Zacatecas.- Por presuntos actos de corrupción en la aplicación del programa de préstamo de semilla de frijol encabezado por Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), la LXIII Legislatura aprobó un punto de acuerdo para que se aclare la implementación de esta estrategia y se investiguen las posibles irregularidades.
El diputado Armando Perales Gándara presentó esta iniciativa que fue considerada urgente y avalada este jueves por las y los integrantes de la Asamblea.
En la exposición de motivos, el legislador promovente explicó que los productores zacatecanos han denunciado una serie de irregularidades como, por ejemplo, el traslado del frijol del estado de Zacatecas hacia Durango, pese a que en la entidad hay centros de cribado y de beneficio de este grano suficientes y con la tecnología necesaria.
Con este traslado, los afectados señalan que no están teniendo beneficios económicos; un hecho particularmente preocupante en el actual contexto de crisis generada por la pandemia del Covid-19.
Otra de las quejas, agregó Perales Gándara, es que los camiones para trasladar el frijol a Durango ni siquiera se están contratando entre transportistas zacatecanos sino que se han otorgado los contratos a líneas de transporte de Jalisco.
Ante esta situación, la LXIII Legislatura exhortó en un primer momento a Segalmex para que presente a las y los diputados zacatecanos un informe detallado y con el soporte documental necesario, en relación a las licitaciones que se han lanzado para asignar los contratos de transporte y de beneficio del frijol dentro del programa de préstamo de semilla para el ciclo primavera-verano 2020.
También solicitaron a la Secretaría de la Función Pública federal que inicie una investigación por estos posibles hechos de corrupción y de conflicto de interés y, si procediera, denunciar a quien o quienes resulten culpables en caso de un delito.
Asimismo, este jueves se dio a conocer que hasta el momento 40 ayuntamientos han aprobado ya la reforma constitucional que se avaló en diciembre del año pasado en materia de transparencia y datos personales.
Con ella se limita la posibilidad del gobernador de objetar el nombramiento de algún comisionado del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y protección de Datos Personales a tan sólo un plazo de cinco días hábiles desde la designación.