Zacatecas, Zac.- La comisión de la Función Pública recibió a la titular de la dependencia de este ramo Gabriela Alejandra Rodríguez Rodríguez, para que compareciera ante las diputadas y diputados con el objetivo de detallar las acciones de la dependencia con motivo de la glosa del cuarto informe de gobierno.
La secretaria de la Función Pública Gabriela Alejandra Rodríguez Rodríguez mencionó, entre otros temas, las evaluaciones y revisiones que se han hecho en los últimos meses a la aplicación de recursos como, por ejemplo, los que están contemplados en el FONE, el FASSA, el Fondo Metropolitano y los programas asistenciales sociales de apoyo a la población.
En total, en éstos, se detectaron 25 aspectos susceptibles de mejora como los mecanismos para medir la satisfacción de los beneficiarios, los manuales de procedimientos, la corrección de las matrices de indicadores o las herramientas de contraloría social.
También dijo que con la nueva Ley de Responsabilidades Administrativas se han abierto 82 procedimientos de responsabilidades que involucran a 147 servidores públicos y a 4 particulares, y los cuales se dividen en 51 faltas graves y 31 consideradas no graves.
De este total, agregó la funcionaria, hay 33 procedimientos que siguen en trámite, otros 19 que han sido turnados al Tribunal de Justicia Administrativa y 30 han sido resueltos, 10 de ellos con sanciones en contra de 15 funcionarios que han recibido desde amonestaciones públicas hasta la suspensión del empleo, el cargo o la comisión.
La diputada Alma Dávila Luévano inició las rondas de cuestionamientos y se enfocó, principalmente, en el proyecto del Sistema Milpillas. Al respecto, preguntó cuál es el estado que guarda la investigación sobre estas obras y qué sanciones habrá.
Además quiso saber qué garantías existen de que la titular de la Función Pública actuará en contra de los responsables de este quebranto y de que lo hará de manera imparcial y no se solaparán las irregularidades que se cometieron. En otro tema preguntó si la SFP atenderá y de qué forma la crisis en la que se encuentra el Issstezac por los malos manejos.
El diputado Luis Esparza Olivares hizo un solo cuestionamiento relacionado con el uso de vehículos oficiales fuera de los horarios de trabajo y para fines que no tienen que ver con el ámbito laboral.
En concreto mencionó una denuncia reciente de un servidor público de la Secretaría de la Función Pública que utilizó un automóvil de la dependencia para ir a un bar. En ese sentido, cuestionó cuál es la sanción que se le impone a un trabajador que cae en este tipo de conductas.
A continuación el legislador Edgar Viramontes Cárdenas quiso conocer, por un lado, cuáles son las observaciones más recurrentes que se hacen en las revisiones relacionadas con los recursos que se invierten en obra pública. Por otra parte hizo referencia a la eliminación de fideicomisos y de otros programas que ya desde antes habían desaparecido como es el caso del Programa 3×1 que, en el estado, fue sustituido por el Programa 2×1.
En ese tenor, tras mencionar que el argumento dado por las autoridades federales para eliminar estas partidas ha sido el de la corrupción, le preguntó a la funcionaria si en el Programa 3×1 o actualmente 2×1 se han detectado actos irregulares.