Zacatecas, Zac.- Con el objetivo de fortalecer las estrategias en materia de seguridad y vigilancia, las y los diputados aprobaron que el secretariado ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, incluyendo el C5,  pase a depender directamente de la Secretaría de Seguridad Pública. 

Para ello, se reformaron diversos artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública, la del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Zacatecas y la Ley de Videovigilancia del estado.

Con estas modificaciones, las y los legisladores destacaron que se “simplificarán trámites de orden administrativo al reconocer en una cadena de mando única a la instancia de seguridad pública que, por su naturaleza jurídica y funciones, requiere y hace uso de su información”. 

Asimismo, en las comisiones legislativas se estableció un apartado de artículos transitorios para determinar que, una vez que las reformas entren en vigor, se tendrá un plazo de 60 días naturales para que tanto el sistema de seguridad pública como la secretaría del ramo fortalezcan las estrategias en la materia.

Esto, con el objetivo de que se aproveche el potencial humano y material con el que cuentan, se homologuen los sistemas, se agilice la identificación de las personas y vehículos y se profundice en las investigaciones”.

Armonizan la Ley de Justicia Alternativa del estado con la legislación federal.

La Ley de Justicia Alternativa del Estado de Zacatecas está ya armonizada a la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, después de que las y los diputados aprobaran reformar esta legislación durante el periodo extraordinario de sesiones de este jueves.

La propuesta de modificaciones fue enviada al Poder Legislativo por el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado Arturo Nahle García y en las comisiones legislativas se hicieron modificaciones para que la ley reformada no invada ninguna competencia federal. 

Por tanto, a partir de ahora en esta ley se establece claramente que los Centros de Justicia Alternativa que dependen del Poder Judicial del estado son los encargados de aplicar los mecanismos alternativos de solución de controversias penales, precisando que no se afecta la regulación propia de estas herramientas ya que ésta es una facultad exclusiva del Congreso de la Unión. 

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