- La reforma constitucional impide a agresores el acceso a cargos de elección popular o cargo en el servicio público; está en riesgo su entrada en vigor en 2024 si al menos, 17 congresos locales no lo avalan.
Senado de la República.- La Senadora Claudia Edith Anaya Mota, hizo un respetuoso llamado al Congreso de Zacatecas para que a más tardar, el próximo 30 de mayo, avalen la reforma a los artículos 38 y 102 de nuestra Carta Magna que dispone la suspensión del derecho a ocupar un cargo de elección popular o de cualquier empleo o comisión dentro de la administración pública en cualquiera de sus niveles, cuando se trate de un agresor sexual, familiar, no haya cumplido con el pago de pensión alimenticia o haya cometido violencia política en razón de género.
La Senadora Anaya sostuvo que esta reforma constitucional avalada en el periodo ordinario que culminó el pasado 30 de abril en el Congreso de Unión, necesita ser respaldada por al menos 17 congresos estatales para entrar en vigor y de lograrse, se hará efectiva en el proceso electoral de 2024.
Confió en que las y los legisladores zacatecanos aprobarán a la brevedad esta reforma constitucional, pues dijo, se trata de hombres y mujeres que se desempeñan con altura de miras, comprometidos, construyendo consensos para impulsar leyes y de esta forma, nuestra entidad esté armonizada con la legislación federal y al mismo tiempo, a la vanguardia.
Hasta el momento, los Congresos de Baja California, Ciudad de México, Colima, Estado de México, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz, han votado a favor de esta reforma constitucional, pero aún faltan ocho más que tienen como fecha límite el próximo 30 de mayo, porque solo así tendrán tiempo suficiente para realizar las modificaciones a las reglas electorales que deben ser publicadas a más tardar, nueve días antes de iniciar el periodo electoral 2024 que inicia el próximo mes de septiembre.
“Esta reforma constitucional es muy relevante, porque representa un tamiz dentro del servicio público y al mismo tiempo, es un límite para todos los agresores al impedirles que puedan ampararse detrás de un cargo político o público y creerse impunes; esto es también un acto de justicia para las víctimas ”, afirmó la Senadora de la República.