Diversos oficios con asunto “Solicitud de Pago” fueron turnados entre los días 16 y 22 de diciembre del 2021, al diputado Manuel Benigno Gallardo Sandoval como presidente de la Comisión de Planeación, Patrimonio y Finanzas de la LXIV Legislatura, en su primer año de ejercicio constitucional.
Van firmados por todas y todos los diputados que componen actualmente el Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, y rememoran -en algunos casos- un acuerdo consensado entre comisiones unidas de Régimen Interno y Concertación Política, y de Patrimonio Presupuesto y Finanzas.
A decir de los mismos legisladores, este acuerdo surgió en fecha del 29 de noviembre del 2021, en medio de la polémica desatada por el destino del presupuesto en Servicios Legislativos, donde se alojaron recursos especiales conocidos como “Herramientas Legislativas”, razón original del alboroto financiero.
La LXIII Legislatura (su antecesora) fue protagonista de esta especie de triangulación millonaria de dinero público, utilizando empresas fachada para simular operaciones financieras que concluyeran en los bolsillos de las y los “representantes populares”. Así lo denunció el entonces estrenado tribuno, Ernesto González Romo.
A menos de dos meses de dar por concluidos los trabajos de la LXIV Legislatura, Agenda Política tuvo acceso a las últimas órdenes de pago, facturas y pólizas de transferencias a las empresas que realizaron diversos “Servicios Legislativos” recargadas en el presupuesto aprobado en la reunión de aquel 29 de noviembre.
Simplemente carece de lógica acarrear un acuerdo de finales de noviembre del 2021 para justificar iniciativas, dictámenes, exhortos y participaciones en el pleno presentados los últimos cuatro meses de ese año, si no es porque de fondo hubo un evidente desvío de recursos millonario.
Sin duda hay una intencionalidad más allá de la simple justificación del presupuesto aprobado por sus antecesores en diciembre del 2020, y que entonces dejaba remanentes de casi 8 millones de pesos que fueron devengados de la siguiente manera, según los documentos consultados:
Para Gruposción Empresarial S.A. de C.V. fueron timbradas diez facturas por 2 millones 720 mil pesos, de parte de las y los legisladores: Gerardo Pinedo Santa Cruz, José Juan Mendoza Maldonado, Karla Dejanira Valdez Espinosa, Gabriela Monserrat Basurto Ávila, José Juan Estrada Hernández, Jehú Edui Salas Dávila, María del Refugio Ávalos Márquez, Manuel Benigno Gallardo Sandoval, Herminio Briones Oliva y José Guadalupe Correa Valdez.
Los conceptos de servicios varían en la pluralidad fiscalizable: asesoría y elaboración de proyectos legislativos, participación en asuntos generales, elaboración de dictámenes (la cual es su obligación legal), decretos resolutivos. Iniciativas de reforma de ley y un sinnúmero de exhortos al poder ejecutivo.
En un esquema parecido aparece la empresa Avezana Servicios y Soluciones S. de R.L. de C.V., que timbró otros comprobantes fiscales a nombre de las y los diputados: Roxana del Refugio Muñoz González, Víctor Humberto de la Torre Delgado y Armando Delgadillo Ruvalcaba, por un monto de 1 millón 88 mil pesos.
Ninguna de estas dos empresas cuenta con código postal o cualquier referencia de domicilio. Empero, la tercera que comparten únicamente una diputada y un diputado es Leverage Consulting S.C., sí menciona en sus facturas que se encuentra establecida en la colonia Polanco de la Ciudad de México.
José Luis Figueroa Rangel y Priscila Benítez Sánchez recurrieron presuntamente a estas oficinas de la capital del país para solicitar y pagar 544 mil pesos por 10 iniciativas de ley (del expetista), y asesoría y colaboración para llevar a cabo una capacitación de un curso taller “Para Organización, Gobernanza Joven” patrocinado por la legisladora.
Por la misma cantidad, las diputadas Analí Infante Morales y Maribel Galván Jiménez se acercaron a la empresa GCI ANABAH S.A. de C.V., con tal de justificar iniciativas y exhortos de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2021, que tanto presumía la exsíndica de Fresnillo como de creación propia y original.
A diferencia de las y los anteriores se encuentran Susana Andrea Barragán Espinosa, que direccionó 248 mil 551 pesos a la persona física Adriana Álvarez Ordorica, con domicilio ubicado únicamente por su Código Postal en la zona del Paseo de la Bufa.
Le sigue José David González Hernández, quien eligió a la empresa Grupo Servicios Yaudad S.C. (asentada en el estado de Guanajuato), por concepto de Elaboración de Proyecto Legislativo (una iniciativa y un exhorto) con valor de 272 mil pesos.
También se encuentra la legisladora Martha Elena Rodríguez Camarillo que pagó otros 272 mil pesos de asesorías parlamentarias en el municipio de Apodaca, Monterrey, con el grupo Consultoría y Capacitación ECAP S.A. de C.V.
Y finalmente tenemos los casos de Georgia Fernanda Miranda Herrera (272 mil pesos a AAMIF Consultores S.C., de Aguascalientes), María del Mar Ávila Ibargüengoitia (272 mil pesos a MORESY y Asociados S.C., de la Ciudad de México).
Así como Zulema Yunuen Santacruz Márquez (272 mil pesos a Comercializadora COMERTEX S.A. de C.V., en Lomas de Bernárdez) por concepto de elaboración de Iniciativas y Puntos de Acuerdo. Y de Manuel Enrique Laviada Cirerol (248 mil 551 pesos a Gerardo Juárez Martínez, pero que fueron realizadas por su equipo de trabajo), por concepto de pago de Estudios Legislativos de diversas iniciativas. Igualmente con domicilio cercano a la vialidad Paseo de la Bufa.
¿Será que antes de concluir su etapa de tribuno y “zar anticorrupción”, el diputado Ernesto González Romo vuelva a encender la hoguera en el Congreso, ya sin el pretexto de un Órgano Interno de Control acéfalo? Los siguientes días serán determinantes en su futuro político, sin duda alguna.
Nota: esta columna volverá a su publicación habitual a partir del próximo 20 de agosto.