Cuánta indiferencia cabe en un gobierno como el de José Humberto Salazar Contreras. Si a la tragedia en el bar “El Venadito” le faltaba otro ingrediente más de negligencia, ese lo puso el galeno cuando informó que ninguna festividad se cancelaría después de la masacre en su municipio y que, como ninguna otra, “la jerezada [de este año] va a estar muy buena”.
Para el médico que sólo despacha asuntos privados en su consultorio por las tardes, siete muertos y seis heridos (en condiciones graves) en medio de un atentado contra la población, no son un punto de quiebre en la vida diaria de las y los jerezanos. Por el contrario, así como sucede en Guadalupe, Fresnillo y Zacatecas (tal cual lo dijo), la violencia no debería clausurar cualquier celebración.
Es tanto como tener a un presidente municipal que invita a sus “gobernados” a normalizar los hechos sangrientos conforme avanzan en impulsividad y virulencia. No hay otra salida más que resignarse a la anestesia social de unos cuantos días de fiesta, mientras todo regresa a su cauce cotidiano: muertes cada vez más impactantes y de manera indiscriminada.
Que al fin la “estrategia de seguridad” no es un tema al que David Monreal Ávila piense moverle una coma, aunque el gobierno federal ni siquiera consulte a su nueva gobernanza cuando se trata de programas de seguridad como el Plan Zacatecas II, que fue presentado en noviembre del 2021. A partir de entonces, el empoderamiento del crimen organizado ha sido la única constante.
Hasta que la indignación surgió. Menores de edad, jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad, ciclistas, algunos miembros de la Peña Taurina “Isidro Muñoz Rodríguez” (que cargaban una cartulina con la leyenda “Ni uno menos”), profesores, estudiantes, comerciantes; todos, vecinos del municipio que llenaron sus calles la tarde de este jueves.
No pasaron más de veinte minutos posteriores al inicio de la marcha por la paz “Jerez Somos Todos”, a la que convocaron en redes sociales, cuando la caminata cruzó cartulinas con los músicos que laboraban en la esquina de la emblemática cantina “Mi Carta”. Los encontraron con los instrumentos inmóviles, expectantes, sin ánimo de romper la protesta silenciosa.
Un silencio compartido, ya sea por hartazgo, desánimo o consternación, colmó los empedrados que conducen al bar ahora convertido en un símbolo de desgracia y muerte. Quienes ahí llegaban poco a poco se acercaron a la fachada recién resanada (para disimular los orificios de las balas) en la que colocaron flores, veladoras, globos blancos y algunas cartulinas.
Con capucha y lentes, alguna joven se dirigió a los manifestantes mientras otros dejaban las ofrendas en el bar: “les pedimos de favor que nos acompañen con un minuto de aplausos por los que sufrieron el lamentable suceso del viernes, y en el que cayeron simplemente por el hecho de estar en el lugar incorrecto”. Los rostros de aflicción ahora se mezclaban con los aplausos apesadumbrados.*
Hacia la primera media hora de la marcha silenciosa el contingente ya llegaba a los cientos de inconformes que luego tomaron rumbo hacia la presidencia municipal, muy cerca de donde se encontraban, pues las filas comenzaban a alargarse. Ahí los recibió el par de puertas cerradas, en las que pudieron colgar otras pancartas y más fichas de búsqueda.
En el recinto del ayuntamiento finalmente comenzaron las consignas: queremos justicia, queremos paz, queremos un pueblo seguro, nadie más, no queremos desplazados, da la cara presidente, estamos de luto, por Toñito, por Orlando, por Gerardo, por Samuel, por Julio, por Juan David, por Raudel, por Oscar, por Jesús, por Daniel, por Mauricio, por Estrella, por Jerez, por los jerezanos. No queremos feria. No a la feria, no a la feria, no a la feria.*
Marco Vargas Duarte, ex secretario del ayuntamiento, luego enlace con las comunidades del municipio que fueron desplazadas por el narcotráfico (a las que ofrecía despensas y bolsas de frijol para remediar el asunto), apareció entre los manifestantes para tomar fotografías de lo que sucedía al momento, sin mediar palabra ni buscar acercamiento.
Por casi una hora, la incertidumbre compartida compuso la atmósfera pesada que se respiraba en las calles del centro de Jerez. El enfado colectivo -aunque silencioso- se impactó con la indiferencia de un gobierno municipal aferrado a representar una idea de Jerez que muy pocos comparten, pues las familias que cargan con sus lutos por la violencia crecen en número.
Son esas mismas familias que, en un comunicado firmado por el Colectivo Docente y Personal de Apoyo de la Escuela Ignacio Zaragoza, este jueves también informaron que renunciaban a participar en el Desfile de Carnaval 2023 “y demás eventos programados para esta celebración” a manera de solidaridad con la exigencia general de seguridad.*
Hemos visto nuevos brotes de organización en un municipio que, para estas fechas hace un año, volvía a resguardar a miles de habitantes de las serranías que habían sido desplazados por los cárteles del narcotráfico, sin que el problema haya cesado.
Aquella crisis obligó a la autoridad a reducir sus días de fiesta. Hoy, a contrasentido, los negocios de Salazar Contreras no son restricción alguna contra un pueblo asediado… hasta que la siguiente la gran masacre aparezca. ¿Cuánta indolencia es suficiente?
*Con información e imágenes del portal de noticias La Voz de Jerez.
#Casualidades: No es menor el número que deslizó la comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Blancia Lilia Ibarra Cadena, durante su reciente visita a Zacatecas. Los derechos de acceso a la información son apenas ejercidos por menos de un 5% de la población total del país.
Si lo vemos desde esa perspectiva, los de transparencia no son derechos, son privilegios a los que acceden unos cuantos. De ahí que el gran reto de los órganos garantes de la transparencia a nivel local fijen como prioridad la efectiva socialización de las herramientas de acceso a la información.
Sin duda una tarea difícil, ya que este tipo de derechos de cuarta generación compiten con las necesidades más básicas de la población en cuanto a servicios públicos, de los cuales la seguridad es el que más escasea actualmente, junto con los servicios de salud e infraestructura social.
Es cierto que la transparencia y la rendición de cuentas son principios que llegan a pocos circuitos políticos y segmentos sociales. De ahí que, como declaró también el comisionado Adrián Alcalá Méndez para Agenda Política, sean algunos casos de éxito los que deban de revisarse.
Un punto de partida que podrían utilizar Fabiola Torres Rodríguez, Nubia Barrios Escamilla y Samuel Montoya Álvarez, con la finalidad de dinamizar la socialización de esos derechos y sus herramientas para ejercerlos, recargados en casos de éxito específicos.
Actualmente, uno de los arietes entre el principio de “rendición de cuentas” y la sociedad somos precisamente los medios de comunicación. Los productos de investigación sirven como ejemplo de los alcances que tienen las herramientas de transparencia a manera didáctica de qué tanta información puede abrir un solo ciudadano cuando se familiariza con sus propios derechos. Construyamos pues ese círculo virtuoso.