Una investigación de: Norma Galarza, Heraclio Castillo y Gabriel Contreras.
- La austeridad que David Monreal predicó en tres campañas a gobernador, nunca llegó a su gabinete.
- “Estímulos por Responsabilidad en el Cargo” suman 5.3 millones de pesos entre diciembre del 2021 y enero del 2022.
- Gobierno del Estado habría violado diversas disposiciones de la Ley de Transparencia de Zacatecas.
Zacatecas, Zac.- Aplicar el “modelo de austeridad” como criterio rector del servicio público, es una vieja prédica que David Monreal Ávila ensaya en el discurso desde sus épocas de candidato a gobernador y luego como legislador del Partido del Trabajo.
Faltan unos cuantos días para que se cumplan 5 años desde que el fresnillense usó la tribuna de la Cámara Alta para exigir la reducción de los altos costos del gobierno, mediante acciones y políticas que erradicaran “los privilegios de la alta burocracia”.
Decía entonces, el 19 de marzo del 2015, que la población no estaba obligada a mantener al gobierno, ya que los sueldos, percepciones, bonos y compensaciones que recibe esa “alta burocracia” no se apegan al criterio económico de mercado ni al principio de equidad social.
Hueco, como suelen ser sus discursos, no explicó a qué criterio de mercado se refería, ni en qué premisas apoyaba su idea de equidad social. Sin embargo, como un opositor muy bien pagado, pues recibía 263 mil 67 pesos según el Diario Oficial de la Federación de fecha del 26 de febrero del 2015, sus palabras ya contrastaban con sus ingresos.
David tampoco practicó lo que prometió en su campaña al Senado en 2012, como candidato de los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y de Movimiento Ciudadano.
El 6 de junio del 2012, el expresidente municipal de Fresnillo ofreció a su votantes que “una vez que llegue al Senado y reciba mi primer cheque, haré público que ese 50 por ciento será destinado a lo que está planteando Andrés Manuel López Obrador, que es la política social y el fomento al desarrollo económico”.
De su dieta nunca se conoció la partición por mitades: una como ingreso personal y otra como inyección a los compromisos que vendió en campaña. En el discurso, el eterno candidato hablaba de supuestos que, en los registros, no cumplió.
Han transcurrido tres campañas con las que buscó encabezar la responsabilidad que ahora sostiene, la última de las cuales lo llevó a su anhelado triunfo apoyado en el trampolín de Morena. Pero, la austeridad, jamás tocó tierras zacatecanas.
Hoy existe eso a lo que David Monreal le llama “nueva gobernanza” que no pasa de un simple disfraz de medianía y pobreza franciscana, mientras su gabinete, y él mismo, representan la cúspide de los privilegios que algún día prometieron suprimir.
Su sermón permanece aceitado. Todavía el pasado 3 de diciembre, David se atrevió a afirmar públicamente que en su sexenio se acabarían “los salarios dorados en la burocracia del Estado”, y calificó de injustos los bonos y sueldos estratosféricos en un estado donde las carreteras están destruidas, donde no hay fomento al empleo y a la producción agropecuaria, y crece la inseguridad.
Sin embargo, contrario a su escenificación de austeridad y simulada abstinencia presupuestal, el fresnillense entregó bonos a secretarios y subsecretarios, que tan sólo en la segunda quincena del mes de diciembre (después de decretar de voz la extinción de los “salarios dorados”), a la nueva gobernanza le representó erogaciones cercanas a los 3 millones 600 mil pesos en este rubro.
Montos que van desde los 37 mil hasta los 130 mil pesos (antes de impuestos), han sido distribuidos en su administración a una extensa lista de privilegiados en el mes de diciembre, con esa suma global.
Y otro paquete de “estímulos” de entre los 15 mil hasta los 55 mil dispersados en enero de este año, que alcanzan el millón 700 mil pesos como gasto en “sueldos dorados”.
De mantenerse este “Estímulo por Responsabilidad en el Cargo”, como se especifica en el concepto de cobro en los Comprobantes Fiscal Digital por Internet a los que han tenido acceso los portales de Agenda Política, Lalala News y La Cueva del Lobo, la nueva gobernanza destinaría, por mes, cerca de 20 millones de pesos en estos gastos superfluos.
Otra “nómina secreta”, ahora en la Nueva Gobernanza
De acuerdo con la información disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) se pudo constatar que dichos estímulos, contenidos en los distintos CFDI, se otorgaron bajo el concepto “Estímulo al Personal (7-3)”.
Según lo establecido en el Tabulador de Sueldos y Salarios del personal de contrato, base, mandos medios y confianza del Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal 2021, publicado en el número 46 del Periódico Oficial del Gobierno del Estado, con fecha del 9 de junio de 2021, dicho bono “se otorga al personal autorizado por el Titular del Poder Ejecutivo, según las funciones y responsabilidades, pagadero de manera quincenal. El rango de esta percepción va de $0.00 hasta $57,000.00 mensuales”. Misma cantidad establecida en el Tabulador del ejercicio fiscal 2022.
Así pues, 16 secretarios y al menos 22 subsecretarios que obtuvieron este “Estímulo por Responsabilidad en el Cargo” percibieron en diciembre del año pasado un monto superior a los 57 mil pesos mensuales que se establecen como máximo en el Tabulador, por lo que habrían incurrido en una irregularidad sancionable e incluso resarcitoria, por el posible daño al erario, como se muestra en la siguiente gráfica:
Tres subsecretarios sí habrían recibido dicho estímulo en los límites establecidos: Alicia Alejandra Sánchez Acuña y Remberto Sandoval Aréchiga, ambos de la Secretaría de Economía; así como Yahaira Suhey Campos Acuña, de la Secretaría General de Gobierno. Sin embargo, los tres apenas fueron dados de alta entre el 11 y el 22 de noviembre. Un mes de trabajo fue suficiente para merecer dicho estímulo.
Otros dos casos particulares son los de Arturo López Bazán, exsecretario de Seguridad Pública, y Adolfo Marín Marín, actual titular de la misma dependencia, puesto que ninguno de los dos recibió el estímulo en mención.
Posterior a la destitución de López Bazán, el salario mensual de Adolfo Marín se redujo hasta en un 40% a lo que percibía el anterior secretario de Seguridad Pública. En contraste, la PNT reporta que recibió en diciembre de 2021 un bono mensual bruto de 77 mil pesos, sin que se especificaron los conceptos por los que se otorgaba.
De igual forma, llama la atención que hubiera servidores públicos contratados entre el 20 y el 22 de septiembre que recibieron su salario proporcional hasta el mes de octubre, les redujeron su salario en noviembre, para volverlo a incrementar en el mes de diciembre.
Es el caso de la secretaria de las Mujeres, Zaira Ivonne Villagrana Escareño, así como los subsecretarios José Aciano Medrano Orona, Eduardo Javier Romero Espinoza, Jehnny Alondra Olvera Carmona, José García Rodríguez y J. Manuel García Martínez. Todos, adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría del Campo.
Por otra parte, hubo subsecretarios contratados desde el inicio de la administración a quienes mes con mes les incrementaron su salario. Es el caso de Silvia Saavedra Juárez, Juan Carlos Elías López, Gerardo Flores López, Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés y Ángel Manuel Muñoz Muro.
Sin embargo, los primeros tres, su salario mensual pasó de 17 mil 825.02 pesos en septiembre a 73 mil 945.85 pesos en el mes de diciembre, más un “Estímulo por Responsabilidad en el Cargo” en el mismo mes por 108 mil pesos, uno de los montos más altos para este concepto.
A ello hay que agregar que, con los datos obtenidos por estos portales informativos, el gabinete legal y ampliado de David Monreal sí percibió remuneraciones, en contrasentido de lo que declaró el ejecutivo estatal el 26 de septiembre del 2021, cuando informó que mientras no se resolviera la crisis financiera que atravesaba el magisterio, ni él ni los altos mandos cobrarían salario.
¿Quiénes sí? ¿Quiénes no? ¿Quiénes refirieron otro concepto?
Las distintas Unidades de Transparencia de las diferentes dependencias del Gobierno del Estado, han presentado información de manera confusa o incongruente.
De tal manera que, sólo en algunos casos, las y los secretarios y subsecretarios fueron dados de alta en la Plataforma Nacional de Transparencia y en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia con el correspondiente “Estímulo por Responsabilidad en el Cargo 7-3”.
Otros más omitieron esta información, y algunos más mencionaron recibir esos estímulos como única ocasión, cuando sus CFDI demuestra ingresos en los meses de diciembre y enero. Quedan de la siguiente manera:
Sí reportaron en la PNT: Le Roy Barragán Ocampo, Rodrigo Castañeda Miranda, María Teresa Inguanzo González, Esther Oralia Felix Estrada, Alicia Alejandra Sánchez Acuña.
No reportaron en la PNT: Mariano Alberto Casas Valadez, Jesús Padilla Estrada, Zaira Ivonne Villagrana Escareño, Susana Rodríguez Márquez, Gerardo Flores López, Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés, Ángel Manuel Muñoz Muro, Eduardo Javier Romero Espinoza, José Aciano Medrano Orona, José Rodríguez García, Jehnny Alondra Olvera Carmona, José García Rodríguez, J. Manuel García Martínez, Gizel Liliana Llamas Ibarra.
Aparecen con un concepto distinto: Carlos Alberto Zúñiga Rivera (estímulo anual), Verónica Yvette Hernández López de Lara (estímulo por única ocasión), Alejandro Cornelio Pérez Ordiano (estímulo por única ocasión), Gerardo Mata Robles (estímulo por única ocasión).
Sin información en la PNT: Laura Elvia Bermúdez Valdés, Ramón Arellano López, Néstor Michel Santacrúz Márquez, Karla Isabel Guardado Oropeza.
Las y los secretarios y subsecretarios restantes manejan ese mismo concepto como estímulo mensual que al sumarlo lleva al total establecido en los distintos CFDI.
Gobierno violaría disposiciones de transparencia.
En este mismo orden de ideas, y de acuerdo con las evidencias aquí presentadas y el ejercicio de contraste con la información pública disponible en formato de datos abiertos así como en la Plataforma Nacional de Transparencia, la nueva gobernanza habría incumplido distintas disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas.
Al menos ocho de estas, contenidas en los artículos 6, 11, 12, 13, 18, 19, 33, y 39 Fracción VIII, dejarían de ser de observancia por el Poder Ejecutivo Estatal, sujeto obligado de esta normativa así como la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Conforme a estos ordenamientos, el Estado no habría garantizado el efectivo acceso de toda persona a la información en posesión del Poder Ejecutivo. Asimismo, la información en posesión del ejecutivo estatal no fue pública, completa, oportuna y accesible en su totalidad.
Por ende, se habría dejado de garantizar la generación, publicación y entrega de información accesible, confiable, verificable, veraz y oportuna.
En cuanto a los insumos de información sobre la remuneración bruta y neta de los servidores públicos, el Artículo 39 especifica:
Los sujetos obligados pondrán a disposición del público y mantendrán actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan:
VIII. La remuneración bruta y neta de todos los Servidores Públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración. ▗