La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas finalmente agotó el oxígeno de reserva con el que mantenía a flote su tan atípica procuración de justicia. Aquello sólo podía suceder en tiempos de la nueva gobernanza, cuando la LXIV Legislatura, por indicaciones de las oficinas del Bienestar y el despacho de David Monreal Ávila, le asestaron una histórica reducción presupuestal.
El recorte alcanzó el 5.7% del total de los recursos programados para el Presupuesto de Egresos del Estado en el ejercicio fiscal 2022, como explicó Francisco José Murillo Ruiseco a las y los diputados que lo escuchaban en una comparecencia a la que fue citado en el mes de mayo de ese año, en la que confirmó la afectación a las prestaciones laborales.
Tal merma presupuestal la vivió con moderación Murillo Ruiseco que, a diferencia de Arturo Nahle García, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, no señaló a ninguna “mecanógrafa” como responsable de un presunto error de cálculo administrativo, ni quiso entrar al terreno de la confrontación con el “gobierno” (así le dicen) recién estrenado.
El fiscal general del estado prefirió vivir con resignación sus números a la baja, que luego traerían parálisis en la procuración de justicia -tal cual ahora se vive- dos años después de aquella reducción presupuestal. Sin embargo, durante ese lapso, Francisco Murillo veía con otros lentes el problema laboral que comenzaba a gestarse en su institución.
No sólo advirtió a las y los diputados en la comparecencia de mayo del 2022, que necesitaban “construir presupuestos reales, según las necesidades reales” de la propia Fiscalía. También dio aviso de que, hacia septiembre de ese año, la FGJEZ entraría en fase de estancamiento porque sus pasivos no alcanzarían ni siquiera para comprar combustible.
En cuanto a los compromisos administrativos con el personal de la Fiscalía, Murillo Ruiseco tampoco desperdició la oportunidad para recordarle al pleno de la Legislatura que existían (y existen) “pendientes administrativos, en lo que respecta a la nómina con conceptos y derechos del personal”, mismos que hoy forman parte del pliego petitorio del paro laboral.
Eran los días en que el fiscal general no minimizaba las precarias condiciones de trabajo, sino que resaltaba la necesidad de reducción presupuestal únicamente “cuando esté controlada la situación de violencia y los niveles de inseguridad; [ya] que el índice delictivo baje, entonces empezaremos a reducir y acogernos a cien por ciento al plan de austeridad”.
Empero, sólo con obediencia de sobra a los caprichos provenientes de las oficinas del Bienestar, y la celeridad puesta a ciertas carpetas de investigación contra los enemigos políticos de esa delegación federal, Murillo poco a poco logró la estabilización presupuestaria que ponía en condiciones relativamente funcionales a su Fiscalía.
La misma obediencia con la que ahora señala intereses políticos y económicos detrás de un paro laboral que comenzó a gestarse en diciembre del 2021, cuando la nueva gobernanza condenó a la Fiscalía a arrodillarse y subordinarse (actitudes que no le son ajenas) a cambio de abrir la llave del recurso extraordinario, o bien, sortear la parálisis presupuestal en solitario.
De los dineros de la Fiscalía, este lunes la diputada Gabriela Monserrat Basurto Ávila alzó la voz para recordarle a Francisco Murillo que la LXIV Legislatura, atenta a las peticiones vertidas en sus distintos encuentros en el recinto del Congreso, dentro del presupuesto de egresos 2023 le otorgaron una ampliación de recursos cercana a los 15 millones de pesos.
No sin antes fijar postura por la bancada del PRI, en cuanto a que la principal problemática financiera de la FGJEZ es una que persiste por esa “falta de voluntad política” bastante enquistada dentro de la nueva gobernanza. Porque si se trata de presupuesto, David Monreal hoy cuenta con dos grandes bolsas de recursos para aliviar, de inmediato, las peticiones de los paristas.
La primera se encuentra en un fondo de estabilización que suma cerca de 350 millones de pesos alojados en alguna de las cuentas gubernamentales, y más de 1 mil 700 millones de pesos que en total aglutina el inepto gabinete de Monreal Ávila, con dependencias opacas e inoperantes entre las que destacan Economía, Campo, Obras Públicas y la propia Oficina de la Jefatura del Gobernador.
A la par, la senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre adelantó que la bancada del Partido del Trabajo en la Cámara Alta procesaría un punto de acuerdo para “solicitar” a David Monreal otorgue a la brevedad una bolsa extraordinaria de recursos para dar viabilidad al correcto funcionamiento de los servicios periciales y de investigación.
En el documento que será inscrito en la Gaceta Parlamentaria de la Comisión Permanente, explica la senadora, se advierte que la Fiscalía atraviesa una añeja crisis de recursos que legítimamente ha sido observada por un colectivo de más de 600 trabajadores quienes denunciaron: carencia de personal, malas condiciones laborales, falta de equipo y vehículos, y sueldos reducidos. Algo que Murillo Ruiseco olvidó en 2022, a cambio de unas cuantas transferencias extraordinarias.
#Casualidades: Quienes ya superan los 65 días de paro laboral son las y los trabajadores de la mina Peñasquito, propiedad de la empresa norteamericana Newmont. La mayor productora de oro en México calcula pérdidas por alrededor de 220 millones de dólares.
A dos meses de las distintas negativas en el diálogo entra la patronal y el Comité de Huelga de la Sección 304 del Sindicato Nacional Minero, los paristas aseguran que Newmont no muestra disposición alguna para resolver el conflicto.
Existen tres propuestas para la resolución del conflicto en la mina de Mazapil, mismas que han sido desechadas por los directivos de la extractora. Además de que, en distintos medios de comunicación, la empresa ha tergiversado las peticiones de la base trabajadora.
Es falso, aseguran, que las y los empleados de Newmont hayan solicitado el 20 por ciento de utilidades (PTU), sino únicamente 10 por ciento que les corresponde, que fue reducido en casi 66% en comparación con las del 2022, por la depreciación de los metales a nivel global.
A este escenario se suman las amenazas que han denunciado los paristas, que han recibido en sus números telefónicos a manera de amedrentamiento. Sin embargo, el paro laboral se sostendrá hasta que la minera norteamericana se sensibilice con la plantilla laboral.
Así que, por más que Newmont amague con llevar sus inversiones a otros lugares, el paro continuará si no acceden a las demandas de los trabajadores. Pensarán los directivos que dejar la veta de oro más atractiva de México será un acierto en vez de un error que otras empresas esperan aprovechar.
Excelente análisis, yo agregaría que la mala administración de los recursos, la corrupción, el acoso y maltrato laboral son más razones principales que detonaron las crisis por la que atraviesa actualmente la fiscalía.