Las versiones que ha ofrecido el alcalde Julio César Chávez Padilla acerca de las mesas de trabajo para construir salidas a los adeudos municipales con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), tienen un importante contenido de imprecisiones.
En ningún momento el titular del IMSS podría ofrecer -y de acuerdo con fuentes consultadas por este espacio, Zoé Alejandro Robledo Aburto no ha brindado- la posibilidad de condonar contribuciones patronales, vinculadas directamente al pago de cuotas obrero patronales de la presidencia municipal.
Debido a que no se trata de créditos fiscales, sino a derechos traducidos en la prestación de los servicios de seguridad social, nunca ha sido viable la supuesta “condonación” de adeudos porque ello afectaría directamente las semanas de cotización de su plantilla laboral, así como de otros 53 municipios y organismos descentralizados estatales. En términos llanos: abre un hueco para tapar otro.
Tampoco se pueden regularizar los adeudos ofertando bienes inmuebles que se consideren como dación en pago para la extinción total o parcial de las cuotas y aportaciones que debían depositarse a las cuentas individuales de los trabajadores.
Esa modalidad de amortización, de acuerdo con la Ley de Ingresos de la Federación 2020 en su artículo noveno transitorio, únicamente es aplicable a los deudores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Así lo hizo en su momento la administración de la exgobernadora Amalia Dolores García Medina con la Universidad Autónoma de Zacatecas, al encontrarse la máxima casa de estudios en este régimen de seguridad social.
La posibilidad de cancelar la prestación de servicios médicos, de guarderías, y otros, es otra de las conjeturas que no ha permeado en las mesas de diálogo entre autoridades federales y municipales. La condición para que esto sucediera tendría que ver más bien con la declaratoria en imposibilidad de pago de los ayuntamientos morosos, situación que no ocurre así.
En el eje en el que sí han girado las reuniones de acuerdo entre autoridades municipales y Zoé Robledo, es en la posibilidad de abrir una serie de convenios con los ayuntamientos que busquen la obtención de recursos extraordinarios para el pago del entero a cuenta (una suerte de “enganche”), y la liquidación de los adeudos totales a través de parcialidades.
En torno a esas tópicos se desarrollaría la mesa de trabajo programada para el pasado 4 de febrero entre munícipes y el titular del IMSS, y que tuvo que ser cancelada en medio de la tormenta mediática nacional sobre límite superior de salarios mínimos cotizables para el pago de pensiones (si el techo permanecía en 25 o en 10 salarios).
Ahora bien, la condición primordial que deberán contener cada uno de estos convenios es incluir una cláusula que permita, como lo estableció el Poder Legislativo del Estado hasta 2010, el embargo de participaciones federales en caso de que un municipio, en un futuro, retrase el pago de prestaciones laborales. La cláusula no aplicaría, en lo inmediato, sobre la cancelación del adeudo en distintas parcialidades.
Para ello, los municipios deben de buscar forzosamente recursos extraordinarios que les permitan renegociar sus deudas, teniendo como aval al Gobierno del Estado de Zacatecas. Hasta el momento, Julio César Chávez Padilla no ha explicado si su jefe político, David Monreal Ávila, contempla gestionar una partida presupuestal que ayude a su grupo minúsculo de deudores.
Teniendo en cuenta que David sólo ha logrado agendar reuniones que no solventan los problemas de fondo, y para este año perdió el 75% de los recursos del Crédito Ganadero a la Palabra, es previsible que la bolsa de recursos que necesita para el pastoreo de unos cuantos no llegue pronto.
El munícipe guadalupense podría ayudarle al desahuciado Coordinador Nacional de Ganadería, priorizando las realidades de su administración. Pese a ello, otorgó en concesión el servicio de limpia por un total anual de 5 millones 827 mil 586 pesos.
Falta la adquisición de una línea de crédito por 65 millones de pesos para concretar la innovación (eufemismo de “concesión”) de luminarias, y que fue detenida por la Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal de la LXIII Legislatura debido a que el presidente municipal de los reflectores mediáticos no ha concluido con la revisión del contrato por 354 millones, para el mismo fin, aprobado en el gobierno de Enrique Flores Mendoza.
¿Cuál es la prioridad de Chávez Padilla? ¿Cuáles los alcances de David Monreal? ¿A qué empresa otorgarán la licitación del servicio de alumbrado y con qué recursos? Está en juego la caja chica en que se ha convertido el ayuntamiento de Guadalupe, y que se utiliza para solventar algunos compromisos financieros y políticos locales a nombre del Coordinador de Ganadería.
Los recursos existen, siempre y cuando el cabildeo exceda al interés de buscar rendimientos financieros con los servicios públicos. Así lo demostró la secretaria de Energía, Norma Rocío Nahle García, en su visita por Zacatecas donde dejó una derrama de 15 millones de pesos para la reducción de costos en el alumbrado público, en los municipios de Pinos y Río Grande.
#Coincidencias: Concluyeron los primeros tres amparos en contra de los Impuestos de Remediación Ambiental, establecidos por el Gobierno del Estado en la Ley de Ingresos del 2017. Las empresas Aeropuerto de Zacatecas, Compañía Cervecera de Zacatecas y Exploradora de Sombrerete serán las primeras en integrar los faltantes de los últimos tres años.
A diferencia del vacío informativo que inundó la crisis de recursos en el ISSSTEZAC, y que concluyó con el rumor de la salida de su actual director, los también conocidos como “impuestos ecológicos” merecerían el desarrollo de una línea discursiva seria y coherente.
Su antecedente se ancla en las tensiones entre la iniciativa privada y el ejecutivo estatal, Alejandro Tello Cristerna. De ahí que la apertura, el diálogo y la transparencia en el destino de los recursos debieran ser los pilares del mensaje que termine de recomponer la relación Gobierno-IP y que ha procurado de forma intermitente Carlos Fernando Bárcena Pous.
Sirva de referencia que estos problemas tendrían que permear el debate público, como lo es la condición financiera que atraviesan trabajadores con doble pensión (en su mayoría del magisterio), en contraste con las próximas generaciones que percibiremos nuestras Afores no como un privilegio, sino como derechos atenuados.
Es en la forma de construir el mensaje, la calidad con la que se tienden los puentes con los sectores sociales. Un problema de recursos no debería haber concluido con una imagen de represión “sindical”. En el medio, la falta de un debate público sano, con información asimilable, llevó al contrincante al escenario más favorable: la victimización. ¿Y el problema real? Se esfumó de la opinión pública.
Twitter: @GabrielConV
Facebook.com/AgendaPolZac