La plenaria municipalista (y de legisladores electos) a la que convocó David Monreal Ávila el pasado 14 de agosto inició muy temprano con la asistencia apenas concurrida de ¡seis presidentes electos! Sería que tal vez lo hicieron madrugar, que el de la nueva gobernanza inició el evento con saludos cortantes y sentencias a la yugular.
A diestra y siniestra lanzó una mirada amenazante a quienes triunfaron por sobre sus candidatos guindas (como si no fuera responsable el apellido Monreal en cada una de las derrotas), y con ligereza de tono les aseguró -sin dar nombre- que él tenía la información de quiénes habían pactado con el crimen organizado.
Pacto que, como lo aseguran fuentes al interior de su “gobierno”, él mismo ha desconocido, no de su existencia, sino con quienes se habría aliado desde antes del inicio de su sexenio. Aquel regalo en Plaza de Armas el 6 de enero del 2022, no dejó lugar a dudas de la respuesta ante el presunto incumplimiento.
Luego les reclamó que los ayuntamientos hacen todo lo posible por dejar libres a los delincuentes, pues no procesan órdenes de aprehensión en contra de quienes aterrorizan a la población. Minutos más tarde, Cristian Paul Camacho Osnaya aclararía el error de David, ya que los municipios carecen de tal facultad.
Ninguna autoridad a nivel ayuntamiento se encuentra en condiciones (legales y factuales), de perseguir delitos del fuero federal. Empero, para David Monreal, que no conoce ni una O por lo redondo en el “tema de temas”, la culpa nunca será del gobierno estatal, sino de la población, los medios de comunicación u otras autoridades.
Fue así como el de la nueva gobernanza recibió a los recién estrenados titulares de los ayuntamientos y algunos legisladores electos que sí fueron invitados. La plenaria luego se desahogaría en eso que David plagió -para ahorrar dinero que luego invertiría en su propuesta de segundo piso-, los esquemas peso a peso.
Esto es: únicamente habrá dinero de su administración en obras y servicios públicos si los municipios convienen un esquema de inversión paritaria con su “gobierno”. Y lo mismo de lo que se quejó permanentemente Saúl Monreal Ávila en privado -nunca en público-, que David elegiría a los proveedores de las obras convenidas.
Es la fórmula ideal para que las presidencias municipales que no tienen comprometidos los recursos del Ramo 33 a intereses oscuros que les imponen sus condiciones, eviten duplicar su inversión con dinero del gobierno estatal que jamás había sido manipulado de tal manera.
No obstante, esa fórmula también le garantiza a la nueva gobernanza que los recursos luego se destinen a economías y ahorros que terminarán en la obra faraónica del “viaducto elevado”, del que no tendrá a su disposición ni un solo centavo de inversión federal. Es indispensable, por lo tanto, redireccionar los dineros locales.
Nos encontramos a un par de fines de semana para que distintos ayuntamientos renueven sus administraciones, y otros más inicien el periodo para el que fueron reelectos. En el “tema de temas”, sin embargo, no existe un plan de contingencia más allá de las acusaciones de David, que no resultaron en ninguna denuncia.
Si el que se dice “gobernador” asegura que distintas autoridades electas ganaron elecciones por sus nexos con el crimen organizado, su disminuido coordinador jurídico (que ahora se dedica a extorsionar con reglamentos y lineamientos internos), Ángel Manuel Muñoz Muro debió asistir a la Fiscalía a presentar las pruebas de sus dichos.
Lo mismo debió de hacer en su momento Rubén Flores Márquez, dirigente estatal de Morena en Zacatecas, como representante legal del partido del “gobernador” que perdió el corredor urbano del estado. Así es, quienes sigan festejando el triunfo en Guadalupe por una diferencia de 2 mil 800 votos, viven todavía en el error.
Ninguna de las anteriores sucedió, porque a David le resulta más sencillo inventar una realidad alterna que justifique las distintas derrotas, que puso en su mesa “la secta” que aún encabeza Verónica del Carmen Díaz Robles, lo mismo que la pésima calificación que en Fresnillo la población le otorgó a Saúl Monreal.
Así comienza la nueva relación entre un gobierno que empieza su debacle (más de lo que ya ha hundido el barco), las presidencias municipales y la LXV Legislatura. Para nada esa será una relación institucional, y lo que menos se podría esperar es la mínima coordinación. Será un conflicto abierto de aquí al 2027.
#Casualidades: Entre las reformas a la Ley Orgánica del Poder Legislativo que quedaron opacadas por los votos para la ratificación de Ernesto González Romo como titular de la Función Pública, destaca la que modifica a la Comisión de Vigilancia.
A propuesta de la diputada Karla Dejanira Valdez Espinosa la integración de dicho órgano legislativo obligaba a otorgar su presidencia al diputado o diputada representante del partido que obtuvo la primera minoría en la pasada elección.
En el PRI se sabía de antemano que Carlos Aurelio Peña Badillo había apuntado con interés para promoverse al frente de la comisión que mantiene relación íntima con las observaciones de la Auditoría Superior del Estado en las cuentas municipales.
Pues bien, con los votos mayoritarios de las bancadas oficiales, el candado se cerró únicamente para quienes hayan emanado del mismo partido político que haya postulado al titular del Poder Ejecutivo del Estado.
Esto deja abierta la puerta para que el mismo Verde Ecologista, en manos de Fernanda Miranda Herrera y Lyndiana Bugarín Cortés puedan postularse para encabezar dicha Comisión. Sin embargo, los órganos de gobierno serían su prioridad.
En próximas fechas se encuentra el cambio de titular en la ASE, y si bien el procedimiento de designación del nuevo auditor o auditora todavía se encuentra a cargo de la JUCOPO, en la Comisión de Vigilancia tendrán el vínculo permanente con dicha autoridad.