputado González Huerta como presidente de dicha Comisión, ya que ese punto en específico era completamente ajeno a toda la iniciativa y su exposición de motivos.
Por ende, que el dictamen #94 de la LXV Legislatura incluyera la reforma al artículo 53 era una manera de trastocar el estado de cosas en que se encontraba la nueva gobernanza a un año del cambio de poderes en Zacatecas. Esa fecha se cumplirá el próximo sábado si es que los cabildos no aprueban antes la nueva iniciativa.
Diputadas y diputados consultados por este espacio afirmaron que este mismo martes se daría una segunda lectura y se sometería a votación el dictamen que regresaría el periodo a los 90 días previos a la elección, contando con los sufragios suficientes para sacar de la incertidumbre a todo el gabinete.
La sesión se tendría que realizar, por segunda ocasión, en una sede alterna pues el recinto legislativo permanece tomado por organizaciones civiles. Empero, el citatorio que recibieron las y los legisladores es para las 11 horas del martes 2 de junio, con la finalidad de someter a votación distintas iniciativas.
La más importante es la que se esconde en el dictamen para revestir de lenguaje incluyente la normatividad electoral, con la modificación del periodo en el que deben renunciar las y los titulares de la administración pública que imaginen el próximo episodio de su carrera política como tribunos de la LXVI Legislatura.
Revivirá, como se ha expuesto, los 90 días antes de la elección en tiempo suficiente para dejar sus encomiendas. Lo que garantiza que secretarias y secretarios puedan utilizar el poco recurso público que les permite Carlos Alberto Zúñiga Rivera para promocionarse todavía en las precampañas que concluyen en febrero.
Todo esta torpeza patrocinada por Santos González tocó algunas fibras del gabinete que arrojaron datos importantes. El más llamativo, hasta el momento, fue que aquel nerviosismo se instaló en buena medida dentro de la Jefatura de la Oficina del Gobernador, donde Zúñiga espera (y necesita) alguna diputación plurinominal.
Sin embargo, las tensiones se acumulan en mayor medida en el proceso interno de Morena, que dista mucho de los proyectos electorales que tengan en mente dentro de la nueva gobernanza. A partir de la designación de la o el coordinador(a) de la defensa del voto guinda en Zacatecas, los futuros tendrán consistencia.
En voz del diputado Alfonso Ramírez Cuellar, que pulsa de cerca los ánimos de Palacio Nacional, hubo una reciente advertencia sobre la posibilidad de que el partido guinda caiga en las tentaciones de imposición por encima de las encuestas como método de selección (que garanticen competitividad a la marca de Morena en el estado).
El peor escenario es la derrota, como lo había explicado anteriormente Saúl Monreal Ávila al respecto de las actitudes sectarias y de división de la misma dirigencia estatal de su partido. En consecuencia, el armado electoral que imagina la nueva gobernanza no estará ni de cerca de parecerse a lo que ocurra a finales de este mes de junio.
La recomposición interna va a romper, obligatoriamente, el cerco de exclusión que mantiene Rubén Flores Márquez, como integrante del grupo que impulsa las aspiraciones de la senadora Verónica del Carmen Díaz Robles. Y el primero en poner el ejemplo fue su excuñado, el “Cachorro” de Puebla del Palmar.
Lejos de cualquier ofrecimiento a cambio de levantarle la mano a la exdelegada del Bienestar, lo que logró Saúl fueron acuerdos directos con la dirigencia nacional. Mientras todos se enfocaban en el discurso reiterado del “anti-nepotismo”, Saúl saltó el primer gran obstáculo: permanecer vigente en la elección sin comprometer su apoyo a la excuñada aspirante.
#Casualidades: Al concluir la elección con la que los coahuilenses renovarán la composición de su legislatura local (el próximo domingo), la dirigencia del Partido Acción Nacional en Zacatecas deberá de llamar a un nuevo consejo estatal.
Al menos ese fue el compromiso frente a la militancia, en su pasada asamblea. La intención es poner en el centro del debate la política de alianzas partidistas rumbo a la elección del cambio de gobierno en la entidad el próximo año.
En este nuevo consejo Miguel Ángel Varela Pinedo y Noemí Berenice Luna Ayala tendrán que definir su posición frente a la dirigencia nacional de Jorge Romero Herrera, que se niega a construir coaliciones estatales para los comicios del 2027.
Hasta el momento han mostrado comodidad en forma de resignación a lo que defina la Comisión Permanente del CEN del PAN, sobre la posibilidad de que el partido participe sin alianzas para el caso de Zacatecas y Aguascalientes.
Esa comodidad tiene sus razones. La prioridad de Varela Pinedo en caso de que la coalición no se concrete, es realizar una campaña que se enfoque en los patrocinios más que en la competitividad de su partido en la elección de cambio de gobierno.
Se le olvida el cronograma de las auditorías forenses que pesan sobre su cabeza. Aunque intente vender la idea en algunos medios de comunicación de que las sanciones llegarían hasta febrero, el calendario de la Auditoría Superior de la Federación lleva como fecha límite octubre del 2026.
Lo que nos permite pensar que Varela ni siquiera estará en posibilidades de competir, por ningún puesto de elección popular cuando la oposición esté construyendo una posible coalición que tendrá que registrar ante el IEEZ a más tardar en diciembre.