En menos de una semana, la LXIV Legislatura debe tener listo el dictamen de reforma a la Ley del ISSSTEZAC. En este se incorporarán, además de los elementos que se encuentran propuestos en las distintas iniciativas que fueron ingresadas con anterioridad, algunas opiniones vertidas en los foros destinados al tema.

Podrán conocerse en el informe que presente la Comisión Especial para la Atención y Seguimiento a la Crisis Financiera del Instituto, a más tardar el 17 de julio. Ahí tendremos un adelanto del dictamen que dicha comisión elaboraría para aprobarse en días subsiguientes, durante el periodo extraordinario al que se cite.

No habría muchas modificaciones al respecto del panorama financiero del ISSSTEZAC, pues la crisis no se resolvería en lo inmediato con la venta de sus activos, sino con el cambio de reglas en el sistema de pensión estatal. En esa ruta parecen construirse los consensos legislativos con los sindicatos involucrados.

Hasta el momento, de los legisladores que enarbolaban las banderas “disidentes” no queda ninguno que se acerque a los jubilados y pensionados. La pantomima política de María del Refugio Ávalos Márquez, por ejemplo, concluyó en una candidatura fallida por Morena a la presidencia municipal de Jerez.

O la de José Luis “Cepillo” Figueroa que ha permanecido en la línea institucional como diputado, después de su alegre incursión como líder del partido Revolución Popular Zacatecas (a punto de perder su registro). El clima en la LXIV Legislatura parece palparse mucho más cercano a la reforma que ya se desglosó.

De lograrse previo al periodo de asueto burocrático que inicia el 22 de julio, David Monreal Ávila habría tardado tres años en recuperar la conocida “Ley Tello” para convertirla en una realidad, a diferencia de la crisis que desató el inicio de su sexenio cuando echaron a los sindicatos a las calles.

Si bien no obtuvo el traslado de la nómina magisterial a la federación, como lo prometió incluso desde sus años como Coordinador de Ganadería, David por vez primera podría presumir una reforma de gran calado que, como lo ha explicado Ricardo Olivares Sánchez, estabilizaría las finanzas del Instituto para las nuevas generaciones.

En parte ha tenido la ayuda de una Legislatura que por fin homologa sus criterios, con el objetivo de que la reforma se discuta lo suficiente durante los foros, y no en el pleno legislativo. De ahí que el informe de la Comisión Especial se integre en el dictamen que procesarán después del 17 de julio.

Lo que sigue de ahí no es más que el cabildeo de votos (a estas alturas bastante avanzado), y la convocatoria a dos sesiones extraordinarias en las que se presente, por un lado, el dictamen, y en una segunda, se someta a consideración del pleno. Lo que pone al Instituto, a la Legislatura y al “gobierno” en la recta final de la reforma.

Y es tal la seguridad que profesan en la nueva gobernanza que, durante la reunión que mantuvieron las y los diputados electos de Morena-PVEM este miércoles en el restaurante del hotel El Parador, la reforma al ISSSTEZAC se excluyó de los asuntos en su agenda para enfocarse en definir la coordinación de ambas bancadas.

Lo que dejaría a David Monreal con dos grandes pendientes: el inicio de los trabajos agendados dentro del proyecto “Movilidad para el Bienestar”, y los cambios en su gabinete. Éste último tendría como antecedente los resultados electorales del 2 de junio, para acomodar a diferentes participantes derrotados.

El primero de estos se dará en la Secretaría de la Función Pública, luego de que a Humbelina Elizabeth López Loera se le concediera la renuncia al cargo. Un puesto al que pretende regresar “la secta” de la delegación, posterior al estrepitoso fracaso de una inocua cacería de brujas emprendida por Ángel Manuel Muñoz Muro.

En el caso de algunas subsecretarías ya se ha escuchado el nombre de Bennelly Jocabeth Hernández Ruedas, sin tener todavía un nombramiento definido. Lo mismo que el de Violeta Cerrillo Ortiz, a la que su otrora equipo del Bienestar traicionó en las urnas para sacudírsela de encima.

Empero, otros enroques dependerán de las impugnaciones a los resultados electorales en los municipios de Zacatecas y Guadalupe. En la nueva gobernanza saben que los recursos jurídicos no han sido agotados, hasta que la Sala Superior se pronuncie al respecto. Lo que deja a Miguel Varela y a Roberto Luévano con un margen de cabildeo en la Ciudad de México que, sí o sí, deben agotar desde estos momentos.


#Casualidades: Por una diferencia de 3 mil 500 euros, Rita Quiñones de Luna pudo haber cursado no un máster del Curso de Especialización en Derecho, sino un doctorado en el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, de México.

Claro, como los 1 mil 500 euros “invertidos” van de la bolsa de recursos del municipio, la especialización de la funcionaria mejor se enfocó en un viaje a Madrid para sus estudios en “Control del Poder Ejecutivo. La conceptualización de Bustos Gisbert”.

El problema es que los realiza mientras permanece en funciones al frente de un municipio, sin el menor problema en dejar descabezado al ayuntamiento. Como si Fresnillo se encontrara en las mejores condiciones y Morena se hubiera alzado con el triunfo.

Esa es la seriedad con la que concluyen seis años de gobierno guinda en manos de Saúl Monreal Ávila, que propuso a tres de sus funcionarias para que fueran electas en la LXIV Legislatura como su relevo para irse a jugar la candidatura al Senado.

El bastión de los Monreal muestra serios síntomas de descomposición, y Saúl además apuesta a que a su sucesor le vaya mal. Empero, tan sólo su circuito de empresas constructoras, entre otros cochupos, son temas para ponerles lupa administrativa.

Ya que aterrice de nuevo a su realidad político administrativa, Rita Quiñones debería de poner en práctica los conocimientos del máster en derecho cuando le toque abrir el proceso de entrega-recepción, acompañada de un contralor como Arturo Torres Luna, sin un hueso en el IEEZ como lo esperaba.

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