Se cumple la segunda quincena sin pagos al personal del ayuntamiento de Sombrerete. Esa plantilla laboral a la que, con desfachatez de sobra, el presidente municipal Alan Murillo Murillo le agradeció la solidaridad con la que “lo acompañaban” en su lucha contra el Instituto Mexicano del Seguro Social… hasta que un grupo de regidores echaron por los suelos su optimismo negligente hace un par de días.
Los podrá calificar de opositores “enviados de”, que no colaboran con su administración en crisis por culpa del gobierno federal, pues en los primeros días de noviembre le embargaron las cuentas del municipio debido a los adeudos por 188 millones de pesos en los conceptos del cobro de Cuotas Obrero-Patronales, y de Retiro, Cesantía y Vejez.
Pero, ahí es donde la realidad le pisa los talones de Murillo Murillo. El grueso del cabildo sí participó de manera presencial en las reuniones con los funcionarios del IMSS en las que se establecieron una ronda de negociaciones para el cobro de dichos adeudos. Y es en esa narrativa contrastante donde comienza la mentira del edil de Sombrerete.
Como lo clarificó el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) en Zacatecas el pasado 2 de noviembre, Alan Murillo conoció con oportunidad la posibilidad del embargo a las cuentas en las que el municipio mantiene las ministraciones federales, estatales, así como la de ingresos propios.
Al no concretar un acuerdo que inició con varios meses de anticipación, sus posibilidades se redujeron a la liquidación inmediata de la totalidad del adeudo, o el pago de un entero de 32 millones en dos parcialidades a más tardar en el mes de enero, o el abono de 14 millones en una primera exhibición junto con el resto en otras tantas mensualidades.
Obstinado en que ninguno de esos acuerdos satisfacía sus necesidades, después de que dejó de pagar al IMSS las prestaciones de sus trabajadores en 13 mensualidades, su séquito de funcionarios bien remunerados le sugirieron iniciar un “proceso penal” en contra del Seguro Social por haber solicitado tal embargo de cuentas a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, situación que le había sido notificada con tiempo por el acreedor.
Dicho proceso penal no es otra cosa que una salida mediática al conflicto, pues desde el 9 de noviembre y hasta la fecha, la presidencia municipal se mantiene tomada por los trabajadores que, aseguró Alan, le habían otorgado su respaldo. Un proceso penal que, además, vendrá a echar de cabeza la pésima operación de su equipo de gobierno (con todo y concuños incluidos).
Una sola razón necesita esgrimir el Seguro Social, y por supuesto que la tiene, para justificar la restricción de las cuentas municipales que contenían los recursos para la nómina. Incluso cuando el IMSS informó en su momento que, legalmente, esos dineros no formarían parte del embargo.
De hecho, es un argumento bastante sencillo: las cuentas del municipio no tienen un uso específico ni un título que permita identificarlas. Esto significa que, en una cuenta, lo mismo se pueden encontrar transferencias monetarias a la plantilla laboral que movimientos de gastos en general, así como ministraciones, participaciones y aportaciones estatales y federales.
De acuerdo con los testimonios de quienes sí asistieron a las reuniones con los funcionarios del IMSS que negociaron el acuerdo para el pago de adeudos, Alan Murillo también fue notificado para que, una vez que entregue los documentos que comprueben en cuál de todas las cuentas se encuentra el grueso de la nómina de Sombrerete, el Seguro Social inicie un nuevo procedimiento administrativo.
Este va dirigido a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, encargada de la restricción de las cuentas municipales. Mediante un oficio con las documentales públicas del pago al personal, el IMSS solicitaría se reactiven los fondos correspondientes única y exclusivamente de dicha nómina. Los demás permanecerán en embargo hasta que se salden los adeudos.
Lo anterior igualmente explicaría por qué Julio César Chávez Padilla decidió adelantar las quincenas del mes de noviembre y primera de diciembre. Al no tener un orden administrativo interno que facilite reconocer el uso de los recursos por cada cuenta municipal, al de Guadalupe le urgía deshacerse de los activos de nómina y servicios públicos, como los pagos semanales millonarios a TRASH.
No había otra justificación legal para que el alcalde del “reality show” adelantara el pago de salarios y prestaciones con la consigna del “ahorro” y el cuidado de la “economía familiar”. Dos caras de una misma moneda que, como aquí se ha insistido, encuentran un denominador común en el expresidente de Guadalupe, Roberto Luévano Ruiz.
Tal cual, como la pantomima que escenificó David Monreal Ávila al reunirse nuevamente con Zoé Robledo Aburto, el mismo día que el municipio de Jerez era sitiado por la delincuencia organizada. Otra vez habló de los “adeudos heredados por administraciones pasadas” y muy engrosados por sus ediles de Morena. Aunque nada tiene qué gestionar cuando los alcaldes se rehúsan a pagar y prefieren hacerle al “Tío Lolo”, como Alan Murillo.
#Casualidades: Independientemente de lo que pueda o no sancionar Humbelina Elizabeth López Loera, a partir de la denuncia anónima por presuntos cohecho y nepotismo, entre otros, de su subsecretario de responsabilidades administrativas, hay más de lo que los inconformes subrayaron.
Agenda Política encontró que la última declaración patrimonial de Diana Monserrat Castillo García, fue presentada el 3 de mayo del 2022. Esto es, un día antes de que recibiera el nombramiento como Directora de la Escuela Estatal de Conservación y Restauración de Zacatecas “Refugio Reyes”.
La ingresa al sistema SIDESPI como una declaración de modificación, no una declaración de conclusión en el encargo como auxiliar administrativa encargada de la Revisión y Expedición de Títulos y Escrituras, de la SEDUVOT.
Una falta administrativa no grave la cual ameritaría inhabilitación temporal de parte del responsable de verificar que la directora hubiera entregado su declaración de conclusión -no consultable de manera pública- que es, nada más y nada menos, que su esposo, Ángel Manuel Muñoz Muro.
Empero, lo más llamativo será atestiguar cómo Humbelina dará por válida la ausencia de presunto nepotismo, si Castillo García no reunía dos condiciones legales para asumir aquella dirección: cinco años de experiencia docente y dos años de experiencia práctica en áreas afines.
Así lo manifiesta Diana Monserrat en su semblanza curricular disponible dentro de la Plataforma Nacional de Transparencia. Por ende, aquella denuncia no sólo acarrearía responsabilidades administrativas que teóricamente debería de sancionar el cónyuge, sino la revocación del nombramiento.
La pareja no puede argumentar que no hacen gala de su condición de matrimonio (raíz del probable nepotismo) pues ella misma presumió una fotografía con el director del COZCyT, en presencia de su esposo, para gestionar un “software” para la Escuela de Restauración.
Es el exceso de confianza y la prepotencia muy características del juez con licencia, ahora en una posición evidentemente cuestionable para continuar con su actuación (que nadie compra) como zar anticorrupción de la nueva gobernanza. Y así de simple, Benjamín “N” quedó en el pasado.