Sin modificar las Reglas de Operación de todos los programas relacionados con la estrategia de “asistencia alimentaria” del Sistema Estatal DIF en Zacatecas, el director de este organismo ha permitido la infiltración de los servidores de la nación en el reparto de despensas (o “dotaciones alimentarias” como eufemísticamente se les llama) en los municipios.
Víctor Humberto de la Torre Delgado es el responsable de que este jueves, al menos dos presidentas (una de Morena) y un presidente municipal, pusieran en la agenda pública una modificación no consensuada de la forma en cómo se ejecuta el programa, contraria a la que se estableció a principios de año con los 58 ayuntamientos que conocieron estos mismos lineamientos.
Son los que ya habían aplicado durante el 2022 en programas como el de “Asistencia Social Alimentación en los Primeros 1000 Días”, “Asistencia Social a Personas en Situación de Vulnerabilidad”, o el de “Asistencia Social Alimentaria a Personas en Situación de Emergencia o Desastre”, y que se pueden consultar públicamente.
En cada uno de estos, como en los de Programa de Despensa A y Programa de Despensa B, las reglas de operación especifican en sus apartados de “Proceso” o “Mecánica de Operación”, que si bien la ejecución de estas políticas asistencialistas corresponde al Sistema Estatal DIF, este organismo sólo devengará ese recurso en coordinación con sus homólogos los Sistemas Municipales.
Y es en la repartición de tareas donde queda asentado que el SEDIF tendrá la obligación de promocionar y difundir el programa en las comunidades y colonias del estado, mientras que los Sistemas Municipales serán responsables de evaluar e incorporar al padrón de beneficiarios “integrando a los solicitantes que cumplan los requisitos” de las reglas de operación.
En consecuencia, los Sistemas Municipales también deberán recabar la documentación de sus beneficiarios, así como realizar la captura del “padrón municipal” en el Sistema Estatal Integral de Información del SEDIF, y recibir de este los apoyos alimentarios directamente de los proveedores que escoja el Sistema Estatal para cada municipio.
Las reglas de operación nunca mencionan la creación de un padrón conformado por el 50% de beneficiarios inscritos en el “padrón municipal” y 50% de beneficiarios designados directamente por el SEDIF. Mucho menos que la “mitad” de beneficiarios que escoja (arbitrariamente) el Sistema Estatal serían atendidos directamente por los servidores de la nación, de la Delegación del Bienestar.
Además, en las reglas de operación de la totalidad de los programas de asistencia alimentaria se determina que las únicas instancias facultadas para “interpretar las presentes Reglas de Operación” son: el SEDIF a través de la Unidad Jurídica y la Subdirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario, su Órgano Interno de Control, y la Secretaría de la Función Pública.
En términos muy concretos, esa será la respuesta que dará la Auditoría Superior del Estado a la solicitud que realicen los ediles Salvador Cabral Mota (Momax), Mónica Rodarte Dávila (Mezquital del Oro) y Arcelia Muro Guzmán (Trinidad García de la Cadena) con respecto a la ejecución de los programas de asistencia alimentaria que ya no siguen sus propias reglas de operación.
Independientemente de que cuenten con un oficio firmado por las y los presidentes municipales de la región del Cañón de Tlaltenango de Sánchez Román (Tlaltenango, Momax, Santa María de la Paz, Atolinga, Trinidad García de la Cadena y Florencia de Benito Juárez), en donde solicitan la atención del director del SEDIF, la Auditoría revirará hacia otras autoridades.
De nada sirve una disculpa pública de Víctor Humberto de la Torre frente a las y los representantes de 56 municipios, cuando las y los ediles deberían de pedir una aclaración ejecutiva al propio SEDIF con respecto a la modificación unilateral, inopinada e inadvertida de las reglas de operación, lo mismo a Humbelina Elizabeth López Loera como instancia de verificación de dichos lineamientos.
Sobra decir que, previo a que se modifiquen estas reglas, es del interés de la Función Pública cuidar la operación de un programa que cae en la esfera única de responsabilidad del Sistema Estatal DIF, especialmente cuando el pronunciamiento de las y los presidentes municipales deja en claro que Sara Hernández Campa, presidenta honorífica, no comparte la rotación de criterios.
Pero, si Víctor Humberto de la Torre Delgado está dispuesto a cargar con las observaciones que posteriormente realice la Auditoría del Estado, es porque muy probablemente estas sólo se limiten a sancionar administrativamente la forma de operación. No obstante, agregar una denuncia ante el Órgano Interno de Control podría amalgamar mejor las consecuencias legales.
El tema va mucho más allá de la repartición de despensas con fines políticos. Se trata de un ejemplo claro de infiltración de los intereses del Bienestar auspiciado por la nueva gobernanza, en una región que comienza a trabajar “electoralmente” Maribel Villalpando Haro como aspirante a diputada por el Distrito II federal. Una estrategia que se replicará en todo el estado.
Resulta que la forma de “operar” ese distrito es restringir (más) a las y los presidentes municipales en los temas de asistencia social, acusarlos de “guardar” despensas en sus bodegas, pelearse con las y los ediles, y dividir el padrón de beneficiarios de los ayuntamientos que paradójicamente también gobierna Morena. Vaya “campaña” la que le espera a Maribel.
#Casualidades: La advertencia llegó a través de la diputada Gabriela Evangelina Pinedo Morales “ustedes tienen más que perder que Maribel”. Se refería al juicio político en curso contra la todavía secretaria de Educación de la nueva gobernanza, y el mensaje iba dirigido a sus pares legislativos.
Como si tuviera la mano ganadora en el juego, la ex secretaria General de Gobierno, utilizó la amenaza a manera de “disuasión”. Si así operaba en la dependencia encargada de la política interior, sin duda muchos problemas crecieron y estallaron en sus manos.
Es mucho el nerviosismo el que refleja la bancada del Bienestar en la LXIV Legislatura, en un contexto en el que la Junta de Coordinación Política ha informado que continúan los trabajos de la Comisión Instructora, independientemente del amparo con el que hoy cuenta la funcionaria estatal.
Empero, sus muy peculiares formas de hacer “política”, o de llamarle “política” a la confrontación, no mejora las perspectivas para empoderarse de nueva cuenta. Y en cuanto intenten hacerlo, no sería raro ver a Ernesto González Romo y a Maribel Galván Jiménez tomar distancia.
Por el momento, la aún titular de Educación en Zacatecas contará la próxima semana con tres días para presentar sus alegatos, por enésima vez, a la Legislatura. Aunque sus “tejedores” en el Congreso le ayuden más bien a tensar, tanto como se pueda, el hilo del juicio político.