Está en manos del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas (TRIJEZ) otra posible tentativa contra la libertad de expresión en Zacatecas. Veremos si la ponderación de derechos por la supuesta violencia política a la que aduce la síndico Ruth Calderón Babún, le es suficiente a la autoridad electoral para favorecer a la funcionaria en contra de la tarea periodística.
No basta con la censura en redes sociales a la que procedieron por medidas cautelares, incluso cuando la Sala Especializada del Tribunal Electoral federal ya dijo que las expresiones en esos espacios virtuales no son objeto de sanción electoral “pues deben entenderse como una extensión del libre desarrollo de la personalidad”.
Además, podrían inclinarse por una acción afirmativa de género que invisibilice la coacción a la libertad de expresión como derecho constitucional y un pilar democrático fundamental, ya que la síndico acusa violencia política en un procedimiento administrativo en donde ella misma conculca lo dispuesto por la Ley General de Comunicación Social al buscar condicionar distintas líneas editoriales.
El pasado jueves 16 de julio, la Secretaria de Estudio y Cuenta del TRIJEZ, Diana Gabriela Macías Rojero, solicitó al ayuntamiento capitalino los contratos de prestación de servicios y la copia de las facturas por concepto de publicidad signados con los siguientes medios: La Jornada Zacatecas, Átomos News, Línea Informativa, Agenda Política, Las Noticias Ya, PerióMetro, y La Cueva del Lobo.
Estos siete son los que, asegura la síndico, realizan diversos “ataques” en contra de su figura y la de algunos regidores (cuando ellos mismos se prestan a las descalificaciones en redes sociales). Así lo ha hecho saber junto con el regidor Manolo Solís Caldera en distintas sesiones de cabildo, como lo fue la del pasado 5 de junio, misma que se encuentra en revisión dentro del juicio de protección de los derechos político-electorales TRIJEZ-JDC-004/2020.
El concepto “ataque” no corresponde a la libre configuración, al amparo de la libertad de expresión y la libertad de prensa, con la que la ciudadanía puede difundir ideas e información. Las críticas se realizan en pleno derecho consagrado en el artículo 6° constitucional, y nunca forman parte de un contrato de prestación de servicios que tiene como objeto la difusión de publicidad.
Pensar lo contrario confirma la tentativa de coacción a la libertad de expresión de parte de la síndico, pues la funcionaria se siente cómoda con convenios que tengan como fin condicionar lo que se dice de ella y de los regidores en los medios de comunicación. Ningún convenio publicitario debe censurar los contenidos informativos, sino únicamente vender espacios de divulgación institucional.
A la luz de la Ley General de Comunicación Social, el ayuntamiento capitalino jamás ha ofrecido a ningún medio campañas de comunicación social que incluyan mensajes discriminatorios, sexistas o contrarios a los valores, principios y derechos constitucionales; o inciten, de forma directa o indirecta, a la violencia o a comportamientos contrarios al ordenamiento jurídico.
Mucho menos campañas con contenidos que incluyan mensajes que impliquen un ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público. Los artículos 9 y 10 de este ordenamiento son claros, y se equivocaría embarazosamente el Tribunal al asumir que, dentro de la ley que rige los convenios publicitarios, se le llame “violencia política” a una negativa de la síndica que presupone censura informativa.
Ninguno de los medios de comunicación citados tiene conocimiento de lo que se revisa en la ponencia de la magistrada presidenta, Rocío Posadas Ramírez. Como terceros interesados tampoco hemos sido llamados a comparecer y dar nuestro punto de vista al respecto de las conjeturas que pretende convertir la síndico en “violencia política”, traspasando el 6° constitucional.
Según los expedientes que obran en el juicio TRIJEZ-JDC-004/2020, también se concluye que el Tribunal no está enterado de las denuncias que interpusimos distintos representantes de esos medios de comunicación ante el contralor del municipio, José Francisco Rivera Ortiz, el 12 de junio, por posibles faltas administrativas de la síndico. Hasta el momento desconocemos el avance de las investigaciones.
Sin embargo, esperamos con bastante interés lo que tenga que decir la magistrada Rocío Posadas, porque el simple hecho de que Ruth Calderón presente los argumentos con los que pretende condicionar líneas editoriales a cambio de un convenio, es suficiente para pedir la intervención de la Comisionada Estatal de Derechos Humanos, María de la Luz Domínguez Campos.
Para ello existe el Protocolo de Actuación para la Protección de los Derechos de las Personas que Ejercen el Periodismo, y de hecho al ser un tema público y notorio, la misma comisionada podría iniciar una investigación de oficio al respecto de la dilación en la contraloría municipal y de la negativa a la firma de contratos de prestación de servicios bajo condicional de no “atacar” a la síndico y regidores, que por definición son parte del escrutinio público.
¿Que no se puede ejercer la crítica contra Ruth Calderón? Ella tiene la representación jurídica del ayuntamiento y desconoce la Ley General de Medios de Comunicación, extralimita la libertad de expresión, desde su oficina filtran datos personales, inicia procedimientos sin pruebas de sus quejas, presenta JDC’s ante instancias que no son las competentes (y parece que el contralor y el Tribunal le ayudan a salvar la extemporaneidad y falta de evidencia de sus denuncias), pero no es lo mismo la violencia política que la crítica periodística al amparo constitucional. En fin, la hipocresía.
#Casualidades: Mesa para dos y servicio de viandas y cortes traído desde el restaurante La Garufa. Así fue la reunión que sostuvo el magistrado presidente del Tribunal de Justicia del Estado de Zacatecas, Arturo Nahle García, con David Monreal Ávila la semana pasada.
Ni más ni menos que -según la narración del magistrado- en la casa de la comisionada del IZAI, Norma Julieta del Río Venegas. Y es que, después de mucho insistir (al punto del acoso), Arturo Nahle tuvo que acceder a las súplicas de la del IZAI para que se reuniera con su aspirante.
Lo que en la mesa intentó convencer David fue todavía más interesante, mientras Norma Julieta vigilaba desde la cocina que a sus dos comensales no les hiciera falta nada. El hermano menor de Ricardo se deslindó del senador al asegurarle que él no había operado en su contra para que llegara a la presidencia del TSJEZ. Un deslinde que, evidentemente, Nahle no compró, mucho menos la supuesta candidatura de David.
No es la primera vez que David niega a Ricardo. El fin de semana que el senador se reunía con diferentes medios de comunicación, el Coordinador de Ganadería le decía a Cuauhtémoc Calderón Galván, Yaco Reimers Campos, y otros empresarios, que en su gobierno el hermano mayor no tendría injerencia alguna.
Por cierto, a la reunión en el salón de La Cebada -según fuentes cercanas a Yaco Reimers– llegó David acompañado de su asistente y maestresala, la comisionada Norma Julieta.
Twitter: @GabrielConV
Nota: Retomaremos la publicación de esta columna el próximo martes 4 de agosto.