Sólo al subsecretario de responsabilidades administrativas (con minúsculas, como su aportación a la vida pública) Ángel Manuel Muñoz Muro, se le podría ocurrir una operación sin votos legislativos para reventar la designación de Alejandro González Navarro como magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas.
Fiel creyente de que presionar un par de carpetas de investigación podría descarrillar los consensos legislativos, Muñoz Muro ha logrado desatar polémica y acentuar la pésima imagen de la nueva gobernanza en los últimos días, gracias a sus decisiones impulsivas. No es que le preocupe en demasía sus errores, quien paga las consecuencias en la opinión pública es David Monreal Ávila.
A tal grado se encuentra sometida la bancada del Bienestar en la LXIV Legislatura, que Violeta Cerrillo Ortiz mejor se ausentó en las votaciones del pleno el día de ayer. No había margen alguno para que Ángel Manuel pudiera recuperar cualquiera de los cinco perfiles que pretendía imponer, pues en sus manos no hay consensos, sino rupturas al estilo de cierta funcionaria federal.
Aún en esas condiciones, el subsecretario presionó desde su oficina en la Secretaría de la Función Pública para movilizar un ligero puñado de sufragios con tal de modificar la mayoría unánime. Lo anterior motivó la antipatía del pleno legislativo, en el que sus encomiendas no se toman en serio ni se prospectan como factor de cualquier decisión interna.
Pero, el juez con licencia -del que no queda muy clara su vinculación en el asesinato de la estudiante de derecho de la UAZ, Nayeli “N”– hace y deshace, incluso con conocimiento de que su operación afecta intereses cupulares. Le basta “charolear” con la placa de la Delegación de Bienestar, y así se erige en verdugo de conflictos personales, y de operaciones políticas risibles.
La mentoría de su amigo y “protector” Edgar López Pérez los tiene en el ejercicio de la política apartados de la lectura de los clásicos. Ellos, en cambio, prefieren reflejarse en los prolegómenos del “gangsterismo” que admiran de la obra de Francis Ford Coppola, “El Padrino”. Y es que, lo hay de todo en esta viña pública de la política y sus constantes perfiles singulares.
Sin embargo, su naturaleza es más bien inquisitiva y de empoderamiento por vendettas. No existe lógica política mínima en la manera en que asimilan el debate público. Siempre es un continuo exigir espacios para los suyos, utilizar las instituciones a modo del patrón en turno, y reclamar el pago de favores más que el de lealtades. La política del agandalle.
No queda duda del por qué fueron adoptados fácilmente por “la secta”, y las consecuencias quedan a la vista, como se dijo aquí con anterioridad: la bancada del Bienestar hoy es mera espectadora del debate legislativo. No tienen peso político alguno, no marcan la agenda de consensos, fueron relegados de las presidencias de las comisiones y marginados en los órganos de gobierno.
Se entiende, igualmente, por qué la frustración se desahoga a manera de venganzas judiciales. Ya no hay espacio para crecer en la otra “secta” de abogados que comanda López Pérez. Se les cerraron las puertas en el tribunal electoral, en el administrativo, y en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Hoy sobreviven en la isleta de la Función Pública, y nada más.
Si tomamos en cuenta estos antecedentes, entenderemos que los resultados de la votación de este lunes ya perfilaban con certeza desde hace algunas semanas. Lo sabían en la Secretaría de Finanzas y lo sabía el nuevo coordinador del gabinete. Lo intuían algunos priistas que colaboraron con Alejandro González, en el gobierno del contador Tello Cristerna. Y así sucedió.
Lo mismo que en la designación de Marisela Dimas Reveles como la nueva ombudswoman de los derechos humanos a nivel local. Ambos nombramientos denotan el nuevo epicentro de los consensos políticos que verán su culminación en el presupuesto de egresos, votado en una próxima prórroga legislativa.
El trabajo ya fue hecho por Ricardo Olivares Sánchez, mediante aproximación previa a los agentes políticos que confluyen en la estructura de recursos. Más allá del desaguisado de algunas bancadas la primera vez que se presentó a comparecer, las modificaciones del dinero público respetan cierto grado de normalidad que se abandonó de manera imprudente hace un año.
Así, a paso firme, alentada por las desavenencias de la Delegación de Bienestar, la política comienza a reproducir un patrón de uniformidad contra los caprichos de una burbuja inestable. Un elemento que habrá de potenciarse apenas se acerque el calendario electoral en Zacatecas, influenciado en buena medida por la contienda presidencial.
Y como invitaba la senadora Citlalli Hernández Mora a su colega Ricardo Monreal Ávila, semanas atrás, en Zacatecas también es tiempo de definiciones. Aunque “la secta” intente empoderarse, sin consensos ni capacidad de diálogo, habrán de desgastar la poca legitimidad que les resta con arbitrariedades cada vez más notorias… y cada vez más costosas en sus aspiraciones.
#Casualidades: Todavía no rendía protesta como presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y Marisela Dimas Reveles ya tenía encima la solicitud de dos informes de autoridad en el caso de las familias desplazadas de las comunidades de Jerez.
Uno va dirigido a la nueva gobernanza, y el segundo a la administración de Humberto Salazar Contreras, con motivo de la queja promovida por aquellos habitantes. Tocará a la recién designada dar seguimiento a estas solicitudes e investirlas de legitimidad con sendas recomendaciones.
Lo mismo que una próxima denuncia sustentada en la restricción a los límites de la libertad de expresión, a través del acoso judicial que promueve la nueva gobernanza al periodismo crítico y de investigación que actualmente se realiza en Zacatecas.
Así como la libertad que se toma el subsecretario de responsabilidades administrativas, Ángel Manuel Muñoz Muro de violar el debido proceso al prejuzgar en redes sociales a imputados, romper la clasificación absoluta de reserva de los registros de investigación a través de un artículo publicado por un tal Manuel Chacón y las distintas filtraciones patrocinadas por Gerardo Flores López, y la evidente falta al Código de Ética pues la autoridad ha dejado de actuar de buena fe.
Marisela tiene pocos días para conocer la Comisión que encabezará, pues las agendas ciudadanas en la entidad tienen varios puntos de rezago. Debe enclavarse en la discusión pública con argumentos institucionales, sin rehuir al debate ni permanecer en la comodidad de la indiferencia.
Lo primero será construir un equipo que manifieste seriedad y reduzca las especulaciones acerca de la Comisión de Derechos que no entre en conflicto ni incomode al poder en turno. Veremos qué rostro quiere imprimir a un organismo hoy tan necesario en una sociedad agraviada por la negligencia y el abandono.