El cúmulo de irregularidades que surgió durante la entrega de las becas ‘Benito Juárez’ en Zacatecas, es un síntoma de la visión reducida con la que se administran los programas sociales del presidente de la república en el estado.
Reproducen la ineficiencia que se vivió en la dispersión del Crédito Ganadero a la Palabra, cuando productores locales reportaron haber recibido ganado enfermo y no apto para fecundar. La respuesta del Coordinador Nacional de Ganadería fue empujar las inconsistencias al terreno de la pugna política.
Pues bien, la solución mediática a la presión que surgió desde las “benditas redes sociales” por las varias anomalías expuestas en la transferencia de apoyos, fue distraer con la denuncia de la delegada Verónica del Carmen Díaz Robles ante la Fiscalía General de la República para que se investiguen presuntos “moches”.
El criterio detrás de la medida publicitaria es simpletamente contradictorio. Si Verónica Díaz ensalzó el uso de las redes para denunciar, ¿por qué minimizó otras denuncias virtuales que surgieron en voz de los estudiantes de nivel medio superior a quienes se les negó la beca?
El balón lo recibimos las plataformas informativas, a quienes exigió pruebas de nuestros dichos. En Agenda Política expusimos el caso de la joven Diana Cecilia Tapia Cerros, que señaló puntualmente arbitrariedades de la servidora de la nación Juana de Lira Carrillo y a su coordinador Sergio Casas Valadez.
Su deslinde no sólo es incoherente, pues discrimina un tipo de denuncia en redes sociales sobre otras por el simple hecho de que en las más están involucrados los servidores de la nación. También muestra la parcialidad con la que se aplican las reglas de operación del programa de becas ‘Benito Juárez’.
¿Cuál es la responsabilidad de los medios de comunicación, según estos lineamientos? El numeral 9.2, de la Contraloría Social, especifica: “Con el fin de difundir el tema de Contraloría Social, la Coordinación Nacional [de PROSPERA] podrá elaborar y distribuir material impreso, o a través de los medios masivos de comunicación.”
De acuerdo con este mismo numeral, la Contraloría Social nace para dar seguimiento, supervisión y vigilancia del cumplimiento de las metas y acciones comprometidas en el programa, así como de la correcta aplicación de los recursos públicos asignados.
De las versiones públicas que dieron algunos jóvenes en Agenda Política, MegaNoticias y en el noticiero de Átomos News del martes 10 de diciembre, se desprende que los estudiantes no tenían información precisa de cómo canalizar sus inconformidades, mucho menos conocían la figura y la función de la Contraloría Social.
Cuatro bachilleres afirmaron haber organizado un chat con alrededor de 150 compañeros en las mismas condiciones (no recibieron los apoyos para los que aplicaron). Se puede inferir que, del total de inconformes, nadie tenía en claro qué hacer al respecto. Por ende, su respuesta inmediata fue organizar una marcha a la que muy pocos asistieron, acompañados de sus padres de familia.
De haber difundido a través de las redacciones la información correspondiente a las Contralorías Sociales -de forma oportuna, tal como lo establecen los lineamientos-, la delegada tendría conocimiento de cada una de las quejas de los estudiantes, con la finalidad de realizar el control correspondiente.
No obstante, hasta el pasado 9 de diciembre el perfil de Facebook de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar publica por primera vez una infografía en donde se describe: “Por mí y por todos mis compañeros. Participa en la Contraloría Social de tu escuela para supervisar el buen funcionamiento del Programa Nacional de Becas del Bienestar Benito Juárez”.
Esa misma información fue reproducida a su vez por el perfil de Facebook de la Delegación de Programas del Desarrollo en Zacatecas, el mismo día. La publicación no ofrece más datos ni abunda, como lo establecen las reglas de operación, en que las quejas y denuncias serán recibidas por escrito, de forma personal, por correo electrónico o a través de internet.
Tampoco se conoció de un comunicado de la delegación, o de la Secretaría de Bienestar, que difundiera en los medios la figura de la Contraloría Social. Con el antecedente de que no hay precisión en la estrategia de comunicación de la delegada, y se discrimina en la entrega de información entre prensa “amiga” y “enemiga”.
No resulta extraño entonces que, a falta de capacitación a los estudiantes (y a la propia Verónica Díaz), la delegada desplazara la carga de la prueba a los reporteros que la cuestionaron. Imaginó que, a más denuncias en contra de los servidores de la nación más sospechas levantaría en la Secretaría de Bienestar por las anomalías que se presentaban en su oficina en Zacatecas.
Un cálculo político para ocultar la aplicación inequitativa de las reglas de operación. Aún y con ello, los testimonios presentados por Agenda Política, Átomos News y MegaNoticias no fueron suficientes para que Díaz Robles ofreciera una explicación escrupulosa de los instrumentos de denuncia con los que cuentan hoy los beneficiarios.
En un par de declaraciones a noticieros y en la entrevista a las afueras de la Fiscalía donde demostró una faceta tendenciosa, Verónica prefirió armar alegatos anti-corrupción que no resolvieron el problema de más de un centenar de alumnos con becas a medias, o sin ellas… Improvisaron, y mal.
#Coincidencias: En aquella reunión del mes de mayo en las oficinas de la Secretaría de Energía, Norma Rocío Nahle García planteó a Alejandro Tello Cristerna la posibilidad de que Zacatecas accediera a una bolsa de recursos para invertir en un esquema de introducción de energías renovables en el estado.
En la mesa, la funcionaria federal también ofreció incentivos para la investigación en este campo de vanguardia en la Agenda 2030 de Desarrollo Sustentable, y que se repartirían con los subsidios de la paraestatal Petróleos Mexicanos (PEMEX).
Ahí nació el proyecto de la Agencia Estatal de Energía, que el día de ayer inició sus trabajos con la integración de la Junta de Gobierno donde participan Jorge Miranda Castro, Paula Rey Ortiz Medina, Luis Fernando Maldonado Moreno, Gema Mercado Sánchez, Carlos Fernando Bárcena Pous y Marco Vincio Flores Guerrero.
Como recuerda el director de Periódico Mirador, Bernardo Camarillo Torres, en una entrevista que realizó a Alejandro Tello después de conocer su triunfo electoral (21 de junio del 2016), la adopción de una agenda legislativa apegada a la transformación energética y el diseño de ciudades inteligentes distinguió su paso de por el Senado de la República.
Como ex presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara Alta, el mandatario zacatecano vio en la plataforma científica y tecnológica uno de los pilares para dar identidad al gobierno que después encabezaría en septiembre del 2016.
Probablemente la Agencia Estatal de Energía sea uno de los productos -junto con Quántum Ciudad del Conocimiento– que den culminación a una etapa en la vida política de Tello Cristerna, y que dejará como herencia en la forma en cómo se conciben los gobiernos posteriores en Zacatecas. Quizás no sea Milpillas el proyecto insignia, sino la huella en educación, ciencia y tecnología.
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