Ni siquiera se le puede llamar “comida política” a la que asistieron 13 legisladores y uno al que le dicen “gobernador”. Fue un simple convivio, so pretexto de celebrar el cumpleaños de Ernesto González Romo. A este, David Monreal Ávila acudió con tal de que, en la que fue su “aplanadora” semanas atrás, dejaran a un lado los conflictos y las rencillas personales.
Tal idea de “operación política” tienen en la nueva gobernanza. Uno bien se puede imaginar al ejecutivo estatal sincerarse con los asistentes porque “le duele mucho” ver cómo se pelean. De ahí en más, ni una sola palabra sobre el refinanciamiento de la deuda, o cualquier reforma que despierte su interés. Aunque, siendo honestos y justos, ¿qué es lo que en realidad le interesa a David?
Dos fotografías retratan el ambiente del momento. La del diputado González Romo, que hace creer que las y los doce diputados que flanquean a David mantendrán ese espíritu en los próximos consensos que alcance la LXIV Legislatura. Y otra, más consecuente con la recomposición del Congreso, acompañada del mensaje de Priscila Benítez Sánchez.
“Desde el poder legislativo hemos levantado la voz y lo seguiremos haciendo por convicción, para que todo aquello que no vaya bien sea corregido”. O sea, no existe posibilidad de reconciliación cuando los factores que propiciaron la ruptura son los intereses ajenos al ejecutivo y al legislativo, que tienen las manos metidas en la necesidad primitiva de “venganza” y “revancha”.
Además, Priscila tenía un motivo más poderoso al ausentarse de la fotografía que circuló Ernesto González: a la oficialía de partes del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas llegó hace algunos días un recurso de impugnación que busca revocar el acuerdo del pleno que modificó la presidencia de la comisión de Planeación, Patrimonio y Finanzas (PPF).
El bloque oficial busca reposicionar la influencia de un grupo de abogados que hace algunos años conformó el magistrado Edgar López Pérez, en el que se cuentan la diputada Violeta Cerrillo Ortiz; el subsecretario de Responsabilidades, en la Función Pública, Ángel Manuel Muñoz Muro; y la expresidenta del TRIJEZ, Rocío Posadas Ramírez.
De acuerdo con fuentes al interior de la campaña de David Monreal, aquel círculo ayudó a descarrilar la candidatura de Ulises Mejía Haro, e impuso distintas sanciones por Violencia Política de Género lo mismo a regidores, ciudadanos y medios de comunicación. Sus malabares jurídicos entonces ayudaron a construir confianza en la delegación de Bienestar.
Su primer ariete fue el consenso de gobierno para Julio César Chávez Padilla, en los tiempos en que Violeta Cerrillo fungía como regidora priista del ayuntamiento de Guadalupe. Ese mismo equipo jurídico que emigró del PRI a Morena en 2021, y que, como lo explicaría Priscila Benítez en una de sus intervenciones, también es identificado como aliado del grupo Guadalupe.
Si tomamos en cuenta estos antecedentes y agregamos el medio de impugnación dedicado a Benítez Sánchez, prácticamente las palabras de David no pasaron de una simulación. Busca fomentar “armonía” mientras permite que el bloque oficial mantenga distancia y refuerce su fractura interna, lo que llevará más temprano que tarde a que sus bancadas pierdan poder.
Ahora bien, según el comportamiento que conocemos del pleno del TRIJEZ, cabe la posibilidad de que el recurso de impugnación regrese al diputado Armando Delgadillo a la presidencia de la PPF. Argumento suficiente con el que Priscila podría promover otro incidente por Violencia Política de Género, si recordamos que los últimos tres titulares de esa comisión fueron varones.
La ausencia de alternancia de género en la PPF engloba las presidencias de Eduardo Rodríguez Ferrer, Manuel Benigno Gallardo Sandoval y Armando Delgadillo Ruvalcaba. Esto contravendría el compromiso adquirido desde la LXIII Legislatura de garantizar la paridad sustantiva en la integración de los distintos poderes (y sus órganos), aprobado en mayo del 2019.
Todo apunta a que la sesión legislativa de este martes desahogará varias dudas que han quedado en el aire. La más importante: ¿qué postura y con qué elementos responderán al veto del que se dice “gobernador”, así como la distorsión mediática que ha empujado González Romo sobre el supuesto cobro de 200 mil pesos de Herramientas Legislativas?
Es curioso que quien desarrolló y llevó al debate público el entramado de la Estafa Legislativa, con un archivo de más de cinco mil documentos amparados en facturas, ahora no pueda “transparentar” los presuntos ingresos de sus veintinueve compañeros. Lo mismo intentó “aclarar” la nómina secreta de la nueva gobernanza, sin una sola prueba de sus dichos.
Más allá de la retórica y el histrionismo del diputado recién festejado y del otro que se dice “gobernador”, las imágenes no son suficientes si lo que buscan es encubrir la podredumbre acumulada en apenas ocho meses. David Monreal Ávila tendrá que acostumbrarse a vetar los acuerdos de la LXIV Legislatura, sin que esto le otorgue legitimidad alguna.
#Casualidades: Aproximadamente, la nueva gobernanza gastará 3 millones 423 mil 919 pesos en publicidad mensual, para promover al último lugar en los sondeos de aprobación de diferentes casas encuestadoras a nivel nacional.
Con datos de La Chirimba, del periodista Heraclio Castillo Velázquez, se sabe que el “coordinador” de Comunicación Social, Gerardo Flores López, ha extendido 14 contratos de publicidad que acumulan cerca de 35 millones en los convenios hasta ahora conocidos.
Si lo dividimos en cuenta diaria, David Monreal destina 114 mil 130 pesos en distintas formas de propaganda cada 24 horas. A ello habría que sumar el presupuesto del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión que, teóricamente, se aproximaría a los 94 millones de pesos.
O sea, un estimado de 362 mil 133 pesos por día al aparato propagandístico institucional e informal a través de convenios publicitarios y de cooptación de líneas editoriales. Claro, aquí se excluyen algunos medios “pequeños” que aseguran ser liquidados en efectivo porque no tienen convenio.
Sin embargo, hay un dato que se debería revisar a fondo. Mariano Alberto Casas Valadez, al momento de asumirse como Titular de la Jefatura de la Oficina del Gobernador, debió considerar que nunca se le otorgó el nombramiento que dijo tener en esos contratos.
Efraín Ramírez Huizar desplazó de sus funciones a Casas Valadez desde diciembre del 2021. Hace algunas semanas, el nombramiento definitivo (que no tenía Mariano) quedó en manos de Efraín. Ni su firma ni su nombre aparecen en esos contratos… pero en la Función Pública sólo ven lo que les conviene.
Twitter: @GabrielConV