La Secretaría de Agua y Medio Ambiente pasó a ser una dependencia que echó por los suelos uno de los proyectos más ambiciosos para el futuro hídrico de Zacatecas en la administración de Alejandro Tello Cristerna, a una en que los dineros no dan para ejecutar rellenos sanitarios municipales, en tiempos de la nueva gobernanza.
Un giro drástico en sus prioridades que pretextan por la ausencia de recursos federales en materia ambiental, lo cual traerá distintas crisis locales como ya sucedió en Tlaltenango, durante la administración de Salvador Arellano Anaya. Fracaso que, por cierto, le heredó Miguel Ángel Varela Pinedo a su municipio y a su sucesor, éste último aferrado a mantener la línea indolente de su jefe político y un vertedero de basura que contaminó a toda una población.
Quedó demostrado en distintas evidencias el escurrimiento de lixiviados en el arroyo Los Tecongos, la propagación de gases, el tiradero de basura a cielo abierto, y la proliferación de fauna nociva, lo que obligó a los habitantes de la comunidad de Cicacalco a buscar soluciones en el cabildo encabezado por Varela Pinedo. Su respuesta fue desoír y hacer caso omiso a los reclamos ciudadanos hace más de dos años.
El que ahora emprende su campaña “Con todo sino pa q” (la pésima redacción es del diputado federal) y se arroga la bandera de una “oposición” que no pasa de los gritos en San Lázaro, desde 2017 inyectó buena cantidad de recursos a algunos medios de comunicación (bien identificados) con la idea de vender el proyecto del relleno sanitario que no cumplía con requisitos esenciales.
Con ello, Miguel Varela buscaba silenciar un hecho grave: el relleno nació sin un proyecto de verificación, monitoreo y cumplimiento de la Resolución de Impacto Ambiental, emitida en 2017, y así fue construido en las cercanías de un asentamiento indígena. Sin embargo, la publicidad del “niño azul” metida a construirlo como figura “candidateable”, ocultaba un conflicto, vigente todavía, de dimensiones sociales y ambientales.
Por ello, el 9 de septiembre del 2021, los habitantes de Cicacalco detienen los accesos al vertedero público que operaba en condiciones irregulares, y se desata una pugna legal con el ayuntamiento. Al cambio de gobierno (tres días después), el gabinete de David Monreal Ávila se desentendió del tema hasta que la comunidad indígena presentó la situación al presidente Andrés Manuel López Obrador en una de sus giras por la región de Los Cañones.
A partir de la intervención de la autoridad federal, la nueva gobernanza se vio obligada a abrir una mesa de acuerdos con los de Cicacalco, ninguno de los cuales se siguió de manera puntual. El más importante de estos obligaba al cabildo de Salvador Arellano a modificar el uso de suelo en el área destinada al relleno sanitario, y a desistirse de un amparo que impide su clausura definitiva.
Ninguno sucedió como fueron firmados en el convenio para tal efecto entre la comunidad indígena, el municipio y el gobierno estatal, señalando como representantes de la nueva gobernanza a las secretarias Gabriela Evangelina Pinedo Morales y Susana Rodríguez Márquez. Y no fue sino hasta el pasado 15 de julio (diez meses después) que el gabinete de David se comprometió, ahora sí, a clausurar el vertedero a más tardar el 31 de agosto.
Con la información que se tiene disponible hasta el 2 de septiembre del 2022, a través del portal de investigación periodística Pie de Página, Arellano Anaya y la nueva gobernanza han incumplido con las fechas del convenio y todos sus acuerdos, por lo que el relleno sanitario se mantiene en operación irregular al día de hoy, aún y cuando ya fue sancionado por la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (PROFEPA).
El deficiente proyecto que Miguel Varela promovió en su administración alcanzaba los 24 millones de pesos, un gasto cuestionable debido a que carecía de una Resolución de Impacto Ambiental realista. Tan cuestionable como, por ejemplo, las luminarias a sobreprecio que adquirió para Tlaltenango, con un proveedor de cabecera de distintos políticos en Zacatecas, de nombre Julio César González Hernández.
A diferencia del de Tlaltenango, con 35 millones de pesos presupuestados para un relleno sanitario que sí cuenta con Manifiesto de Impacto Ambiental, Proyecto Ejecutivo, Planos de Proyecto Integral y Presupuesto de la Obra (con un cronograma específico), como lo presentó el 26 de mayo del 2022 el ayuntamiento de Fresnillo, la titular de SAMA ha decidido entrar en camisa de once varas.
Con el oficio 396, del Expediente 05/2022, la síndica Argelia Jetzirah Aragón Galván incluso notificó a Susana Rodríguez Márquez que el municipio ya contaba con las parcelas 658 y 666 del Ejido de Fresnillo, para la Primera Etapa del Relleno Sanitario Tipo “A”, en la demarcación que hoy gobierna Saúl Monreal Ávila. En este proyecto sólo faltaba el permiso federal de SEMARNAT.
Sin embargo, Susana Rodríguez modificó su planteamiento inicial del 18 de octubre cuando dijo a distintos medios que, aún y con los permisos de SEMARNAT, “no podemos hacer nada para sacar el recurso ya que este lo designa el señor Gobernador, porque SAMA sufrió un recorte y no puede desviar” presupuesto que originalmente estaba etiquetado en ese rubro.
Semanas después, en un giro imprevisto de una funcionaria que participó en la Estafa Legislativa, reviró al ayuntamiento de Fresnillo que había detenido la licitación de la Primera Etapa del Relleno Sanitario “porque para poder entregar dinero, primero debe existir un proyecto”. O sea, que sí había dinero, pero, en el caso de ese municipio, aseguró, no existía ni un oficio de solicitud. Todo ello sin notificar legalmente al ayuntamiento.
Con esa seriedad desempeña el cargo para el que recibe un estímulo jugoso Susana Rodríguez, la “ecologista”. Si es porque no hay recursos por culpa de David, si es porque falta un proyecto por culpa de Saúl, o porque no se puede entregar dinero (que a veces dice que no hay y otras dice que sí) a falta de un oficio (que sí existe), lo que se vive en la Secretaría de Agua y Medio Ambiente es otro proceso de degradación de una agenda ambiental para el estado, de por sí rodeado de crisis en espera de estallar.
#Casualidades: Vaya que los panistas no sólo “no cantan mal las rancheras” en Tlaltenango. Empoderados por las ambiciones personales de sus tres representantes en la LXIV Legislatura, la bancada azul tronó ayer la comparecencia de Ricardo Olivares Sánchez.
Karla Dejanira Valdez Espinosa y María del Mar Ávila Ibargüengoytia mantienen el monopolio de la presidencia de la Mesa Directiva, mientras que uno más ambicioso (y eso ya es mucho decir), José Guadalupe Correa Valdez, lo hace en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
No podía faltar en ese trío la ayuda del diputado “estrella”, José Xerardo Ramírez Muñoz, que se ha dedicado a rebanar tajadas de reasignación presupuestal de la legislatura cual cajero automático… pero en tiempos de austeridad.
El chantaje, otra vez, es por la bolsa de recursos de los “pobres” diputados. Y aunque los priistas posaron para la foto, en su amasiato con Morena, tricolores y guindas reclamaban en los pasillos que había gato encerrado en ese de entregar el presupuesto un día antes de la comparecencia.
Lo que quieren los de la LXIV es volver al formato de la glosa del primer informe de gobierno: negociar las posturas para sacar dinero. Tan degradante como utilizar cualquier grieta política como entrada a un acuerdo monetario o de favores personales (caso de la diputada Gabriela Monserrat Basurto Ávila).
Es en estos momentos cuando se refleja el valor de la palabra de algunos legisladores como Karla Valdez, a quien ya se le habían abierto las puertas de la nueva gobernanza para su líder sindical Norma Castorena Berrelleza y no en una sola ocasión. El adobe al que se ha subido es uno muy frágil, quebradizo y peligroso… y así anhela gobernar Sombrerete.