El centro neurálgico de la información obtenida de manera ilegal y presentada públicamente por la gobernadora Layda Sansores San Román como ariete político de su administración, no es otro que el de la campaña de Alejandro “Amlito” Moreno Cárdenas por heredar a un sucesor en Campeche en las elecciones de junio del 2021, y que se disputó en tribunales.
En los días posteriores a la nauseabunda escenificación del pasado martes en el programa propagandístico de “El Jaguar”, trascendió en distintos medios de comunicación que el contenido original era un paquete de audios con los que, presuntamente, se confirmaba un acuerdo entre Ricardo Monreal Ávila y el dirigente nacional para que el PRI retuviera el poder en su estado.
Como mera suposición, y a semejanza de los mensajes hechizos con los que pretendieron darle veracidad a una comunicación entre el coordinador de senadores de Morena y Alejandro Moreno, en Campeche tuvieron que modificar el itinerario del programa y diluir el hipotético golpe que saldría del Sistema de Radio y Televisión en ese estado.
¿Qué sucedió el fin de semana cuando Sansores San Román adelanta en Twitter la primicia de su programa, tan sólo para arrepentirse y luego sostener su objetivo? Es todavía un tema especulativo al que se ha intentado retratar como un llamado de atención desde el Palacio de Covián a la gobernadora para evitar un conflicto irreductible de manera anticipada.
Como se dijo aquí en una entrega anterior, los acuerdos de Adán Augusto López Hernández con el presidente de la JUCOPO quedaban en el medio de una guerra interna que apenas asoma el nivel de descomposición al que puede llegar la designación del o la candidata presidencial de Morena, y que sólo vive días de gracia antes de la salvaje ruptura.
Sin embargo, no hemos salido del terreno especulativo, de las escuchas ilegales, y de la permisividad desde el púlpito de la Cuarta Transformación para transgredir las comunicaciones privadas a manera de obtención de elementos de chantaje y sumisión. Ese debería de ser el debate público en estos momentos, pero el entramado político distrae la atención.
Con estos factores en juego, sorprende que la senadora Claudia Edith Anaya Mota haya decidido tomar como ciertos los dichos presentados en “El Jaguar”, en vez de mantener una postura institucional que ha cuidado decididamente desde que concluyó la elección en la que participó como candidata opositora al favorito a la gubernatura.
No había un solo dato objetivo para que la otrora contendiente presentara una posición tan definitiva como la que justificó en sus redes sociales, apenas había concluido la transmisión en la que únicamente se presentaron distintas suposiciones; nunca indicios concretos y documentos irrefutables como las grabaciones a las que nos acostumbró Layda Sansores.
Desde ahí, el error corrió como un virus entre distintos actores políticos. Al darle cierta tonalidad de validez a lo dicho por Claudia Anaya, el diputado Rubén Moreira Valdez se arrogó el derecho de responder con una misiva de diez puntos comprometedores, en el que el más letal apunta al conocimiento previo de la senadora acerca del lugar desfavorable en el que se encontraba para contender electoralmente. El espíritu de un partido roto.
En paralelo, la nueva gobernanza se infecta de las suposiciones que corrían en el aire y David Monreal Ávila, hundido en el desastre de su gobierno, legitima las dudas de su triunfo cuando le preguntan al respecto y sólo atina a responder que “el pueblo no es tonto”. Tan no lo es, que hoy lo califica como el peor gobernador del país.
Para curarse en salud, Ricardo Monreal Ávila insiste en las acciones legales que se desprenderían de meras presunciones, con lo que confirma y no que los contenidos mantienen un halo de verdad. Minutos después, Moreno Cárdenas presenta una par de tuits en apoyo al senador, por si las dudas de los mensajes manipulados necesitaran algo de corroboración.
Pero, más allá de la cadena de desaciertos, que alcanzan a una Layda Sansores como una parodia de sí misma y de su jaguar, las decisiones que se tomaron en Campeche sólo calaron en una faceta chovinista de la cultura zacatecana: la modificación (con fines políticos) de la marcha Zacatecas. Un símbolo banalizado desde otros sexenios, y hoy casi obsoleto de significados.
El saldo real: un coordinador de senadores de Morena que ya sabíamos que era el puente de comunicación y negociación con los partidos “opositores” (mero apodo). Así le sirvió a Andrés Manuel López Obrador desde el inicio de la Cuarta Transformación. Lo novedoso: la invitación de Layda al “hermano” senador para que regrese a la familia. ¿A qué costo? Esta es la primera llamada.
El punto más débil: una gobernadora de Campeche que basa toda su estrategia en un personaje tan detestable en el público y la clase política (fuera de su partido), como lo es hoy Alejandro Moreno Cárdenas. Si todo gira alrededor de los audios del campechano, la relevancia de sus primicias impactarán menos cada vez. Un siguiente tiro erróneo y el jaguar terminaría por ser la presa.
#Casualidades: Que nadie politice ni ponga en una percepción errónea y exagerada un video que acosa a la nueva gobernanza. No es de la oposición, ni de un cártel del narcotráfico. No son los líderes religiosos, o los alumnos de escuelas públicas sin profesores y sin seguridad en sus planteles.
No son los policías asesinados en sus días de descanso, ni los desplazados de las comunidades de Jerez que aún no pueden regresar a sus hogares. No es su gabinete que intenta convencernos de quiénes sí asistieron a comparecer y quiénes no (aunque estuvieran presentes).
No son las familias de las personas con alguna discapacidad, ni de los adultos mayores que reciben a medias sus “becas de Bienestar”. Tampoco es Jorge Iván Ávila Correa, las tres carpetas de investigación en la Fiscalía conocidas hasta su deceso, ni el fantasma del privilegio de los juniors de la política (que, se ve, no lo dejan dormir).
Mucho menos son los medios de comunicación con los que mantiene una relación comercial de convenios publicitarios, firmados por Gerardo Flores López, dedicados a extender esa “percepción” de los espectáculos de inseguridad que tanto critica todos los días.
No son las herencias malditas, sobre las que -por cierto- hace como que “gobierna” muy cómodamente. Ni las carreteras del estado que ya cobraron la vida del senador Faustino López Vargas y de su esposa Pilar Hernández.
Es simplemente un perro callejero que carga la cabeza de una persona decapitada, y que captó algún automovilista mientras se desplazaba en el municipio de Monte Escobedo. Algo tan insignificante que no podía ni debía distraer a David Monreal de la semifinal del Campeonato Nacional Charro. ¿O qué pensaban?
Nota: esta columna volverá a su publicación habitual el martes 8 de noviembre.