El pleno de la LXIV Legislatura hará de las suyas antes de concluir el periodo para el que fueron electos muchos de sus integrantes, recientemente derrotados en urnas el pasado 2 de junio. Se trata de empoderar al oficialismo, a cambio de impunidad; tema que preocupa a quienes se despiden este 7 de septiembre.
No serán cambios profundos, ni de sentido parlamentario, como han intentado trascender en algunas columnas periodísticas. Todo lo contrario, se trata de cerrar, bajar la cortina y hacer como que en la LXIV no pasó nada. Las cuentas, por lo que se entiende en la reforma a la ley orgánica, son un tema de preocupación.
Por eso, en el dictamen de reforma que se presentará en el próximo periodo extraordinario, se retomará la iniciativa que leyó Gabriela Evangelina Pinedo Morales el pasado 18 de junio. Este consistía, básicamente, en entregarle los órganos de gobierno al partido en el poder y sus aliados.
El objetivo era ampliar la presidencia de la Junta de Coordinación Política y del Órgano de Administración y Finanzas, de seis meses a un año. Aunque la redacción original incluía otorgarle ambos órganos al partido que contara con más escaños, dicha propuesta fue eliminada en el dictamen que se votará en unas semanas. Sin que ello impida realizarse.
En ambos casos, las presidencias tendrán que elegirse de entre quienes conformen tanto a la JUCOPO como al OAF. Así que, si la oposición mantiene las diferencias que hasta el momento ha sostenido en público y en privado, lo más probable es que estos órganos de gobierno pasen a manos de la alianza parlamentaria Morena-PVEM.
No obstante, el punto de trascendencia se mantiene en los transitorios quinto y sexto, que amplían el periodo para el que fue electo en el pleno Amuraby Gutiérrez Torres (al extender su nombramiento del 1 de enero del 2023 al 21 de diciembre del 2026), con la finalidad de que la LXV Legislatura no hurgue en el pasado de sus compañeros.
Además, se le otorga la posibilidad de ser designado por un periodo inmediato posterior de lograr los consensos suficientes entre quienes van a ampliarle su mandato, y quienes inician sus labores parlamentarias próximamente. Una puerta a la complicidad y la sujeción de voluntades para que todo permanezca en sigilo.
Caso muy parecido al dictamen que también presentará la comisión parlamentaria de Derechos Humanos, sobre la iniciativa que llevó Maricela Dimas Reveles a la LXIV Legislatura con tal de que se amplíe, por un año, su nombramiento de ombudswoman que le dio el pleno el pasado 12 de diciembre del 2022.
Ella entonces concluirá su “labor” el 8 de diciembre del 2026, con la posibilidad también de participar a un segundo término (de otros cuatro años) al frente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Zacatecas. Como si aquello garantizara la independencia y autonomía del órgano garante.
Maricela y sus asesores ven “moros con tranchetes” en cada esquina. Creen que hay actores políticos que pretenden limitar su presidencia, con tal de olvidarse de distintos expedientes que mantienen archivados desde que rindió protesta, días en los que este columnista -por ejemplo- abrió una queja contra la nueva gobernanza.
Dimas Reveles en verdad cree que con imponer un cambio en su Coordinación de Visitadurías, logrará agilizar las recomendaciones que ha ralentizado en la medida de lo posible para evitarse conflictos de costos políticos. Lo cual confirmaría un caso grave de omisión, pues no depende de esa Coordinación ningún rezago laboral.
Lo que la ombudswoman no ha logrado a la mitad de su periodo como titular de la Comisión de Derechos Humanos, no lo hará al recargarse de uno de sus profesores de derecho para que le ayude a “enderezar” el barco. Empero, para Maricela es más fácil inventarse el pretexto de que hay quienes envidian su puesto. De ese tamaño…
Pues bien, en el siguiente periodo extraordinario las y los diputados están por avalar la ampliación del mandato de Dimas Reveles, bajo el supuesto de que solo en Zacatecas (a diferencia de otros estados del país) los titulares de la CDHEZ duran en su encargo tres y no cuatro años. Como si ese fuera el tema sustancial de fondo.
Estos serán algunos asuntos con los que se encontrarán los integrantes de la LXV Legislatura al inicio de su primer año de funciones. Voces como la de Martín Álvarez Casio, en redes sociales, ya se han pronunciado al respecto de la intervención en la vida interna del Poder Legislativo sin tomar en cuenta a quienes les sucederán.
La encomienda de la nueva gobernanza a Jesús Padilla Estrada, en un inicio, es consensar la presidencia de la Junta de Coordinación Política, en la que mecerá la hamaca durante un año. A sus compañeros a quienes prometió gestionar sus propuestas para encabezar algunas comisiones, los habrá de traicionar de inmediato pues ya cuenta con una lista de cómo se repartirá cada órgano legislativo. Veremos.
#Casualidades: Aunque la todavía alcaldesa Rita Quiñones de Luna presume en algunos espacios que se encuentra lista para “entregar buenas cuentas” de la presidencia municipal de Fresnillo, la realidad apunta a otro lado, muy alejada de un rumor (totalmente falso) sobre un supuesto acuerdo en Puebla del Palmar.
Formalmente no ha habido ninguna primera reunión entre Javier Torres Rodríguez y Rita Quiñones, que prefirió viajar hasta España a “capacitarse” en temas que nada tienen que ver con los cambios de administración municipal que está por enfrentar.
Tendrá que explicar, por ejemplo, por qué un mes posterior a la derrota de Morena y de Saúl Monreal Ávila en Fresnillo, el ayuntamiento se llenó de funcionarios que jamás habían pisado las instalaciones de la presidencia anteriormente.
Deberá tener, también, una muy buena explicación del por qué una empresa minera pidió al municipio reintegrar un cobro de predial por 20 millones de pesos, que careció de fundamento según ya fue resuelto a favor de la empresa extractiva.
O del por qué las instalaciones del Ágora y del antiguo recinto de la presidencia se encuentran en pésimas condiciones, así como los contratos de constructoras (y una concretera en específico) que entregaron obras a todas luces irregulares.
Será interesante saber cuántas patrullas tiene hoy la Dirección Municipal de Seguridad, o cuáles fueron los procedimientos de licitación y las partidas presupuestales que sustentan una presunta derrama de 41 millones de pesos en la Feria Nacional de Fresnillo. De su órgano interno de control, metido en la campaña de Bennelly Hernández, mejor ni hablamos…