Buena parte de lo que sucedió este domingo al interior del PRD en Zacatecas tiene más elementos de publicidad que de contenido. La bienvenida a los hermanos Santacruz Márquez está condicionada a construir y ganarse sus espacios, así como seguir la directriz del partido que lidera José Juan Mendoza Maldonado en la LXIV Legislatura.
Si bien tomarán en cuenta a la diputada Zulema Yunuen en la repartición de comisiones de gobierno cuando así toque el turno a los del Sol Azteca, la cesión de estos encargos se medirá con la disciplina interna y se ratificará en todo momento mediante un voto que no cambie inestablemente con los vientos legislativos (y a conveniencia personal).
En el diálogo con Jesús Zambrano Grijalva no existieron ofertas de candidaturas plurinominales ni de distritos en específico de parte de la dirigencia nacional. Por el contrario, los Santacruz presentaron una solicitud simple: que, donde pongan sus esfuerzos, el PRD respalde esas aspiraciones. Empero, todo ello dependerá de cuánto aporte el apellido a la causa, y qué tanto su pasado no concluya en una suma que resta.
De sobra se presentaron motivos y antecedentes que ayudaron a instalar filtros a la hora de sentarse a la mesa de negociación. Además, distintas voces del partido dejaron saber su escepticismo si se trataba de abrir las puertas indiscriminadamente a personajes como Néstor Santacruz que más bien podría hacer las veces de ancla y lastre en cualquier campaña electoral.
En efecto, no fue una apuesta sencilla para Miguel Torres Rosales dar un voto de confianza y un voto al bloque opositor (que ya tenía) en la Legislatura, de ahí que se dejaran claros los límites a la trayectoria de los Santacruz si querían permanecer dentro del PRD. El consenso, a final de cuentas, estaría basado en el mérito y la construcción de confianza.
A ello hay que agregar un factor sustancial: la diputación plurinominal (con cuota de género) para Zulema Yunuen, se obtuvo mayoritariamente gracias a la votación que recaudaron Ulises Mejía Haro e Iván de Santiago Beltrán, durante la elección del 2021. Por ende, no hay un nicho propio de sufragios que pudieran presumir al PRD los nuevos adherentes.
Los Santacruz, entonces, no sólo deberán de tomar como prioridad algunos petardos que dirigen hacia Guadalupe con tal de ganar visibilidad en la contienda por el municipio y sus distritos. En la antesala esperan otras agendas de las que tendrán que apropiarse, como la del diputado Juan Mendoza que solicitará se lleve al pleno la discusión sobre la despenalización del aborto.
Frente al mayoriteo del PRI y del PAN, así como las ausencias del PT, su propuesta es que las comisiones no necesariamente reflejan la voz de 30 escaños. Es el pleno la autoridad máxima, y no otros órganos supeditados a este, quien debe de decidir si ratifica o no el dictamen en sentido negativo para modificar el código penal local.
Más allá de los argumentos vertidos por quienes presentaron su voto en contra de la despenalización porque no hay mujeres procesadas legalmente por esta conducta, la realidad que prevalece actualmente en Zacatecas propicia la criminalización de la mujer así como de las y los médicos. Todo inicia con la investigación de oficio del ministerio público.
Es una política pública persecutoria que ejecuta, por mandato legal, la Fiscalía General de Justicia del Estado, al enviar a la policía de investigación a cualquier hospital que reciba una mujer en condiciones de aborto. A partir de ese momento inicia el uso de recursos públicos para integrar un expediente por una posible conducta delictiva: la interrupción temprana del embarazo.
Y todo este esquema burocrático que escapa a los argumentos vertidos por el obispo Sigifredo Noriega Barceló, constituye la prueba fehaciente del proceso de criminalización de la mujer. El debate no debería agotarse en unas cuantas posturas, con tres ausencias de trece integrantes de comisiones unidas, en un tema que debe de analizarse como una política pública coercitiva.
Es una de las banderas que ondea la Revolución Democrática en Zacatecas, y a ella deben avocarse todos sus integrantes, incluidos quienes antes formaban parte de un instituto político con posturas claramente eclesiásticas. Se trata de consolidar la agenda de derechos humanos en la plataforma del Sol Azteca en su próximo proyecto electoral.
Por último, aunque no menos importante, en el partido igualmente deberán defender su bloque legislativo de calumnias difundidas por sus rivales. Se trata del presunto “plagio” en que habría incurrido el diputado Gerardo Pinedo Santa Cruz, representante electoral del Distrito VII en Fresnillo, por una iniciativa de ley que presentó Raúl Ulloa Guzmán en la LXIII Legislatura.
Confiado en urdir una mentira en algunos medios dispuestos a publicar cualquier chisme, Ulloa minimizó que el equipo de Gerardo resguarda los mensajes con los que el exlegislador del PES le solicita a los asesores de Pinedo “rescatar” esa Ley de Ferias que se encontraba en la congeladora. Claro que el perredista no olvida la plática previa de la que surgió esa sugerencia que luego Raúl quiso hacer pasar por “plagio”.
#Casualidades: Se agota el tiempo para que el Sistema Estatal DIF entregue a este portal el Cuaderno de Compromisos signado entre el gobierno del estado y la Federación Mexicana de Charrería, para la realización del Congreso y Campeonato Nacional Charro en su edición 2022.
Con fecha del 24 de abril del 2023, el director Víctor Humberto de la Torre Delgado presentó al IZAI una foja que presuntamente se integra en ese Cuaderno de Compromisos. Sin embargo, en dicho documento no se encuentra ningún dato que lo relacione con aquel convenio.
De ahí que Agenda Política se inconformara nuevamente en dos sentidos: primero, que el SEDIF actúa de mala fe, al dilatar la entrega de información, y presentar documentos que no son verificables, confiables, ni soporten su propia veracidad.
Y en segundo, que a diferencia del convenio signado con la misma Federación para la realización del Campeonato Nacional del Mezcal y la Plata, en marzo del 2022 (publicado este en la Plataforma Nacional de Transparencia), aquel se encuentra en plena opacidad.
El que lleva la firma de la exdirectora Albina Cerrillo Mancinas ampara transferencias de recursos públicos por el orden de 1 millón de pesos, para la novedosa contienda del Mezcal y la Plata. Mientras que del Campeonato Nacional Charro de octubre, no existe ni un solo dato público.
Todo gira en torno a la cantidad de recursos que la nueva gobernanza, muy probablemente desde la Secretaría de Turismo, le dedicaron al congreso nacional de octubre del 2022. Alguna cifra quieren esconder que ya han dilatado la entrega de información más de siete meses. Veremos qué resuelve el pleno del IZAI en próximos días.