Por Juan Gómez
Las medidas de protección dictadas por la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas en favor de Verónica Díaz Robles, motivadas por la querella presentada por la delegada de la Secretaría del Bienestar, en contra del diario NTR Medios de Comunicación, sus directivos y colaboradores, pone en evidencia las siguientes conclusiones:
1.- Una crisis al interior del equipo político del gobierno monrealista.
2.- La vulnerabilidad a su autonomía y sometimiento a capricho de la Fiscalía de Justicia.
3.- La simulación de la Fiscalía en la protección de los periodistas.
La crisis en el gobierno de David Monreal ya es insostenible. Evidencia la falta de liderazgo y de conducción confiable a la actual administración estatal que, desde su arranque, mostró las contradicciones, la falta de oficio político, la ausencia de capacidad de interlocución y el acompañamiento de un equipo débil que no le pertenece, sino que le fue impuesto por sus impulsos y su hermano el senador Ricardo Monreal.
En la conducción de la política interna el mandatario estatal designó a la joven petista Gabriela Pinedo Morales, quien marcó distancia de su partido para ser designada como candidata de Morena al gobierno estatal, gracias a la influencia de la responsable de los Programas Sociales en el estado, a quien le debe esta etapa de su desempeño político.
Debido a la inexperiencia de la actual secretaria de Gobierno, ha sido completamente rebasada por las circunstancias, y cuando parece que va reencauzar su función, una nueva crisis, intromisión y conflicto la superan.
La falta de claridad y firmeza en su función colocan a Pinedo Morales en una posición débil e influenciable, lo que le complicó la interlocución con la 64 legislatura, en donde tiene ahora el conflicto mayor al perder Morena la mayoría parlamentaria como partido.
El “Viernes Negro” desnudó la impericia, la intromisión, la falta de liderazgo, la soberbia y el encono para ¿conducir? ¿Manejar? La política interna. En Zacatecas, ni en la peor de sus crisis, había sucedido algo así.
La intromisión de Verónica Díaz Robles
Ambas legisladoras morenistas, Imelda Mauricio y Priscila Benitez, denunciaron violencia política de sus propios compañeros de bancada e intromisión en las decisiones legislativas de la delegada del Bienestar, Verónica Díaz Robles.
A la diputada Imelda Mauricio la que bajaron vergonzosamente de una reunión con la Secretaria General de Gobierno y después de la coordinación de la fracción parlamentaria de Morena en la 64 legislatura, por lo que tronó en contra de esta humillación.
“A mi me han citado a reuniones a la Secretaría General de Gobierno y estando ahí enfrente de la secretaria (Gabriela Pinedo) me dicen que la reunión se canceló, porque no soy requerida, que deben estar solo unos cuantos y nos excluyen”.
La Morenista Priscila Benítez fue más explícita: no quiero estar sometida a una política, a una directriz que dicta Verónica Díaz, delegada del Bienestar. Hoy seré la voz de los zacatecanos que han sido denigrados por la delegada.
La Vulnerabilidad de la Fiscalía y su sometimiento
Al dar entrada a la querella presentada por la delegada de la Secretaría del Bienestar, el Fiscal José Francisco Murillo Ruiseco, desnuda su debilidad institucional y el sometimiento del organismo autónomo impartidor de justicia en el estado.
De entrada, la querella no tiene sustento que ponga en riesgo la integridad de la querellante y para colmo de males, transcribe mal los nombres de dos presuntos responsables a quienes cambia de sexo en el documento.
El fiscal prefiere mantenerse en la nómina gubernamental que cumplir con su función de ser el impartidor imparcial de justicia; cambia su dignidad profesional por un plato de lentejas que después le será arrebatado, al ceder la “justicia” que se traduce en venganza, por una funcionaria federal que está de paso.
La simulación de la Fiscalía
La diligencia marcada con el número 1889/2022 fue interpuesta el 11 de abril y pronto se le dio trámite. Aquí sí se vio la inmediata respuesta de Adriana Berenice Méndez, Fiscal del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Atención a Víctimas de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Tan rápido y apresurado se hizo que no se revisó la redacción y menos el contenido, en el que se hace referencia al magistrado Arturo Nahle, a Raymundo Cárdenas y Francisco Reynoso.
Esa agilidad y “eficacia” no se manifestó con la querella presentada por la periodista Verónica Trujillo Jiménez el 2 de diciembre del 2020, en la que denuncia una serie de ataques mediáticos y en redes sociales en su contra, por su condición de comunicadora.
No existe una línea de investigación y mucho menos una medida cautelar en su favor.
El 4 de abril pasado el periodista Heraclio Castillo presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de Justicia del estado por las agresiones, calumnias mediáticas y amenazas de las que ha sido objeto por su trabajo periodístico de investigación y que ponen en riesgo su integridad física. Misma situación.
Hasta el momento no hay una respuesta acorde a la dimensión de las agresiones de las que fue objeto el reportero. Lo peor es que hubo un reacomodo interno en la Fiscalía y al ampliar su denuncia, se le canalizó a una fiscal certificada en temas de periodismo.
Los hechos muestran la actuación de la Fiscalía a favor del poder en turno, su sometimiento y debilidad, pero también la vulneración a su autonomía e independencia.
El actual gobierno enfrenta una crisis presupuestal y por ende económica, laboral por todos los despidos ejecutados; de seguridad por el desbordamiento de la violencia que supera a la Secretaría de Seguridad y ahora política, por la intromisión y atropello de una funcionaria federal en la vida política interna.
¿Qué hará el gobernador David Monreal para tratar de reorientar y atemperar el estado de cosas? Al tiempo.
@juangomezac