Es exactamente la misma obra, con el mismo proveedor, pero en un tramo distinto. La primera fue licitada el 28 de diciembre 2018 por la administración de Saúl Monreal Ávila, y se fijó como objetivo la pavimentación de 16 mil 800 metros cuadrados mediante carpeta asfáltica, del camino entre las localidades Guadalupe de los Trujillo y Matías Ramos.
El ayuntamiento aceptó siete propuestas distintas entre las que se encontraba la de Triturados Santo Niño S.A. de C.V., para pavimentar los kilómetros 0+000 al 2+400 en esa región. Dentro del Acta de Fallo, el ingeniero Fernando Martínez Osornio descartó algunas ofertas por detalles técnicos como cédulas vencidas del padrón de contratistas, y ausencia de documentos en las proposiciones.
Otras más el Jefe del Departamento de Licitaciones las desechó por los precios encima del esperado. Como resultado, el dictamen final determinó que Jesús Manuel Rivera Bejarano, representante legal de Triturados Santo Niño, obtuviera la licitación por 5 millones 998 mil 998 pesos para consolidar la conectividad vial en las comunidades fresnillenses, mediante la convocatoria nacional LO-832010994-E104-2018.
Cabe señalar que Rivera Bejarano participó de manera simultánea en otra licitación más, auspiciada también por el ayuntamiento que conduce Saúl Monreal. Esta lleva como número el LO-832010994-E78-2018 y se encargó de los trabajos de construcción del tramo carretero Rafael Yañez Sosa (El Mezquite) – Presa del Mezquite a base de carpeta asfáltica 3.6 kilómetros, en Fresnillo.
El 26 de noviembre, Fernando Martínez Osornio entrega a José Manuel Rivera, por encima de otras tres empresas, el fallo a su favor por 9 millones 994 mil 239 pesos para esta otra obra. Todo esto significa que tanto el apoderado legal, como la empresa Triturados Santo Niño S.A. de C.V., tenían conocimiento de cómo concursar licitaciones de obra y presentar las propuestas más económicas.
Sin embargo, el pasado 14 de octubre del 2021, 33 días después de que David Monreal Ávila diera el banderazo que fue transmitido a través de sus redes sociales (a horas de rendir protesta como “gobernador”), Rivera Bejarano deja atrás las licitaciones para entrar al terreno de las adjudicaciones a modo. En ese simple movimiento, están involucrados al menos seis funcionarios públicos de la nueva gobernanza.
En aquella fecha, el secretario de Obra Pública, Guillermo Carrillo Pasillas extiende un contrato de adjudicación por excepción a la licitación, para que Triturados Santo Niño continuara los “trabajos de reconstrucción y mejoramiento mediante pavimento asfáltico del tramo carretero Fresnillo-Valparaíso, Guadalupe de los Trujillo – Matías Ramos”. Sí, la obra que el constructor pavimentó años atrás.
Primera gran anomalía: ¿fue de tan escasa calidad el encarpetamiento asfáltico que realizó José Manuel Rivera durante 2018, en partes de esa vialidad, que cuatro años después a él mismo se le asignan trabajos de “reconstrucción y mejoramiento” ahora en los kilómetros 0+000 al 5+080, con un contrato tres veces más grande que el que licitó con Saúl Monreal?
Recordemos que la pavimentación inicial que le encargó el ayuntamiento de Fresnillo recorría los kilómetros 0+000 al 2+400, con un valor de casi 6 millones de pesos. Y ahora, por el doble de kilómetros, del 0+000 al 5+080, la nueva gobertranza (así le dicen) triplica el costo de la obra en una curiosa adjudicación de 15 millones 893 mil 62 pesos.
Segunda grave anomalía: la adjudicación por excepción a la licitación de la que habla Carrillo Pasillas en la Declaración 1.4 del contrato SOP-Estatal-002-2021, no presenta ninguna causal de las doce distintas que establece el artículo 85 de la Ley de Obras Públicas de Zacatecas, por las cuales a Triturados Santo Niño se le exentaba de concursar y, en cambio, se le favorecía con la adjudicación directa.
Ya que no existe información consultable en la Plataforma Nacional de Transparencia, no se conoce el oficio anexo con el que Guillermo Carrillo explique (muy seguramente con calzador para adecuarse a esas doce excepciones) el por qué la obra que estaba por licitarse en el Programa Estatal de Obra 2021, de Alejandro Tello Cristerna, se consideró luego como un caso “excepcional”.
Luego entonces, caería en responsabilidad todo el Comité de Inversión Pública para el Desarrollo de Zacatecas. Sus integrantes David Monreal Ávila, Ruth Angélica Contreras Rodríguez, Rodrigo Castañeda Miranda, Silvia Saavedra Juárez, Guillermo Carrillo Pasillas y Fernando Ochoa Elías, aprobaron el Programa Estatal de Obras para este año apenas el pasado 31 de marzo.
La Ley Orgánica de la Administración Pública los obligaba a vigilar los casos en los cuales se otorgaban “excepciones” a los procesos de licitación, concurso restringido y adjudicaciones, dentro y fuera de ese programa estatal. De la revisión del documento aprobado no hay una sola obra en 2022 que haya sido considerada a exentarse según el artículo 85 de la Ley de Obra Pública, como la de Guadalupe de los Trujillo.
Tercera grave anomalía y la mayor de las obviedades: ¿cómo, el mismo día que David Monreal rinde protesta como gobernador constitucional, sin un gabinete designado, inaugura una obra que ni siquiera había licitado y que, ahora se sabe, no estaba dispuesto a licitar? ¿Y Humbelina Elizabeth López Loera? Jugando al circo de los “200 años en inhabilitaciones”.
#Casualidades: No sólo quiere que las empresas mineras y los diputados le hagan su chamba. Ahora, a Jeú Ramón Márquez Cerezo le tienen que explicar cómo hacer su trabajo ni más ni menos que en la Coordinación Nacional de Protección Civil.
El pasado 3 de mayo, este organismo respondió a la solicitud de “Declaratoria de Emergencia para 01 municipio de Zacatecas, por la presencia de Lluvia severa y Granizada severa ocurrida el 26 de abril del 2022” (sic) en la demarcación de Río Grande.
Laura Vázquez Alzúa, coordinadora nacional que firma el oficio SSPC/SPPPCCP/CNPC/0402/2022, delata que el correo que envió Jeú “Moches” (así apodado por varios empresarios) “carece del llenado de formulario electrónico” que le fue requerido.
Eso, por decir lo menos. El oficio sigue: “en la solicitud de la declaratoria de emergencia no sustentaba fehacientemente que la capacidad operativa y financiera de la entidad hubiera sido rebasada por las acciones que hubieran realizado en la atención inmediata de los fenómenos naturales perturbadores antes señalados” (sic).
Por ello, y en virtud de que el Gobierno del Estado de Zacatecas no cumplió con las adecuaciones requeridas, la Coordinación Nacional de Protección Civil se declaró impedida para solicitar la corroboración de las lluvias y granizada atípicas.
Por ende, el municipio de Río Grande permanece sin Declaratoria de Emergencia, debido a la ineptitud de la nueva gobernanza, más interesada en extorsionar a más empresas conforme transcurren los días, como ha sido confirmado por este columnista.
Twitter: @GabrielConV