- Firman anexos al convenio de colaboración para mejorar la fiscalización
- El objetivo es que las elecciones del 2021 cuenten con los mayores estándares de transparencia, legalidad y rendición de cuentas: Lorenzo Córdova
- Se fortalece el intercambio de información, a través de modelos de riesgo: Santiago Nieto
- INE contará con información adicional como el detalle de operaciones que realizan las personas físicas y morales catalogadas de riesgo: Adriana Favela
Ciudad de México.- El Instituto Nacional Electoral (INE) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda firmaron dos anexos técnicos relacionados con el convenio de colaboración que tienen ambas instituciones, con el objetivo de establecer mecanismos de coordinación para prevenir actos u operaciones que pudieran involucrar recursos de procedencia ilícita y/o el uso indebido de recursos públicos en el Proceso Electoral Federal y locales concurrentes 2020-2021.
Durante la firma, el Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, aseguró que las autoridades electorales, fiscalizadoras y financieras a nivel nacional construyen un entramado de colaboración para lograr que “las elecciones del 2021 cuenten con los mayores estándares de transparencia, legalidad y rendición de cuentas del dinero que se invierte en la política”.
A 54 días de que inicien las campañas y en medio del proceso de definición interna de candidaturas por parte de los partidos políticos e independientes, estableció que “la democracia mexicana no quiere trampas, ni opacidad en la competencia por el poder político y sí el respeto por la legalidad vigente y el compromiso con la transparencia”.
Estos anexos, especificó Lorenzo Córdova, forman parte del Convenio de Colaboración suscrito por el INE y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en septiembre de 2019.
“Clarifican los mecanismos, contenido y plazos en los que se dará el intercambio de información entre ambas instituciones sobre los sujetos regulados en materia de fiscalización y también sobre aquellos que forman parte de los procedimientos administrativos sancionadores a cargo del INE y del Tribunal Electoral, para garantizar que los actores políticos cumplan con las resoluciones administrativas y jurisdiccionales que buscan, por un lado, la transparencia y la rendición de cuentas en el manejo de los recursos que se utilizan en la política, así como para erradicar la violencia política en contra de las mujeres y consolidar el marco constitucional de paridad en todo”.
A partir de modelos de riesgo se mejoran los controles
El Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, señaló la fortaleza del sistema electoral mexicano, pero también reconoció los riesgos ante los cuales se mejoran los controles a partir de modelos de riesgo “axiológicamente neutrales”, mediante algoritmos matemáticos.
“Tenemos que reconocer que hay riesgos de delincuencia organizada introduciendo recursos ilícitos en las campañas electorales, particularmente en el ámbito local, acciones de peculado electoral en condicionamiento de programas sociales y el riesgo de que empresas fachada sean utilizadas para sustraer recursos del erario e introducirlos a campañas electorales”.
Sin embargo, dejó en claro que cuando se hizo el diagnóstico de la evaluación nacional de riesgo, “cuando tuvimos que discutir si había un riesgo en las elecciones real, la respuesta de todas las instituciones que participamos es que no existe un riesgo que afecte el sistema financiero, porque existen autoridades, existen procedimientos, está la Unidad Técnica de Fiscalización, está la Comisión de Fiscalización, está la relación con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con la Unidad de Inteligencia Financiera y lo que planteamos es cómo podemos mejorar los controles actualmente existentes que finalmente son procedimientos y reglas conforme a los cuales se mueve un sistema democrático”.
Nieto Castillo agregó que los anexos relacionados con el convenio de colaboración suscrito en 2019, servirán para fortalecer el intercambio de información, los modelos de riesgo y proporcionar aquella que sirva para sancionar a los responsables, “prevenir y detectar la violencia política contra las mujeres en razón de género, las violaciones al uso de medios de comunicación por los partidos políticos, las trasgresiones al uso de propaganda por los poderes públicos y actos anticipados de campaña y precampaña”.