Foto: Archivo Agenda Política.
Zacatecas, Zac.- Aunque los grupos parlamentarios del Revolucionario Institucional y de la Regeneración Nacional reaccionaron rápidamente al llamado del gobernador Alejandro Tello Cristerna, con respecto a la política de austeridad acorde a la reducción de presupuesto que sufrirán los ingresos estatales en 2020, la LXIII Legislatura mantiene a cuestas una nómina obesa y opaca.
A través de la solicitud de información pública con folio 00780619, en fecha del 4 de octubre del presente año, Agenda Política pudo constatar el incremento real del gasto legislativo en la partida presupuestal 1211 correspondiente a “Servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios“, así como los contratos o nombramientos realizados de forma eventual, ambos del rubro de Servicios Personales. A ello se suma el personal de base que rondaría las 300 plazas.
Los datos recibidos de la Unidad de Transparencia del Poder Legislativo, a cargo de Ana Lidia Longoria Cid (firmante del documento otorgado a este portal), no cumplieron con las expectativas de la información solicitada, por lo que Agenda Política tuvo que darse a la tarea de indagar minuciosamente los pormenores de ambas nóminas, y lo que encontró fue opacidad y simulación.
La petición ingresada en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) tenía como objetivo conocer: nombre del personal contratado desde el inicio de los trabajos de la LXIII Legislatura, nivel de estudios, percepción salarial bruta, área a la que se encuentran adscritos, copia legible de sus contratos, qué legislador recomendó su contratación, quiénes tienen actualmente una base o se encuentran sindicalizados, y cuántos de ellos presentaron alguna evaluación con la cual obtuvieran la basificación correspondiente.
La Unidad de Transparencia (UT) procedió a colocar en una breve tabla los enlaces a la PNT donde se podían consultar los datos, sin producir el esquema de información que se le requirió. Además, con respecto a la información sobre el nivel de estudios la UT aseguró que “la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, así como el Reglamento General del Poder Legislativo del Estado no señalan como requisito para la contratación un grado mínimo de escolaridad“.
Lo anterior ratifica la falta de un sistema de profesionalización de los servidores públicos que laboran en el Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, con lo cual sus procesos internos carecerían de valor y eficiencia en relación a los estándares de los servicios de civil de carrera en la administración pública ya sea federal o estatal.
En cuanto a la pregunta de qué legisladores habían recomendado la contratación del personal, la UT mencionó que “los contratos que se han celebrado atienden a necesidades del servicio, para lograr un mejor desempeño legislativo, en ningún momento obedecen a recomendaciones de los Legisladores“. Sin embargo, al inspeccionar los contratos extendidos por servicios profesionales se encontró con información que contradice ese criterio.
Lo que sí contestaron.
Una vez consultados los enlaces que otorgó la UT en su respuesta al folio 00780619, Agenda Política corroboró que desde septiembre del 2018, y hasta julio del 2019 -periodo de información que hizo valer la Legislatura en su respuesta- las y los legisladores han extendido 67 contratos por concepto de “Servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios“, los cuales oscilan entre 5 mil hasta los 43 mil pesos mensuales brutos.
El de menor cantidad fue otorgado por el diputado José Dolores Hernández Escareño a Diego Eduardo Huerta Guerrero. Contrario a este, el de mayor gasto lo extendió Luis Alexandro Esparza Olivares a Marisol Moreira Rivera, ex funcionaria del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, emparentada en tercer grado con el consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, José Virgilio Rivera Delgadillo.
Entre los contratados también se encuentra Manuel Ibarra Santos, quien ofreció servicios profesionales a la diputada Mónica Borrego Estrada. Asimismo, la ex diputada federal Martina Rodríguez García, quien actualmente ayuda en las tareas proselitistas a Eldaa Catalina Monreal Pérez. No obstante, en la PNT no se pudo consultar su contrato, ya que la Legislatura no ha actualizado la información.
Otro ex legislador que se encuentra en la lista de contratados por servicios profesionales es el panista Osvaldo Contreras Vázquez, del cual tampoco se pudo revisar la copia de su contrato por omisión de los datos de parte de la Unidad de Transparencia. Estos tres últimos reciben 15 mil pesos brutos mensuales por colaboración externa con el Poder Legislativo.
Servicios profesionales por diputado.
Agenda Política cruzó datos de la información pública que puso a disposición la LXIII Legislatura desde septiembre del 2018 y encontró los siguientes gastos mensuales brutos:
Alma Gloria Dávila Luévano – 2 contratos (30 mil pesos)
Carolina Dávila Ramírez – 1 contrato (15 mil pesos)
José María González Nava – 2 contratos (30 mil pesos)
Jesús Padilla Estrada – 1 contrato (15 mil pesos)
Ma. Edelmira Hernández Perea – 1 contrato (15 mil pesos)
Edgar Viramontes Cárdenas – 3 contratos (47 mil pesos)
Eduardo Rodríguez Ferrer – 2 contratos (35 mil pesos)
Emma Lisset López Murillo – 3 contratos (45 mil pesos)
Gabriela Evangelina Pinedo Morales – 2 contratos (20 mil pesos)
Ma. Isabel Trujillo Mesa – 4 contratos (42 mil pesos)
José Juan Mendoza Maldonado – 2 contratos (30 mil pesos)
Karla Dejanira Valdez Espinoza – 3 contratos (50 mil pesos)
Lizbeth Márquez Álvarez – 1 contrato (15 mil pesos)
José Dolores Hernández Escareño – 5 contratos (50 mil pesos)
Luis Alexandro Esparza Olivares – 2 contratos (60 mil pesos)
Mónica Borrego Estrada – 1 contrato (15 mil pesos)
Ma. Navidad de Jesús Rayas Ochoa – 1 contrato (15 mil pesos)
Omar Carrera Pérez – 1 contrato (15 mil pesos)
Pedro Martínez Flores – 1 contrato (15 mil pesos)
Perla Guadalupe Martínez Delgado – 1 contrato (15 mil pesos)
Raúl Ulloa Guzmán – 1 contrato (15 mil pesos)
Roxana del Refugio Muñoz González – 1 contrato (15 mil pesos)
Le Roy Barragán Ocampo – 1 contrato (15 mil pesos)
Soralla Bañuelos de la Torre – 3 contratos (22 mil pesos)
Susana Rodríguez Márquez – 2 contratos (15 mil pesos)
Verónica del Carmen Díaz Robles – 1 contrato (15 mil pesos)
Adolfo Alberto Zamarripa Sandoval – 2 contratos (35 mil pesos)
Un total de 210 mil pesos repartidos en 14 contratos no pudieron ser ubicados de forma específica, ya que la Unidad de Transparencia no ha actualizado la información para consulta de los documentos que permitirían conocer al prestador de servicios y qué diputados fueron los que signaron dichas contrataciones.
Como resultado, no se logró obtener información al respecto de los prestadores de servicios contratados por los diputados Francisco Javier Calzada Vázquez y Héctor Adrián Menchaca Medrano.
Pese a las omisiones de datos, el pasado 30 de septiembre, las y el comisionado del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IZAI), otorgaron al Poder Legislativo del Estado de Zacatecas un 99.07% en el índice de cumplimiento de obligaciones de transparencia, dentro de la verificación vinculante para sujetos obligados en este 2019.
Del total se servicios profesionales contratados, la LXIII Legislatura destina alrededor de 900 mil pesos mensuales al pago de personal externo. El gasto contrasta con la escasez de iniciativas de ley y la proliferación de puntos de acuerdo, con lo que el trabajo legislativo se ve rezagado cualitativamente en comparación con el costo del mismo, y que se refleja en la partida presupuestal 1211.
Contratos eventuales.
En lo que corresponde a las contrataciones o nombramientos de manera eventual, Agenda Política encontró que de septiembre a julio del 2019, las y los diputados de la LXIII Legislatura dieron entrada a 84 plazas temporales, de las cuales 60 se destinan para “auxiliares” de diputados. En total devengarían al rededor de 1 millón 260 mil pesos mensuales.
En su mayoría, estas son plazas que representan un gasto de entre 9 mil y 15 mil pesos al mes, siendo la segunda cantidad la de mayor regularidad en los contratos para “auxiliares”, y entre los cuales se encuentra Gerardo Carrera Pérez, hermano del legislador fresnillense Omar Carrera Pérez.
Agenda Política tuvo que interrumpir la consulta de los enlaces a los contratos del personal auxiliar de diputados y diputadas, debido a que una buena cantidad de estos marcaban “Sin contrato o en proceso de digitalización“, lo que impidió reconocer a qué oficina se encontraba adscrita cada uno de los auxiliares. Otra omisión evidente en la consulta de información pública que el IZAI no valoró de forma correcta a la hora de asignar a la Legislatura un 99.07% de cumplimiento.
La segunda área de mayor adscripción de personal eventual es la Dirección de Procesos Legislativos y Asuntos Jurídicos, con 19 contratos. Sin embargo, se justifica el incremento de espacios en esta dirección debido a que el personal ahí adscrito es quien auxilia en los trabajos de las distintas comisiones legislativas donde se procesan las iniciativas y puntos de acuerdo a discutirse y aprobarse, en su caso, en el pleno.
Pese a que la bancada de Morena y del PT, en conferencia de prensa del pasado 10 de junio solicitó al ISSSTEZAC un recorte de personal acorde a la realidad del organismo descentralizado, en la Legislatura las y los diputados integrantes de estas fracciones no han podido reducir el dispendio y la opacidad de sus nóminas en el Congreso del Estado.