Las reacciones de la Delegada de Programas de Desarrollo en Zacatecas frente al panorama político del estado, o son muy lentas o muestran total desinterés. Presente en la reunión de delegados con Andrés Manuel López Obrador el pasado martes, Verónica del Carmen Díaz Robles prefiere guardar silencio.
La delegada no ha hecho público el llamado del presidente donde advirtió denuncias para funcionarios que intervengan en la elección de Morena. Tampoco se ha deslindado de los servidores de la nación en Zacatecas que intervinieron en las asambleas distritales del pasado domingo 13 de octubre, como aquí lo señalamos hace algunos días.
Pero no es la primera vez que eso sucede. Previo al informe presidencial de septiembre, los delegados ya habían sido citados en los salones del Palacio Nacional. La sentencia fue la misma: saquen las manos de la elección de Morena. Verónica Díaz también calló.
Por segunda ocasión, López Obrador, más en amenaza que en sugerencia, recordó a sus subalternos que Morena propuso la inclusión de los delitos electorales entre la lista de los que ameritan prisión preventiva oficiosa, y según lo relatado por Salvador García Soto en El Universal, la plática no fue nada amistosa.
Al concluir la misma, los medios de comunicación y las redes sociales dieron cuenta del “memorándum” presidencial que pretende abrir una etapa de denuncias contra todo aquel funcionario federal que utilice recursos públicos y humanos, y/o condicione beneficios con el objeto de incidir en los resultados de la interna en el partido del gobierno.
La elección de Morena se encuentra a días de finalizar sus asambleas distritales, algo tarde para un segundo llamado del presidente que hasta ahora no incidido en el proceso interno del partido que fundó. Interviene, sí, pero en la estructura a cargo de sus delegados territoriales.
Fue durante la comparecencia de la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, que conocimos qué delegados ya tienen denuncias por el uso indebido de programas sociales. Entre ellos están los funcionarios de Sonora, Sinaloa, San Luis Potosí, Puebla, Guanajuato, Colima, Chiapas, Chihuahua y Aguascalientes.
El pasado martes, de acuerdo con fuentes oficiales, en las oficinas de la Secretaría de la Función Pública recibieron una denuncia más en contra de la delegada en Zacatecas. La intromisión en el proceso electoral por la acción de los servidores de la nación, así como el condicionamiento de apoyos sociales fue expuesta.
No obstante, esta también sería la segunda señal que envía el presidente a su militancia, al partido y a su gobierno, durante el desarrollo de la elección interna (la primera fue la sugerencia de abrirse a las encuestas). El ambiente se enrarece aún más con la pugna entre el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) contra la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) para definir la suspensión de la elección.
Como antecedente, la Sala Superior del Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial de la Federación, el pasado 9 de octubre resolvió que la CNHJ “no tiene la competencia para emitir lineamientos, ni tampoco para modificar la convocatoria o establecer restricciones que no se encuentran previstas en la normativa del partido”.
La autoridad electoral determinó también que el CEN “es el órgano partidista facultado para emitir las disposiciones relativas a la convocatoria”, empero, a la expresidenta del Consejo Nacional de Morena, Bertha Luján Uranga, conviene la continuación de un proceso interno con un padrón no compulsado y que operó Gabriel García Hernández, su promotor a la presidencia del partido.
Los elementos configuran una elección irregular por donde se le vea. Intromisión de funcionarios advertidos de no hacerlo, un padrón irregular que invalidaría la convocatoria y que en su sitio web el partido reconoce que es un documento no actualizado; violencia, robo de urnas, intromisión del crimen organizado.
¿Cuál es el alcance de un memorándum presidencial cuando la elección apunta a la ruptura y escisión de Morena en el corto plazo? De validar los resultados, la militancia objetaría el mandó “legítimo” del presidente. Así comenzaría el éxodo de los grupos a otras alternativas políticas contrarias a las de López Obrador.
Otro escenario probable es la renuncia del presidente a Morena, y el golpe de timón de los intereses pragmáticos en un barco a punto de hundirse. Las salidas plausibles a la tragedia de la ola marrón: suspender la elección hasta contar con un padrón “confiable”, abrir la puerta a las encuestas.
El problema: los intereses creados se encuentran en un periodo de incubación muy adelantada. A cualquiera de las salidas civilizadas de la elección tendría que anteceder un gran acuerdo de no agresión entre las corrientes internas, sin embargo, no asoma atisbo ni de respeto ni de cordialidad.
Y todo eso sucede porque, para lograr el acceso al poder, Andrés Manuel antepuso una columna de grupos de interés ajenos al de su “movimiento de regeneración”. ¿Cómo convivir en un partido donde la moral y el pragmatismo están ahí para la destrucción mutua? En juego la elección del 2021.
#Casualidades: Por si no bastaban las quejas y denuncias alrededor del Crédito Ganadero a la Palabra, el pasado lunes resurgió en Oaxaca la inconformidad de la Unión Ganadera Regional sobre la entrega de novillonas en la región del Istmo de Tehuantepec.
Andrés Manuel López Obrador tuvo conocimiento del bloqueo de las vías de comunicación que conectan los accesos de Chiapas y Veracurz con la costa oaxaqueña, pues un grupo de ganaderos bloqueó con piedras, carretas y tractores la carretera transístmica.
Las quejas: irregularidades en la asignación de 200 animales de desecho, en contraste con los 400 de crianza prometidos, y subejercicio de recursos pues se interrumpió la entrega de “novillas”, por lo que Oaxaca únicamente recibió 6 de los 450 millones presupuestados en ese programa.
A la par, legisladores del PAN presentaron otra denuncia ante la Fiscalía General de la República por presunto desvío de recursos por 3 mil millones de pesos del Crédito Ganadero y Fomento Ganadero, pues al existir subejercicio se destinaron a otros componentes agrícolas.
El peor escenario posible hacia el cierre de año del Coordinador Nacional de Ganadería coincide con la salida de David Monreal Ávila de los reflectores públicos. Esta vez el funcionario no pidió a los ganaderos sus denuncias, ni les chasqueó aquello de que “si no les gustan, no las agarren”.
Quienes han estado cerca del coordinador reconocen que David no se ha repuesto del duro golpe, propinado por su propio equipo, de organizar una reunión proselitista que minutos después fue ventilada públicamente. La información llegó hasta la Ciudad de México, donde terminó de confirmar las sospechas presidenciales.
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