En efecto, el secretario General de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza asistió al recinto del Poder Legislativo el pasado viernes 30 de junio. Tenía como tarea presentarse a la Oficialía de Partes, donde se retrató con las y los diputados de las bancadas aliadas de la nueva gobernanza, y entregó una iniciativa de reforma en materia de seguridad pública. Específicamente, sobre el delito de extorsión.
Su sola presencia no era una confirmación de lo que un par de días antes emprendió su subsecretario de Desarrollo Político, interesado en detener la aprobación del dictamen que otorga una nueva herramienta a la LXIV Legislatura con tal de procurar la integración paritaria del pleno del Tribunal de Justicia del Estado de Zacatecas, donde él ya se veía despachando en unos meses más.
Ángel Manuel Muñoz Muro, tal cual lo describió luego la diputada Priscila Benítez Sánchez, se dedicó a “cabildear” (según él) votos horas antes de la sesión de este viernes. Acostumbrado a vilipendiar la ley sobre los intereses propios (como juez de consigna de aquel tribunal, y luego como subsecretario de responsabilidades administrativas por encargo), no podía permitirse tal “atropello”. Si José Virgilio Rivera Delgadillo, sin reasignación de género, pudo lograrlo ¿por qué él no lo haría?
Empero, si lo que Ángel ofreció a las y los diputados fueron algunos caramelos burocráticos, el silencio de Rodrigo Reyes regresó las cosas a su lugar de origen en menos tiempo. Legisladores consultados por este columnista confirmaron que el “cabildeo” de Muñoz Muro ni siquiera fue expuesto en el breve diálogo que sostuvo su patrón de la General de Gobierno durante su visita ese mismo día.
Parece bastante extraño que el subsecretario de Desarrollo Político hablara a nombre de David Monreal Ávila, si el indicio más cercano confirma que no contaba con el respaldo del titular de la dependencia en donde hoy recibe órdenes. Ángel, luego entonces, pagó desayunos, comidas y cenas (de acuerdo con el testimonio de Priscila), para “cabildear” sin respaldo alguno y por la libre. Sus resultados quedaron a la vista de todos.
Lo que se olvidó de subrayar la diputada Benítez Sánchez es que no se trataba de una persona común, sino de un funcionario que ejerció recursos públicos con tal de promover su muy cuestionable carrera judicial, próximamente anclada a regresar a la plaza de juez en la que ha concluido su periodo de licencia, y el TSJEZ ya debió haberle exigido que ocupe su lugar de trabajo.
Desde el pasado 2 de mayo, Ángel fue “recompensado” por desatar una serie de denuncias penales y procedimientos de responsabilidad administrativa (con tal de cumplir los caprichos del Bienestar), que han caído por su propio peso como meras ficciones. En esa fecha llegó a la subsecretaría de Desarrollo Político donde ha permanecido fuera de los reflectores (no es que su estatura política no le ayude), para dejar los costos de su fracaso en manos ajenas.
A la par, Muñoz Muro perdió un poder notarial que utilizó para presentarse como representante legal de gobierno del estado en las salas de los juzgados de control, a quienes saludaba con la amistad de una carrera ejercida en el Tribunal Superior de Justicia, en pleno conflicto de interés como juez de consigna con licencia para realizar las mismas funciones a indicación de la secta.
Por alguna razón todavía desconocida, Humbelina Elizabeth López Loera no ha marcado una línea clara de separación del conjunto de actuaciones evidentemente parciales que realizó Ángel como subsecretario de Responsabilidades Administrativas, en donde operó como juez y parte del área de investigación, el área jurídica, y el área de sustanciación de denuncias administrativas.
Por el contrario, públicamente ella ha absorbido la debacle de una Secretaría de la Función Pública a gusto de Muñoz Muro, de donde intentó desplazarla en distintas ocasiones. Peor aún cuando Humbelina abrió fuego contra el exmagistrado Armando Ávalos Arellano, que resultó en un cúmulo de medidas cautelares por lanzar acusaciones públicas sin un fundamento legal previo.
Sin embargo, lo cierto es que, con el poder notarial y su nombramiento de subsecretario, era Ángel quien “defendía” a la nueva gobernanza y a la Función Pública en los distintos asuntos administrativos y penales que desató en su momento. Este periodista lo relata de viva voz cuando fue imputado por un presunto delito, del que un juez federal otorgó un reciente amparo contra las arbitrariedades de Muñoz Muro. Asunto que siempre supo que tambaleaba legal y mediáticamente.
Fue él quien asistió a cada una de las audiencias a las que citó la juez de control como representante de la parte “afectada”. Además, se cuenta con la documental pública rubricada por Muñoz Muro como compareciente de alegatos previos a la audiencia constitucional en la representación legal del gobierno y la SFP, que hace unos días fueron desestimados en su totalidad por el juez de distrito contra una de sus risibles denuncias por “fraude”.
Fue él quien también abrió fuego contra la LXIV Legislatura por haber iniciado un procedimiento de juicio político en contra de Maribel Villalpando Haro, durante un noticiero del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión, en el cual especificó que aún sin tener injerencia como subsecretario de la SFP, defendería lo indefendible. El más novedoso vendedor de fantasías que terminan en descalabros.
Es él quien quiso planchar de último momento lo que lleva meses sin poder planchar en los pasillos de la Legislatura, pues conoció desde entonces la iniciativa de reforma legal que impedía el salto en su camino de juez y funcionario de consigna a magistrado de conveniencias y genuflexo. Resulta entonces que ni de operador político, ni de subsecretario de prevaricación. ¡David, date cuenta!
#Casualidades: Un total de 267 mil 248 paquetes de útiles escolares, para alumnos de primaria y secundaria, fueron adjudicados el pasado 22 de junio a la próspera empresaria jalisciense, Isabel Araceli García Herrera.
A solicitud de Maribel Villalpando Haro y Sergio Casas Valadez, la Secretaría de Administración presentó la convocatoria para la adquisición de los materiales que utilizarán las y los estudiantes de las escuelas públicas en los distintos municipios, sin incluir todavía mochilas y uniformes nuevos.
El monto al que asciende esa adjudicación “por default” al haberse recibido una única propuesta en la licitación pública SAD-932079957-13-2023, alcanza los 152 millones 420 mil 177 pesos, que recibirá una persona física foránea especializada en el rubro de papelería.
De una vista breve de sus registros en la Plataforma Nacional de Transparencia, se puede verificar que Isabel García Herrera es la proveedora más recurrida para la compra de estos materiales en el gobierno de Jalisco, durante la administración de Enrique Alfaro Ramírez.
Desde las secretarías de Administración y de Finanzas de ese gobierno, hasta el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, son clientes asiduos de la expendedora de papelería en gran escala, con decenas de contratos que suman los cientos de millones de pesos.
Muestra de que, para la nueva gobernanza, no existe la proveeduría local en la mayoría de las licitaciones con valor por encima de los 7 dígitos, y en las que -sospechosamente- sólo se presenta una única propuesta. Otra promesa de “gobierno” que ofreció David Monreal Ávila al inicio de su sexenio que se va al traste.