Todo inició en el polígono de las colonias Díaz Ordaz y Ruiz González, a los alrededores del centro histórico de la capital zacatecana. Una serie de cuatro microsismos fueron registrados el pasado 16 de noviembre, de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, dentro de la región en la que opera la minera Capstone Gold, en el terreno de explotación llamado “mina Cozamin”.
La especulación apuntaba a las actividades extractivas, que datan de 2007 cuando se inauguraron los trabajos subterráneos en una de las vetas de cobre cercanas a la mancha urbana de Zacatecas. Que si había responsabilidad por las “voladuras” (o detonaciones controladas), que si la mina atentaba contra las zonas habitacionales, o si la naturaleza del subsuelo había cambiado.
Todo ello sería explicado, mediante el “método científico”, a través del convenio que once días después firmaron la Secretaría General de Gobierno, la de Economía, la Universidad Autónoma de Zacatecas, el Instituto de Geofísica de la UNAM, la Comisión Federal de Electricidad y el Ayuntamiento de Zacatecas.
Ninguna autoridad de la nueva gobernanza se aventuró a culpar a la mina de extracción de cobre por las actividades anómalas del subsuelo. Por el contrario, formalizaron un acuerdo entre la academia y el gobierno, con tal de encontrar las respuestas de un atlas de riesgo que la Dirección de Protección Civil dejó de actualizar, en campo, desde el 2015.
Y así iniciaron un proceso coyuntural que terminará por evadir dos grandes problemas públicos: desmentir las versiones de que la mina es responsable del movimiento irregular del subsuelo, y al mismo tiempo mostrar las evidencias de las anomalías geográficas de una zona de tradición minera, sin alterar el proyecto “insignia” de David Monreal Ávila.
Esa obra a la que se le han presupuestado 3 mil 654 millones de pesos, de los cuales ya han sido asignados 1 mil millones para la creación de un fideicomiso en el que se resguarde, en completa opacidad, el recurso que, sumado de forma plurianual, alcanza el 10% de todo el presupuesto que Zacatecas gastará en 2024.
Si la mina no es responsable de la modificación del subsuelo, que ahora registra mayor actividad sísmica, ¿la nueva gobernanza se atrevería a transparentar la realidad geográfica en la que se encontrarán asentados esos más de 3 mil millones de pesos, pese a la añeja advertencia del Comité Nacional Mexicano del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS)?
Esa será la pregunta de orden político que deberán de responder en el Instituto de Geofísica de la UNAM, incluso antes de realizar el planteamiento de la evaluación del subsuelo que hoy se encuentra dividido en dos grandes rentas: o la mina pierde la concesión en la zona cercana a la mancha urbana, o la nueva gobernanza se queda sin segundo piso elevado.
Ninguna de estas dos premisas permanece en armonía cuando se trata de conocer, a fondo (como fue el compromiso en la General de Gobierno), cuáles son en verdad las características geográficas del centro histórico de Zacatecas. Si los hundimientos en las casas de algunos polígonos del centro histórico no son generados por la actividad extractiva, el riesgo es aún mayor para la nueva gobernanza.
Y en ninguno de los 3 mil 654 millones de pesos implantados en un fideicomiso opaco (del cual se obtendrán muy buenos rendimientos financieros), se tiene contemplada una sola partida presupuestal que evalúe lo que hasta el momento ICOMOS había generado de conocimiento sobre los riesgos en el subsuelo de Zacatecas.
Al menos esa debería de ser la ruta crítica que tendrían que construir las y los integrantes de la LXIV Legislatura que se han pronunciado en contra de una obra faraónica (y en posible riesgo de derrumbe) como ha sido el caso de la diputada Gabriela Basurto Ávila y el de la “bancada estrella(da)” José Xerardo Ramírez Muñoz.
En la antesala de aprobarle a David Monreal la primera mitad de su bolsa plurianual que sostiene una posible hecatombe presupuestal, la Legislatura ni siquiera conoce el anteproyecto del “Viaducto Elevado Boulevard Adolfo López Mateos y Calzada Héroes de Chapultepec”, ni de qué forma la nueva gobernanza supuestamente valoró las condiciones del subsuelo que ahora dice desconocer.
De qué manera tan burda debe de estar programada esa “mega obra” (que apunta a un enorme desvío de recursos), que la Secretaría General de Gobierno tiene que convenir con dos universidades, una paraestatal y un municipio, un acuerdo que le permita comprender si la actividad sísmica pone en riesgo los viejos embovedados subterráneos sobre los que se asienta el centro histórico, por donde pasará el segundo piso.
Es decir, los 1 mil millones de pesos del segundo piso elevado que nació en David como un capricho mal heredado, y que hoy se encuentran generando rendimientos financieros, no han cumplido un solo objetivo de política pública que al menos les ofreciera respuestas sobre la factibilidad del subsuelo para impactar un segundo piso en una zona llena de tiros de mina abandonados.
Así como la Legislatura todavía no ha actuado como un contrapeso eficiente que vigile un dispendio obsceno de recursos, de los que no se conoce un solo documento oficial, más allá de la evidente incertidumbre gubernamental sobre las condiciones geográficas en las que se encuentra, ni más ni menos, que la sede turística del estado. ¿Y así, la oposición le regalaría a la nueva gobernanza otros 450 millones de pesos?
#Casualidades: Tal y como ya lo hizo en diciembre del 2022, Ricardo Olivares Sánchez regresó al pleno de la LXIV Legislatura, acompañado de una muy pequeña comitiva de funcionarios, a dar cátedra sobre las condiciones y el entorno económico en México y en Zacatecas.
Lo dijo hace un año y lo repitió este lunes a quienes quisieron escucharlo: de nueva cuenta, la perspectiva financiera que prevé el gobierno federal hacia 2024 es un panorama que suda datos positivos en cuanto una recaudación en superávit… sin sustento real.
En ese escenario, además, el hombre fuerte del gabinete transparentó las malas noticias que la nueva gobernanza ha recibido desde Palacio Nacional con un golpe al bolsillo por el orden de los 2 mil millones de pesos. Un presupuesto, a la baja, inaudito en la historia de Zacatecas.
Lo que obligó a su equipo a prefigurar un panorama conservador en la repartición de números, en consonancia con las metas que persiguen en el despacho de David Monreal. No hay mucho de dónde repartir en la hacienda estatal, y todavía falta cubrir algunas gestiones pendientes.
Se refería a las que corresponden al programa U080 de incorporación y reconocimiento, no formal, de la nómina educativa estatal en los cuadernos de la federación. Todo a partir de recursos extraordinarios que sólo se obtienen a través de la cartera de contactos que ha acrecentado Olivares en su trayectoria pública.
Llama la atención el diseño prospectivo de las expectativas políticas hacia 2024, que incluso el titular de Finanzas agregó una variable como el cambio de gobierno en la federación. Este como un indicador de reserva a los resultados electorales y el tipo de administración que imponga, en especial si se trata de apoyos extraordinarios a la nómina educativa.