Han pasado dos semanas desde que concluyó el ciclo mediático alrededor de la investigación por el homicidio del abogado Raúl Calderón Samaniego y, en silencio, dentro de los pasillos de la nueva gobernanza y la LXIV Legislatura, el afamado “Grupo Indeco” se desmorona lentamente, lo mismo que se agrieta a pasos agigantados.
Sin la figura de Julio César Chávez Padilla, quienes flotaban a su alrededor se han ido mimetizando en el contexto político para no visibilizar su autoderrota. Mientras que, en privado, finalmente se han quitado la máscara de soberbia, y buscan -en cualquier nicho político y comunicativo- algunos aliados entre sus otrora enemigos imperdonables tan solo para sobrevivir.
El caso más emblemático tal vez sea el de la diputada Violeta Cerrillo Ortiz que, entretenida en pepenar algo de capital político de los escombros que le deja la reciente crisis de su grupo, se ha convertido en un voto solitario en el pleno y las comisiones, así como en una aspirante a presidenta municipal de Guadalupe en plena incertidumbre de su futuro político.
Buena parte de esta incertidumbre nace gracias a una pausa institucional en la temprana coyuntura político-electoral, para reacomodar las fuerzas en ese municipio. Dentro de este periodo de reacondicionamiento inclusive se vio la prudencia que mantuvo la síndica María de la Luz Muñoz Morales para postergar su fiesta de cumpleaños como fecha elegida de su destape. Ya será en otro momento.
Simultáneo al impasse que surge y reordena a Guadalupe, en un canal paralelo se comienza a operar la propuesta de devolver las estructuras con las que creció el Grupo Indeco, a su creador original: el priista Roberto Luévano Ruiz. Volverían entonces esos votos al partido de donde salieron, sin que sirvan a los propósitos de la dirigencia de Carlos Aurelio Peña Badillo.
Se sabe que Roberto Luévano no mira al PRI como una plataforma en donde tenga cabida, mucho menos cuando solicite la diputación que ocupa Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel, apertrechada en el equipo de Alejandro Moreno Cárdenas a tal punto que se le toma en cuenta en las mediciones de la Ciudad de México como aspirante al Senado de la República.
Mientras intenta estérilmente dinamitar al partido por dentro, Luévano planea acomodar esa estructura que le había heredado a Julio César Chávez Padilla en otras apuestas políticas, y prepara un pliego petitorio demasiado ambicioso a los comités estatal y nacional del PRI tan solo como una excusa para la próxima ruptura que es más que evidente.
Empero, algunos priistas que crecieron en el sexenio de Miguel Alejandro Alonso Reyes, y que hoy no tendrían acceso al partido sin la mano de Roberto Luévano (y su estructura), son los que naufragan con la bandera del Grupo Indeco. Ya hablamos de la diputada Violeta Cerillo, aunque en esa balsa también se encuentran el magistrado Edgar López Pérez y el asesor Julio César Nava de la Riva.
A ellos los acompañan José Francisco Rivera Ortiz (damnificado y sin un puesto definido en el ayuntamiento de Zacatecas); la tesorera de Guadalupe, María de Lourdes Martínez Pérez; un exrepresentante de la Función Pública (ahora en el limbo); y el regidor José Alejandro Zapata Castañeda, viejo compromiso de Simón Pedro de León Mojarro cuando asesoraba a Julio César.
Es este el escenario que verdaderamente preocupa a Violeta Cerrillo y no el presunto problema sobre el punto de acuerdo de la diputada Zulema Yunuen Santacruz Márquez para revocar la concesión del servicio de limpia a la empresa TRASH. De ninguna manera la Legislatura tiene injerencia en un contrato que sólo firmó el ayuntamiento con un particular.
De no existir controversia entre ambos, no hay forma de que se pueda revocar el permiso otorgado a Guadalupe sino hasta el cuarto año que se ponga a revisión en la siguiente Legislatura. Aún y con ello, una llamada telefónica a la diputada Martha Elena Rodríguez Camarillo, presidenta de la Mesa Directiva, obligó a bajar aquel punto durante la sesión del 4 de mayo.
Dos versiones existen al respecto: que la diputada Gabriela Evangelina Pinedo Morales solicitó se modificara el orden del día para omitir la (ineficaz) revocación a TRASH, al mismo tiempo que en la reunión extraordinaria de la Junta de Coordinación Política en esa misma sesión, Pinedo aseguró que ella no tenía impedimento para que se incluyera el tema.
Sea una u otra, la realidad es que la bancada guinda abandonó el recinto legislativo sin tomar en cuenta que la propuesta de Zulema Yunuen no llegaría a buen puerto al final de su trayecto. Si los Santacruz Márquez en verdad quisieran revocar ese permiso tendrían que empezar por demostrarle el ayuntamiento las deficiencias de TRASH y motivar al cabildo a detener el contrato.
Es cierto que contaban con los votos de Susana Andrea Barragán Espinosa, Roxana del Refugio Muñoz González (ahora enemistada con el Grupo Indeco), y otros tantos que se presumen “aliados”. Les pudo más la crisis para teatralizar públicamente que mediamente tenían el control, y lo único que lograron fue recorrer unos días más algo inevitable (e infructuoso).
Pareciera entonces que la Legislatura se presta como una máquina que produce buenas cortinas de humo, con tal de desviar la atención al cataclismo que provoca un “líder” en desgracia y prófugo de la justicia (no me refiero a Simón Pedro), mientras Violeta le pide en privado a la bancada tricolor busquen “reconciliarse” con su dinamitado equipo. Por cierto, y aunque lo niegue descaradamente Edgar López, claro que suda y se acongoja de ver la magnitud de la catástrofe en el grupo que él “preparó”.
#Casualidades: La “secta” del Bienestar ha decidido desconocer plenamente al paro estudiantil en la Escuela de Conservación y Restauración “Refugio Reyes”. La tarde de este lunes, las autoridades adoctrinadas de SEDUZAC les han dado un ultimátum.
En pocos días iniciarán las clases en línea para una minoría alineada a la directora Diana Monserrat Castillo García, y si pierden el semestre aquellos que se niegan a aceptar las migajas que les ofrece Maribel Villalpando Haro, poco a poco perderán su matrícula.
Hasta el momento, sólo a uno de los dos profesores que han sido señalados, con pruebas, por acoso al interior de ese plantel, se le podría rescindir el contrato. Como si molestar académica y personalmente a los estudiantes fuera un problema laboral, y no del ámbito incluso penal.
Persiste la idea del “amiguismo” del poder en la “secta”, de ahí la excesiva confianza de Diana Castillo, aún y cuando cojea de una pata que le ofrecía garantías de impunidad. De tal manera que cada paso que da en este paro estudiantil tan sólo recrudece el conflicto.
El criterio de la arquitecta no va más allá del: obedecen o los expulsamos. Muy acorde al equipo al que pertenece. Sin embargo, pasa por alto (y le importa poco) que no cuenta con el respaldo de la mayoría, sino de unos cuantos que incluso presumen cercanía con David Monreal Ávila.
Es el caso de la alumna Elsa Rosario Godinez Estrada que, para exhibir a su “gobernador”, le sobra orgullo. Y es que, a la fecha, ella sólo recibió un contrato por tres meses en el Instituto de la Defensoría Pública como analista técnica durante 2022, con un salario mensual de 6 mil pesos.
A menos que José Pablo Mercado Solís no reporte la información correcta y se omitan otros ingresos, vaya manera de pagarle a sus incondicionales y esquiroles.