Zacatecas se convirtió, en el último año, en un auténtico cementerio para elementos de las corporaciones de seguridad pública. De acuerdo con las cifras del colectivo Causa en Común, del 15 diciembre del 2022, la entidad encabezaba, a nivel nacional, el registro de policías asesinados por factores relacionados a su labor, con 60 miembros fenecidos en esos doce meses.
La cosa no parece entablar un panorama de mayor certidumbre a las familias de las y los policías, así como miembros del ejército y Guardia Nacional, pues al corte de agosto del 2023, Zacatecas apenas había descendido al tercer lugar en ese índice de homicidios (mismo en el que permaneció durante 2021), por debajo de Guanajuato y Chihuahua; sin tomar en cuenta todavía los números que se conocieron este fin de semana.
La complejidad que rodea cualquier análisis del tema de seguridad pública ciertamente va más allá de los números. Sin duda algo se mueve en esta entidad cuando, en menos de una semana, siete policías son secuestrados en distintos puntos y municipios, y la respuesta del estado es ofrecerles a 8 mil miembros de seguridad pública una homologación salarial por 12 mil pesos mensuales.
Como si el ingreso compensara la vulnerabilidad en la que se encuentran las y los policías municipales en distintas regiones de la entidad, expuestos a asesinatos en sus días de descanso y secuestros de los que luego no se sabe nada de estas víctimas. Sin embargo, para David Monreal Ávila la inseguridad es un asunto inflado por los medios de comunicación.
Por segunda ocasión en lo que va de su “gobierno”, el titular de la nueva gobernanza no pudo contener su enojo en contra de un locutor y un concesionario de radio que “mamaban” hasta un millón 400 mil pesos mensuales por “hablar bien” del gobierno. Como si otros medios de comunicación ahora oficialistas no “mamaran” ingresos parecidos con tal de retratar una realidad que sólo él entiende y nadie más ve.
Pero, hay que fijarse en “lo bueno” de la nueva gobernanza, como aquella política pública de compensaciones monetarias que ni siquiera tiene como objetivo conocer cuál es la realidad de violencia, corrupción e impunidad en la que operan las corporaciones de seguridad pública. Aplausos (y aplaudidores) para el incremento de salarios por la “pacificación” que simplemente no llega.
Del por qué se ha intensificado el riesgo en las labores de seguridad pública (al interior de las policías), específicamente en el estado que en 2022 sepultó a 60 miembros de las distintas corporaciones, la Mesa de Construcción de Paz prefiere guardar silencio y abrir paso a las sospechas. Es ahí donde verdaderamente deberían de concentrarse los “esfuerzos” de diagnóstico y contención que no conocemos.
Porque hablar del contexto real es conceder que más allá del presunto descenso de homicidios dolosos en el estado, que se empeña en vender Arturo Medina Mayoral, en Zacatecas hay zonas donde el control y la incidencia del crimen organizado supera por mucho a las instituciones públicas, y en las que se anida la cifra negra de asesinatos relacionados con esas actividades.
La pregunta del qué ha sucedido en Zacatecas para que el crimen organizado desactive y secuestre, en cualquier día y a cualquier hora, a los pocos policías que existen en algunos municipios queda en el aire. Qué condiciones empujaron a que en el año 2022, el “gobierno” de David Monreal patrocinara la cifra más llamativa en México sobre la exposición y vulnerabilidad de las corporaciones de seguridad pública.
Qué ocurría en el municipio de Guadalupe, por ejemplo, para que la administración del prófugo Julio César Chávez Padilla aportara el mayor número de homicidios de policías en ese año, con 17 elementos, incluso por encima de las y los miembros de las corporaciones de seguridad pública municipal fallecidos en Fresnillo, con 14 elementos.
Esas son algunas de las principales interrogantes que la nueva gobernanza no está dispuesta a responder, ya no digamos a la opinión pública, sino a la realidad de violencia cotidiana en el estado. Mientras que en el discurso acusan cualquier “herencia maldita”, en los hechos evidencian que sus políticas públicas no están pensadas para contener al crimen organizado.
De qué sirve entonces sitiar la Plaza de Armas de la capital del estado con docenas de patrullas a entregar, andamios cargados de chalecos balísticos y cascos de seguridad, armas largas y dispositivos tecnológicos, si lo que rodea a las corporaciones de seguridad pública son un cúmulo de intereses que se vierten veladamente en las reuniones de las Mesas de Construcción de Paz.
Son más que conocidas las diferencias que se viven en dichas “mesas”, y que incluso han terminado en dimes y diretes públicos entre algunos de sus integrantes porque en un operativo capturaron a un perfil “generador de violencia” y luego un juez le otorgó orden de liberación. Lo mismo se mantienen atenidos a las indicaciones discrecionales que ciertos funcionarios reciben desde la delegación de Bienestar.
Y cuál es el interés particular de quienes operan una dependencia encargada de entregar apoyos sociales, en conocer las decisiones que se toman en materia de seguridad pública. Esas preguntas que moldean al Zacatecas que conocemos desde el 12 de septiembre del 2021, y que David Monreal se empeña en disimular aludiendo “herencias malditas” que -paradójicamente- sólo confirman sus limitaciones.
#Casualidades: De mantener el ritmo de agenda que Sergio Casas Valadez le imprime a la Secretaría de Desarrollo Social, en poco tiempo podría dejar ese puesto para convertirse en delegado especial de la nueva gobernanza en el municipio de Guadalupe.
Incluso ya se estrenó como maestro de ceremonias en el más reciente Festival Cultural municipal, con un extenso discurso que hacía énfasis al “amor” que le profesa David Monreal a ese municipio. Tanto que quiere que Sergio gobierno próximamente esa demarcación.
Resulta entonces que cuando Verónica del Carmen Díaz Robles se decide por un perfil de su confianza de género masculino, no existe violencia política en contra de Violeta Cerrillo Ortiz, por ejemplo, o cualquier otra fémina. Ahí el discurso de empoderamiento de la mujer no tiene efecto alguno.
La decisión está tomada, y como a Sergio sólo lo conocen los beneficiarios de Bienestar, David Monreal le ha pedido que se deje ver dos o tres veces por semana de la mano de José Saldívar Alcalde, para entregar aunque sea abrazos y promesas.
Claro, acompañado por su madrina política para que se sepa abiertamente quién va a poner candidato en el municipio que abandonó a su suerte, Julio César Chávez Padilla, otrora operador favorito y consentido de los bienestaristas.
El problema es que Guadalupe es un terreno lleno de vacíos de poder en espera de ser ocupados en la siguiente elección. Sergio de ninguna manera será un factor de cohesión de distintos grupos políticos (como sí lo hacía el hoy prófugo), así que solamente jugará al “espejito, espejito” del Bienestar.