José Aguirre Campos fue uno de los empresarios damnificados al inicio de la nueva gobernanza. El zacatecano perdió la posibilidad de concursar por la concesión de la carretera Zacatecas-Aguascalientes en el tramo que corresponde a la comunidad de Osiris y conecta con las casetas de peaje hacia el estado vecino.
David y Ricardo Monreal Ávila se habían comprometido a cabildear en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) la posibilidad de ceder a la administración estatal la obtención del permiso para cobro de peajes en dicha carretera -pese a la opinión contraria de Verónica Díaz Robles-, petición que nunca aterrizó.
El gobierno de la Cuarta Transformación prefirió mantener el control de ese negocio a través de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), lo que obligó a los Monreal a replegarse nuevamente hacia los peajes de las casetas de cobro en los tramos que conectan a los municipios de Calera, Enrique Estrada y Fresnillo.
Tal concesión fue la que aprobó este domingo el pleno de la LXIV Legislatura, de la que destaca el considerando “trigésimo quinto”. A través de este, David abre la puerta a las Asociaciones Público-Privadas (PPS) para disponer de 1 mil 100 millones de pesos, destinados exclusivamente a la concesión a Grupo PROFREZAC.
Recordemos que en diciembre del 2021, las bancadas oficialistas reformaron la Ley de Obligaciones, Empréstitos y Deuda Pública del Estado de Zacatecas. Con aquella modificación resguardaron la posibilidad de adquirir deuda transexenal si esos recursos tenían como destino la “contratación de obra pública”.
“No constituyen operaciones financieras de deuda pública, las obligaciones derivadas de la adquisición de bienes, la contratación de obra pública y servicios relacionados con las mismas”. Esto es: cualquier deuda que hagan pasar como contratación de obra, no quedará registrada en la SHCP.
Teóricamente, la construcción de dos puentes (CEMEX Zacatecas y Calzada de la Virgen – Tránsito Pesado – Cerro de las Bolsas), un paso a desnivel (Enrique Estrada – Valparaíso), y un distribuidor vial (Fresnillo Norte – Paseo del Mineral – Plateros), estarían respaldados en las finanzas de Pepe Aguirre.
A cambio, la concesión de las casetas de peaje para conservación, reconstrucción, mantenimiento y operación les serán cedidas hasta el año 2052, con la finalidad de no afectar las finanzas estatales, y que el empresario que competía años atrás con Elon Musk por los derechos de marca de Starlink, pueda recuperar la inversión.
Es cierto que Aguirre Campos es el único inversionista en Zacatecas con un caudal financiero superior a los mil millones de pesos. Este es un factor que propició la ratificación de la concesión, en la que se incluyó además la construcción de las vialidades antes mencionadas para incrementar el valor de ese instrumento jurídico.
Esto quedó asentado en el Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura del Sector Privado, que instauró Andrés Manuel López Obrador a manera de cesión de derechos a particulares, sin afectar el dinero que tendría como fin las grandes obras del sexenio y las cuentas billonarias de los programas sociales.
Ahora bien, ¿se justifica la necesidad de realizar inversiones que no se hubiesen previsto en las condiciones originales de los títulos de concesión respectivos, para prorrogar la concesión por un plazo equivalente al señalado originalmente? Tal vez no, pero es el ariete legal que justifica todo este movimiento.
Así se establece en la página 27 del Decreto 210, y es el punto medular en todo este entramado político, legal y financiero para que Pepe Aguirre (conocido socio de los de Puebla del Palmar), relativamente “rescate” el desastroso gobierno de David Monreal, que no concluirá el sexenio con la rehabilitación de la red estatal carretera.
A lo más que puede aspirar David en estos momentos es a entorpecer el proyecto del paso elevado (segundo piso) en Zacatecas. Sin recursos federales, una obra que no deja el mismo beneficio al clan fresnillense tan sólo es una carga. Empero, es un compromiso adquirido al momento de ganar la gubernatura con la marca de Morena.
Aunque José Luis de la Peña Alonso insista en que habrá una consulta ciudadana (ya no “encuesta”) para decidir finalmente si inyectan o no presupuesto en una obra que actualmente presenta partidas presupuestales devengadas, se ve difícil detener esa obra. De ahí la urgencia para ratificar por 30 años la concesión de Aguirre Campos.
#Casualidades: La propuesta de los diputados Maribel Galván Jiménez, Armando Delgadillo Ruvalcaba y Ernesto González Romo, era la de adjudicarse 6.5 millones de pesos como “bono de retiro”, con presupuesto ajeno a estas funciones.
Así lo sugirieron a las y los demás legisladores en una reunión en el quinto piso del Congreso, en las que les fueron confiscados los celulares para que nadie pudiera grabar, tomar fotografías o transmitir en vivo.
Aquel presupuesto sería descargado de la bolsa de la plantilla laboral en la LXIV Legislatura, para afinar los adeudos de campaña que algunos cargan a cuestas, y otros podrían percibir a manera de gratificación por tan “remarcable” trabajo.
La idea era cargar la mano al secretario Ricardo Olivares Sánchez para que éste absorbiera los costos de una decisión al tipo del “año de Hidalgo”. De esta manera, al de SEFIN luego le solicitarían una “ampliación” para pagarle a los trabajadores.
Los diputados de la nueva gobernanza insistieron luego en que, si Olivares accedía a dicha extensión presupuestal, podrían utilizar el 50% de los recursos para pagar prestaciones laborales, y otro 50% cuando la ampliación llegara a la Legislatura.
Sin embargo, la movilización de la plantilla legislativa (a los que se les recarga la mano en el quehacer legislativo) entorpeció la hambruna financiera de algunos cuantos. Por lo que, finalmente, Maribel en un tono pausado y tenso no tuvo de otra que aceptar que este domingo llegaron a un acuerdo, y la rapacidad quedó en un mero intento.