El espectro político alrededor de la investigación sobre el homicidio del abogado Raúl Calderón Samaniego temporalmente ha entrado en un episodio convulso, absolutamente innecesario. La discusión y aprobación del dictamen en sentido positivo para retirar el fuero, y de su cargo, a Julio César Chávez Padilla, será la última etapa de este “bache legislativo” dentro del proceso penal que inicia.
No pocos apostaban a que, ingresada la solicitud de procedencia del fiscal Francisco José Murillo Ruiseco a partir de dos órdenes de aprehensión otorgadas el pasado lunes, en la Legislatura el tema se empantanara y se enlodara en la operación política alrededor de la bancada del Bienestar, con la única finalidad de ganar tiempo en un asunto que detona una crisis política para ese mismo grupo.
No fallaron los pronósticos cuando algunos legisladores comenzaban a apuntar, en público y en privado, la “disparidad” normativa con la que no debía ser construido un dictamen a punto de ser votado en unas cuantas horas más. Esa “discusión” la echó abajo el abogado Darío Gamón Rodríguez cuando solicitó una recusación apoyado en el Código Nacional de Procedimientos Penales el día de ayer.
Lo que servía de soporte a una parte de la bancada de Morena con tal de justificar una decisión del ámbito político, como la de retirar o no el fuero del funcionario, Julio César Chávez Padilla derrumbaba el mismo día que buscó que la Comisión Jurisdiccional se condujera por la constitución local para alargar el plazo del desafuero.
Tiempo que quería obtener no para cabildear el sentido de la votación que en estos momentos ya es un alud imposible de detener, sino para afinar un par de amparos, junto con los discursos con los que se pronunciarán las y los diputados que se nieguen a dejar desprotegido al alcalde de Guadalupe, hoy desaparecido de los reflectores que tanto utilizaba hasta hace unos días.
En paralelo, el ayuntamiento que abandonó Chávez Padilla esta misma semana entraba en naufragio. Se construyeron toda clase de rumores asegurando que el alcalde no había huido, que se encontraba en su oficina, que había sostenido una reunión con su gabinete. Tan sólo para confirmar, un video después, que Julio César ya no estaba al frente de sus funciones, aún con gozo de fuero y un destacamento de policías estatales afuera de su despacho.
Lo que anteriormente servía de canal de comunicación con su red de aplaudidores (muchos de ellos trabajadores obligados a difundir sus contenidos), luego se convirtió en una triada de redes sociales con comentarios desactivados (censurados) en los casos del Ayuntamiento de Guadalupe, y las cuentas públicas de Julio César Chávez Padilla y -curiosamente- su cónyuge “Susana” Solís.
Luego intentaron “revivir” al showman de Guadalupe a través de una publicación completamente aleatoria para combatir la idea de que Julio, como Baltazar (se decía en Facebook), “se había pelado”. Lo que atestiguamos fue una operación en medio del maremoto que se desató una vez que la (excesivamente pulcra) imagen del alcalde había sido trastocada por una orden de aprehensión. La peor crisis posible.
El último recurso del protagonista del “reality show” de Guadalupe (ahora convertido en una tragedia difundida en tiempo real) llegó mediante una carta, muy alejada de los videos con los que solía sostener su puesta en escena por las denuncias contra las administraciones del pasado. Palabras más, palabras menos, juagaba con la misma hipótesis del “montaje” que ya había pronunciado Violeta Cerrillo Ortiz contra Murillo Ruiseco.
Todo eso sucedió en cinco días en los que la Fiscalía dejó de ser el foco de atención para mandar el balón al lodazal legislativo y así conocer la estrategia que desarrollarían los ahora perseguidos por la justicia. Cinco días en los que Francisco Murillo guardó absoluto silencio respecto de la otra persona que también obtuvo una orden de aprehensión al mismo tiempo que Chávez Padilla (como coautor).
De manera extraoficial se sabe que la persona hoy prófuga de la justicia habría obtenido una suspensión provisional contra aquella orden de aprehensión, por la mera rutina de lo que exigen los estándares del procedimiento de amparo. Por qué Murillo no pudo localizarla desde el momento que salió de una audiencia privada con el juez, es la gran interrogante ahora.
Fueron horas claves desde que la Fiscalía obtuvo permiso para privar de su libertad a la otra persona presuntamente implicada en el homicidio de Raúl Calderón, y sin embargo la policía de investigación y el Ministerio Público dejaron pasar tiempo valioso mientras se armaba la defensa legal de una causa que no tiene que ver con el interés mediático, sino con el interés público alrededor de un crimen.
Se equivoca Murillo cuando reduce una investigación a un mero asunto que genera interés en la opinión pública y las redes sociales, hay un presidente municipal involucrado según su teoría del caso. No es un “asunto mediático”, es una dura prueba para las instituciones y la vida pública de Zacatecas, que evidentemente despierta la inconformidad ciudadana.
Del móvil y de los presuntos participantes en la forma cobarde con la que terminaron la vida de Raúl Calderón se habla en el círculo rojo desde hace semanas. Y como en Zacatecas el rumor se potencia fácilmente al correr rápido en una reducida clase política, los hilos que conducen al origen de esa información forzosamente llevan a la cúpula de la nueva gobernanza.
Claro que en el Edificio A de Ciudad Administrativa conocían del caso muchos días atrás. Claro que quien dotó las fichas informativas fue la Fiscalía. Pero resulta que, con todo y dos órdenes de aprehensión, en un asunto que anunciaba la posible evasión de la justicia de los presuntos implicados, Francisco Murillo dejó pasar una semana más mientras el circo legislativo distraía al respetable.
Y de la otra orden de aprehensión no sabemos nada. ¿Encubrimiento, señor fiscal? ¿Y así piensa darle “justicia” al joven Jorge Iván Ávila Correa?
#Casualidades: Con fecha del miércoles 19 de abril, el pleno del Instituto Zacatecano de Transparencia y Acceso a la Información notificó al portal Agenda Política de la resolución que recayera en el expediente marcado con el número IZAI-RR-086/2023.
En este, los comisionados Fabiola Gilda Torres Rodríguez, Nubia Coré Barrios Escamilla y Samuel Montoya Álvarez aprobaron lo que la ponencia de la presidenta del instituto definiera al respecto de un recurso de revisión sobre una solicitud de información procesada por este medio informativo.
Tiene que ver con la apertura de los archivos relacionados con el Congreso Nacional Charro en Zacatecas, en su edición 2022. En especial, el que corresponde al “Cuaderno de Compromisos” signado entre la Federación Nacional de Charrería y la nueva gobernanza.
Si bien las respuestas ofrecidas por el Sistema Estatal DIF han sido mucho más indicativas y concluyentes conforme a la organización del evento y la existencia de dicho convenio, a comparación de la Secretaría de Turismo o la de Administración, la información otorgada fue insuficiente.
Por ello, en su ponencia, la comisionada Fabiola Torres además de dar la razón en su justa dimensión a las respuestas ofrecidas por Víctor Humberto de la Torre Delgado, también abrió la puerta para que sea el mismo SEDIF, ante la opacidad de Turismo, el sujeto obligado que muestre el convenio.
A partir de este 20 de abril corre el plazo de cinco días para que el SEDIF contribuya con la apertura de estos archivos, en un procedimiento en el que, hasta el momento, se ha mostrado como un organismo atento a las peticiones de información, lo mismo que el IZAI como el órgano garante de este derecho. Buenas señales en tiempos ominosos contra la transparencia.